¡Españoles defraudadores, tienen dos años para salir de Andorra!
Cuando el amigo de Rodrigo Rato, y a la sazón ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, se sacó de la manga su regularización tributaria (vulgo: amnistía fiscal), hubo una cierta preocupación entre todos los españoles que por herencia, atraco, malversación, alzamiento de bienes, ocultación tributaria o, una u otra razón, tenían bienes en el extranjero.
Entonces, la banca suiza sacó de sus oficinas a los españoles. Les animó a regularizar, a pagar el 10% de penalización a Hacienda y a llevarse a España el dinero de las sucursales de Ginebra o Zúrich de las que eran visitantes asiduos. Había que tener un saldo muy elevado y ser español para que el banco suizo no te enviara con cajas destempladas a tu tierra. Quizá se salvó algún Rato, algún Bárcenas, algún descendiente Pujol, pero todos aquellos con cuentas que no rebasaban el millón de euros fueron invitados a tomar el dinero y correr camino del sol del sur de Europa.
La banca del Principado dijo a sus clientes de España que no pasaría nada, que mantuvieran sus depósitos y saldos. Ahora, ante el cariz de los acontecimientos, les invitan a largarse
En Andorra, la cosa fue diferente. Varios clientes españoles de la banca andorrana explican que lo que les aconsejaron sus gestores financieros es que siguieran quietos, que nada pasaría. Los defraudadores o desconfiados con la banca de su país se ahorraban el 10% de Montoro, los banqueros andorranos retenían saldos y aquí paz y después gloria. Ahora, esos mismos clientes tienen un cabreo generalizado con los bancos del país pirenaico, pero también con los grandes bufetes de fiscalistas de Barcelona y Madrid que les asesoraron para que relajaran sus esfínteres.
Las cosas se ha precipitado, sin embargo, en el Principado pirenaico. Los bancos están diciendo a los clientes españoles que se lleven el dinero. Son los mismos que aconsejaban desoír la amnistía fiscal de Montoro. La banca andorrana sabe que en 2017 entra en plena vigencia un convenio internacional que obliga a dar no una parte, sino toda la información sobre sus clientes que sea requerida. El famoso secreto bancario decae.
Sus clientes españoles, una buena parte catalana, tienen dos años para adoptar una solución con respecto al futuro de los fondos que allí duermen. El país vecino y su sistema financiero tiene, en cambio, menos tiempo para buscar una alternativa. Durante dos años no hará otra cosa que perder depósitos. Las alternativas de negocio que se habían puesto en marcha con la entrada en mercados como el español y otros se acaban de evaporar por el desagüe del caso BPA. La escasa profesionalidad de la burocracia del país ha demostrado que son incapaces de controlar y regular sus propios sistemas.
A los andorranos les disgusta que recordemos su extracción feudal. Es una paradoja, pero cierta: los andorranos son un pueblo, pequeño y antiguo, que ahora tienen un problema grande y moderno. Ni su historia, ni el caparazón cultural que arrastran resolverán los errores de su banca. Pifias que lo son de sus políticos, de su tecnocracia y también de una parte de la ciudadanía.
