España no necesita más gasto social
Lo único que logrará el plan de Pablo Iglesias de aprobar un ingreso mínimo estatal para todos los hogares es cronificar la amplia bolsa de desempleados
Cuanto peor, mejor. Esta es la fórmula que ha empleado Podemos desde su nacimiento para tratar de crecer electoralmente, justificando de paso su fracasada y arcaica política económica.
El partido de Pablo Iglesias es consecuencia directa de la crisis y, pese a la evidente mejora que ha registrado el país en los últimos años, necesita pintar un panorama social desolador para poner en marcha su particular recetario intervencionista.
El último ejemplo de esta estrategia tuvo lugar el pasado jueves durante la comparecencia del vicepresidente segundo ante la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, tras anunciar que el Gobierno aprobará «lo antes posible» un ingreso mínimo estatal para todos los hogares.
Esta idea consiste en sustituir las rentas mínimas que gestionan las comunidades autónomas por una prestación a cargo de la Seguridad Social destinada a las familias que no alcancen un determinado nivel de ingresos. Dicha subvención oscilaría entre los 600 y los 1.260 euros al mes por hogar, en función de sus miembros, y su coste podría superar fácilmente los 10.000 millones de euros al año.
Sin embargo, más allá de su elevada factura fiscal o los nefastos incentivos que supondría a la hora de buscar trabajo y cronificar la vulnerabilidad de estas familias, lo más curioso de esta propuesta es que se articula sobre una gran falacia: la “grave situación social” que atraviesa España, tal y como denunció Philip Alston, relator especial de la ONU sobre pobreza extrema, en un reciente informe.
El documento en cuestión critica las altas tasas de pobreza y desigualdad que todavía presenta el país, pero, sobre todo, que la recuperación económica, lejos de mejorar la situación, “ha dejado a muchos atrás, con políticas económicas que benefician a las empresas y a los ricos”.
La pobreza, entendida como carencia material severa, se duplicó durante crisis
Los líderes de Podemos, como el propio Iglesias o su secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, se agarran con fuerza a este diagnóstico para culpar a la “austeridad” de todos los males, al tiempo que apuestan por disparar el gasto social mediante nuevas subidas de impuestos.
A todos debería avergonzarnos el duro informe que hace de nuestro país el Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza.Después de una década de austeridad difícilmente podía ser de otra forma.
Tenemos el reto de que la próxima vez que venga encuentre una realidad distinta. https://t.co/9IYAPqbkrm— Nacho Álvarez (@nachoalvarez_) February 7, 2020
La realidad, por el contrario, es muy diferente. Nadie niega que existe un problema de exclusión social, pero su origen y, por tanto, su solución nada tienen que ver con la tan denostada austeridad y la mayor o menor redistribución de rentas, sino con la lacra del paro.
La pobreza, entendida como carencia material severa, se duplicó durante crisis, desde el 3,5% en 2007 hasta el 7,1% de la población en 2014, coincidiendo con la destrucción de más de 3 millones de puestos de trabajo. Pero la creación de empleo ha logrado reducir su incidencia hasta el 5,4% en 2018, según el INE.
Lo mismo sucede con la desigualdad. El Coeficiente de Gini creció de forma sustancial desde 2008, hasta alcanzar un máximo de 31,7 puntos en 2014, pero, desde entonces, no de ha dejado de caer gracias al crecimiento y la recuperación del mercado laboral.
Y ello debido, en gran medida, al aumento de ingresos que han registrado las familias con menores rentas durante este período, de entre el 15% y el 20% hasta el tercer decil, muy por encima del 7% que presenta el tramo de rentas más alto.
Por si fuera poco, la austeridad que tanto denosta Podemos tampoco existió. El dinero destinado a protección social –pensiones, desempleo, ayudas a vivienda, etc.– rozaba los 181.000 millones de euros en 2011, el último año del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que superaba los 203.000 millones en 2018, un 12% más al término de la era Mariano Rajoy.
Y, en concreto, la partida presupuestaria para combatir la exclusión social se disparó un 52%, al pasar de 2.832 millones de euros a algo más de 4.000.
Los datos demuestran que tanto la pobreza como la desigualdad crecieron como consecuencia del histórico aumento del paro, motivo por el cual ambas magnitudes comenzaron a descender en los últimos años, conforme la economía nacional lograba recuperar buena parte del empleo perdido.
Así pues, España no necesita más gasto social en forma de “rentas mínimas”, pues su incremento, incluso en los peores años de la crisis, no logra solventar el problema, sino retomar la senda de reformas estructurales para impulsar el crecimiento y, especialmente, flexibilizar el mercado de trabajo a fin de acabar de una vez con la pesada y crónica losa del paro.
En caso contrario, lo único que logrará el plan de Iglesias es cronificar la amplia bolsa de desempleados mediante el reparto de subsidios para, de este modo, crear una red clientelar de votantes sumisos.
