España necesita un plan de choque contra la hiperregulación
La hiperregulación [...] reduce la competencia, la productividad y la innovación. Una de las prioridades del próximo Gobierno debería ser iniciar un plan de choque contra la profusión normativa
Empresarios y economistas llevan tiempo advirtiendo que la hiperregulación en España, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, y sin contar con el frenesí normativo de las instituciones europeas, supone uno de los mayores lastres a la competitividad empresarial.
Vivimos en un entorno global, donde los capitales fluyen. Uno de los principales elementos que los inversores consideran a la hora de tomar sus decisiones es la existencia de un marco normativo predecible, ágil y estable. Una buena normativa proporciona información y “guías de comportamiento” a los agentes económicos, reduciendo así los costes de transacción y los fallos de mercado (como la asimetría de información o las externalidades).
La certeza y la rapidez en obligar a cumplir los compromisos contractuales, a un coste razonable, son factores clave para generar un entorno que favorezca el desarrollo de la actividad empresarial.
Vivimos en un entorno global, donde los capitales fluyen
Diferentes trabajos académicos han observado una correlación entre el nivel de complejidad reguladora y la reducción del PIB. Gelauff y Lejour (2006) en un trabajo para el conjunto de países de la UE, estimaron que el impacto a largo plazo de una reducción de cargas administrativas del 25% en el caso de España sería equivalente a un incremento del PIB del 1,7%.
Así pues, resulta preocupante observar que, lejos de estabilizarse o de corregirse esta tendencia, el número de normas publicadas en los boletines oficiales no ha parado de crecer. Un nuevo trabajo de Mora Sanguinetti et. al. (2023) analiza si la complejidad regulatoria, analizada de forma desagregada, a nivel sectorial, genera impactos positivos o negativos en la actividad económica. Lo hace a partir de una base de datos que clasifica más de 206.777 normas por sector de actividad económica y por CCAA para el periodo 1995-2020.
El indicador de complejidad regulatoria aproxima el volumen de regulación para sector y lo compara entre regiones y años. La aprobación de normas se ha cuadruplicado desde 1978. Cada año se publican alrededor de un millón de páginas con normativa legal. En 2021, por ejemplo, las administraciones españolas promulgaron 12.704 nuevas normas.
Sectores como la agricultura, la construcción y los servicios profesionales se encuentran entre los más regulados. El número medio (anual) de normas aprobadas entre 1995 y 2020 va desde las 772 en Catalunya hasta las 309 de Cantabria.
En 2021, por ejemplo, las administraciones españolas promulgaron 12.704 nuevas normas
El análisis econométrico del estudio apunta a un efecto negativo de la complejidad regulatoria en la eficiencia económica. El aumento de las cargas regulatorias reduce el número de empresas dentro de un sector concreto y reducen la tasa de entrada de nuevas empresas, lo que tiene consecuencias negativas en la inversión, especialmente en capital intangible.
Estiman que cada norma adicional promulgada tiende a disminuir la participación del empleo en un 0,7 por ciento. A nivel de sectores, el impacto del aumento de la carga regulatoria es alrededor del doble para el sector manufacturero que para el sector de servicios.
También identifican que la carga administrativa parece ser más gravosa para las empresas más pequeñas, seguramente por disponer de menos recursos para servicios jurídicos. En concreto, un aumento de la complejidad regulatoria en un punto está asociado con una reducción del empleo del tres por ciento para las pequeñas empresas y del cinco por ciento para las microempresas (aquellas con menos de diez trabajadores). Por otro lado, las empresas más jóvenes parecen verse más afectadas por la carga normativa.
En resumen, la hiperregulación crea inseguridad jurídica, lastra la actividad económica, destruye ocupación (especialmente de pymes), erosiona la competitividad empresarial y reduce la competencia, la productividad y la innovación. Una de las prioridades del próximo Gobierno debería ser iniciar un plan de choque contra la profusión normativa.
