¿Es posible un corralito en Cataluña?
La expresión corralito financiero es utilizada para describir las restricciones impuestas a la población para acceder libremente al dinero que tienen depositado en los bancos. Indudablemente, el más famoso de todos es el decretado en Argentina el 1 de diciembre de 2001. Probablemente, dicha fama se deba a que el concepto fue inventado por uno de sus ciudadanos (el periodista económico Antonio Lage) y a las graves repercusiones económicas y sociales que contribuyó a generar durante el año que estuvo vigente. En 2002, el PIB de Argentina cayó un 10,9%, la tasa de pobreza se disparó desde el 32,7% al 49,7% y los delitos tuvieron un aumento espectacular.
No obstante, el país austral no fue la primera nación donde se implantó ni tampoco la última. Así, los ciudadanos de Brasil (1990) y Ecuador (1998) lo sufrieron con anterioridad y los de Islandia (2008), Chipre (2013) y Grecia (2015) con posterioridad. En los dos últimos países, las restricciones duraron menos de un mes, un período mucho más reducido que el padecido por los brasileños (22 meses) o los islandeses.
En los últimos días, una leyenda ha aparecido en Catalunya respecto al corralito. Dice que sólo puede darse en un país pobre, pero jamás en uno con un alto nivel de vida. Por tanto, dado que los catalanes tenemos un PIB per cápita superior a la media de la Unión Europea, si Catalunya fuera independiente sería imposible que aquél tuviera lugar. No es verdad este razonamiento, como lo demuestra el caso de Islandia. En 2007, un año antes del establecimiento de un corralito, dicho país tenía un 45,09% más de PIB per cápita que Catalunya.
Las restricciones a la retirada de efectivo pueden tener objetivos muy diversos, tales como eliminar la hiperinflación (Brasil en 1990) o evitar la especulación derivada de un próximo cambio de moneda. No obstante, en la mayoría de los casos pretenden impedir la quiebra del sistema bancario del país, muy afectado por una grave crisis económica.
La quiebra de un banco puede venir por la falta de solvencia o de liquidez. Este último caso generalmente se da cuando los ahorradores retiran de forma masiva el dinero que tienen depositado en él y no existe ningún banco central que le preste el capital necesario para reponerlo. La actuación de los depositantes responde a dos principales motivos: la creencia de que la entidad financiera no será capaz de devolver el dinero depositado en sus cuentas y la expectativa de una gran pérdida de poder adquisitivo consecuencia de una sumamente probable elevada devaluación de la moneda nacional.
En una futura Cataluña, donde la independencia no se ha conseguido a través de un acuerdo amistoso con España, no quedaría ni un solo banco cuyo domicilio social estuviera radicada en ella. El motivo es que cualquier posible ventaja no compensaría el perjuicio que supondría renunciar a la liquidez que les presta en la actualidad el BCE. Así, una cosa es tener el euro como moneda nacional y otra ser un país que forma parte de la Unión Monetaria Europea. Un aspecto imposible de conseguir si no formas parte de la Unión Europea, una pertenencia que en la actualidad Catalunya no tiene por sí misma, sino como parte de España.
Por tanto, los bancos que actuarían en el nuevo país no responderían a los intereses del mismo (por ejemplo, no tendrían ningún incentivo para comprar deuda pública de Cataluña), sino a los de sus directivos y a las autoridades de la nación donde tienen su domicilio social.
En esta coyuntura, el previsible elevado déficit público generado por el gobierno del nuevo país, principalmente derivado de la necesidad de demostrar a la población que las promesas realizadas durante los últimos años se convierten en realidades, sería muy difícil que fuera financiado por inversores internacionales. Una muestra de ello es la elevada prima de riesgo con que cotizan en la actualidad los títulos de deuda catalana, la segunda mayor de la Unión Europea después de Grecia, a pesar de contar en la actualidad con el respaldo financiero del Tesoro español (ya tiene casi el 50% de su importe total).
Esta elevada dificultad, en un marco donde las exportaciones a España se han reducido notablemente por el previsible boicot comercial de sus ciudadanos, probablemente conllevaría la expectativa de que Cataluña más pronto o tarde abandonaría el euro, crearía su propia divisa y un banco central que mediante la emisión de moneda pudiera financiar total o parcialmente el déficit público incurrido. Una divisa cuyo valor, de forma inmediata o a lo largo de un escaso período de tiempo, sería significativamente inferior al euro. Así, no sería extraño que el valor de mercado de la nueva moneda fuera entre un 20% y un 30% inferior al euro.
Dicha expectativa podría llevar a numerosos ahorradores, con la finalidad de que el dinero depositado en las entidades financieras no perdiera una sustancial parte de su poder adquisitivo, a retirar de forma masiva los fondos que tienen en ellas. Los bancos, aunque su matriz tenga su sede en la zona euro, no podrían recurrir al BCE para reponer el dinero sacado por los ahorradores catalanes, al no pertenecer Cataluña a la zona euro.
Además, tampoco aquellas que tuvieran un gran exceso de liquidez estarían dispuestas a reponer el capital extraído, si esto supone dar a sus clientes un 20% o 30% más de lo que probablemente les devolverían mañana, una vez puesta en circulación la nueva moneda nacional. Por tanto, la decisión adoptada por la banca consistiría en el establecimiento de un corralito, cuya duración podría ser de días, a la espera de que el país cambiara de moneda y adoptara el nuevo tipo de cambio.
En esta coyuntura, el corralito sería un mal menor. El problema principal vendría dado por lo que los argentinos bautizaron con el nombre de corralón. En concreto, por la pérdida de poder adquisitivo que supuso para el dinero depositado en los bancos el paso en 3 meses del tipo de cambio 1 dólar = 1 peso a 1 dólar = 4 pesos. Es decir, una pérdida del 75%. Años después, una significativa parte de la pérdida padecida fue compensada por el gobierno, después de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
En definitiva, el verdadero peligro no es el corralito sino el corralón. En una Cataluña independiente, cuyo gobierno fuera competente, la aparición de cualquiera de los dos me parece imposible. Sin embargo, si el país vuelve a ser gobernado por Artur Mas, quién durante sus cinco años como presidente de la Generalitat ha más que duplicado la deuda pública del país después de efectuar recortes salvajes, no lo descarto. Yo no pondría ni una uña en el fuego.
