¿Empresarios demócratas o empresarios iluminados?
Se dice que los empresarios no tienen patria. Lo que conlleva que el poder del dinero no sepa ni de banderas ni de nacionalismos. No hay duda de que las grandes corporaciones internacionales defienden estructuras globales supranacionales para asegurarse de que sus intereses quedaran al margen de los condicionantes particulares de los estados. Siguiendo esa lógica, sus intereses serían globales mientras los intereses de los gobiernos y de los ciudadanos sólo serían locales.
Por lo general las cosas son así. Aunque, por poner un par de ejemplos, General Electric siga siendo una empresa estadounidense y Alstom sea a todos los efectos francesa. Está claro que estas dos empresas responden a intereses nacionales y buscan la complicidad de sus gobiernos para hacer negocios en todo el mundo. ¿Cuál es la razón por la que los vagones del metro de Santo Domingo, en la República Dominicana, son iguales a los de Barcelona? Pues que el fabricante es Alstom. Ni más ni menos.
La empresa, especializada en equipos de transporte, generación de electricidad y sistemas de control ambiental, obtuvo esas contratas de fabricación de vagones en Santo Domingo y Barcelona gracias, también, a la ayuda del gobierno francés. No sé dónde de fabrican los vagones dominicanos, en cambio la fabricación de los coches, el montaje y las pruebas de los trenes barceloneses se lleva a cabo en la factoría de Alstom en la localidad barcelonesa de Santa Perpetua de Mogoda. Los equipos de tracción se producen en la factoría de Preston en el Reino Unido y los equipos electrónicos y los motores en las fábricas francesas de Villeurnbanne y Tarbes. Cosas de la globalización.
En el 2003, Alstom, una compañía que cuenta con alrededor de 93.000 empleados en más de 90 países, estaba sumida en una crisis financiera resultante de un alto nivel de deuda, pocas ventas, el colapso de una línea de cruceros marítimos que era uno de sus mayores clientes, y el costo derivado de una falla de diseño en turbinas. El gobierno francés la rescató en el 2004, asumiendo el 21% de su capital. O sea que aunque, teóricamente, Alstom es un conglomerado internacional, que fuera manejado desde su sede central cerca de París, tuvo su enjundia cuando el pasado abril General Electric ofreció 13 mil millones de dólares por su división de energía.
Aparentemente el gobierno francés no entra en esas cuestiones, pero lo cierto es que no le gusta la situación y urde cualquier solución (aceptar la oferta de Siemens, por ejemplo) que le garantice mantener el control, aunque sea a distancia, de una compañía “nacional”.
¿Por qué les cuento esta historia? Pues para demostrar que las vulgaridades teóricas a menudo no explican el trasunto nacional que alimenta ciertas actitudes empresariales y gubernamentales. La lectura que hizo de Marx el historiador conservador norteamericano George Kennan, y en mayor medida sus experiencias personales en la Rusia soviética, le llevaron a ver, y de una forma sorprendentemente temprana, algo que otros historiadores han tardado décadas en reconocer. Y eso es que la fuerza de la lucha de clases no es lo único que mueve al mundo.
Las luchas de las naciones y de sus estados han resultado ser tremendamente importantes, ya que a menudo la nacionalidad de los individuos ha resultado ser más decisiva que la adscripción a una clase social. Véase lo que les acabo de contar de Alstom.
Pero el argumento también sirve para explicar lo que pasó durante el almuerzo en el Palacio de la Moncloa de Mariano Rajoy con los integrantes del denominado Consejo Empresarial por la Competitividad para analizar, supuestamente, la evolución de la recuperación de la economía y el empleo. Allí estaban, entre otros, Florentino Pérez (ACS), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Isidro Fainé (La Caixa), Emilio Botín (Banco Santander), Isak Andic (Mango) o Pablo Isla (Inditex). Sólo faltaron a la cita el presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara, y el presidente de Mercadona, Juan Roig.
Entre los riesgos para la recuperación, Rajoy citó la inestabilidad política que podría provocar la situación existente en Catalunya. Les explicó la posición del Gobierno ante la apuesta soberanista catalana y que consideraba que quedó meridianamente clara en el pleno del Congreso del pasado 8 de abril, en el que se rechazó la petición del Parlamento de reclamar para la Generalitat la competencia de convocatoria de una consulta.
Los ilustres comensales parece que secundaron al líder del PP, o por lo menos no le afearon sus palabras, pero curiosamente no se manifestaron en público tras el encuentro. Con la foto de familia bastaba para solidarizarse con el “espíritu nacional” que presidió la reunión.
A la mañana siguiente quienes sí que se manifestaron fueron las cámaras de comercio de Catalunya —14, incluyendo el Consejo de Cámaras—, que firmaron junto con 14 patronales (FOEG, Pimec Girona, Fòrum Carlemany, Amec, Cecot, Fepime, Femcat, Pimec, Empresaris de l’Anoia, Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida, Federació d’Associacions Empresarials del Maresme, Consell Empresarial d’Osona, Confederació de Comerç de Catalunya y Sant Cugat Empresarial) el Manifest del Far, hecho público en Llafranc, con el que ratifican la declaración que emitió en el mes de febrero de este año el grupo Impuls per Girona. Un balón de oxígeno para el president Mas, que contrarresta la hostil determinación del jefe de la patronal catalana, Joaquim Gay de Montellà, en contra de la consulta.
Las 28 entidades catalanas aprobaron un manifiesto de tres puntos, que establece: “Un apoyo incondicional al proceso iniciado por el Parlamento de Catalunya, avalado por una amplia mayoría de sus diputados, que tiene que permitir que nuestros ciudadanos puedan, libre y democráticamente, expresar la voluntad sobre el futuro del país”.
El texto también incorpora el compromiso de respetar y apoyar la decisión que tome el pueblo de Catalunya, sea cual sea. Y, añade, que la voluntad de todos los empresarios firmantes es adaptar la actuación de sus empresas a esta voluntad, de modo que se pueda “continuar contribuyendo al progreso y al bienestar” de la sociedad catalana, para terminar manifestando su “total adhesión” al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.
El presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales de Girona (FOEG), Ernest Plana, aseguró que el proceso catalán “no es cuestión de unos cuantos iluminados” y recordó, además, que los empresarios también reivindican un nuevo pacto fiscal. El máximo dirigente de la FOEG, una entidad que depende de Fomento del Trabajo (que reiteradamente ha manifestado su contrariedad con el proceso catalán), ha considerado que se han ofrecido “repetidas propuestas de diálogo”. Y ha subrayado que la sociedad catalana ha trabajado en los últimos años para reconocer Catalunya como un hecho diferencial.
En esta línea se manifestaron el presidente de Pimec Girona, Pere Cornellà, el vicepresidente del Consejo de Cámaras de Catalunya, Domènec Espadalé, quien anunció su deseo de poder votar el próximo 9 de noviembre y aceptar la decisión que tome el pueblo catalán, tras pedir los organismos adecuados para llegar a vías de consenso mediante el diálogo. Los empresarios catalanes tienen intereses en todo el mundo, pero como los franceses o los alemanes, tienen sus propios intereses nacionales. O por lo menos saben sopesarlos.
El presidente de Cecot, Antoni Abad, hizo hincapié en que el derecho a decidir “ha venido para quedarse como un elemento de calidad”, y ha añadido que los empresarios no están inquietos por la democracia, porque cada día se realizan consultas en sus empresas. ¡Blanco y en botella!
Volvamos al principio. Vean ustedes cómo al final los empresarios sí que tienen patria. Puede que algunos de ellos militen en el doble patriotismo, por oportunismo o por lo que sea, pero es evidente que el pragmatismo que emerge del efecto suelo –o sea de la tierra del país dónde viven, trabajan y se enriquecen– condiciona su acción.
