Embargos al consejo de Fergo Aisa tras la quiebra

La administración concursal de la inmobiliaria barcelonesa Fergo Aisa ha emitido un dictamen que es todo un poema. Revela que la empresa no realiza actividad ordinaria alguna desde 2009. Sus últimas ventas se remontan a 2010, por importe de 22 millones de euros, que corresponden íntegramente a daciones en pago a la banca, es decir, a cancelaciones de pasivo a cambio de activos hipotecados.

Aun así, ese año la entidad saldó sus cuentas con una pérdida final de 169 millones. En 2011 y 2012, ya totalmente paralizada, los números rojos sumaron 159 y 57 millones, respectivamente. En enero y julio de 2013, cayeron a 1,2 millones. Hoy, el balance arroja un activo de 187 millones, frente a un pasivo exigible de casi 300 millones. Los resultados negativos de años anteriores pendientes de compensar ascienden a 400 millones.

La confección del informe concursal resultó laboriosa, pues la sociedad no facilitó toda la documentación o lo hizo a destiempo. Las cuentas individuales de 2011 y 2012 no se entregaron hasta finales de octubre de 2013 y adolecían de omisiones significativas como la fecha de formulación y el informe de auditoría. A estas alturas, aún no se dispone de los estados contables consolidados de esos dos ejercicios.

El pasado julio se declaró a Fergo Aisa en concurso necesario. La jueza mercantil Nuria Lefort Ruiz de Aguiar habrá de determinar ahora la fecha efectiva en que la firma entró en situación de insolvencia. El asunto es relevante, pues si se determina que el concurso fue culpable, afectaría a las responsabilidades de quienes ocuparon puestos en el consejo de administración.

De momento la jueza las limita al último órgano de gobierno, al que ha propinado un embargo preventivo de 116 millones para cubrir el agujero patrimonial. La mayor tajada recae en el presidente Carlos Fernández Gómez, con 58 millones. Los cinco vocales, entre ellos Joan Hortalà Vallvé, abogado del despacho Cuatrecasas, tocan a 11,6 millones cada uno.