¿Elecciones en Cataluña a la vuelta de la esquina? 

Los catalanes han votado cinco veces los últimos doce años, una vez cada dos años y cuatro meses. Laura Borràs parece empeñada en que esta carencia no se dilate y está dispuesta a arrastrar a Cataluña a unas nuevas elecciones autonómicas que podrían llegar a celebrarse antes de las municipales de mayo de 2023.  

Hace pocos años, la CUP, ERC y Junts pactaron una reforma del reglamento del Parlamento catalán que señala que cuando un diputado sea citado para realizar una declaración oral como imputado debe dimitir inmediatamente. Era un ejercicio de autoinculpación propio del Termidor revolucionario que vivía Cataluña en los meses previos a las dos declaraciones de independencia que sufrió en 2017.  

La aprobación de dicho reglamento impulsado por la CUP buscaba poder echar del Parlamento a Germà Gordo, por aquel entonces diputado de Junts pel Sí y ex gerente de CDC, el partido de Mas y de Pujol. Los convergentes votaron sin problema el cambio reglamentario porque así se quitaban de encima a su incómodo compañero de escaño, y además pensaron que dado que Cataluña estaba a las puertas de la independencia, en una República donde los magistrados, según las llamadas leyes de desconexión, los nombraría el Presidente de la misma, o sea, Puigdemont, ellos tendrían impunidad para robar sin consecuencia penal alguna. Así las cosas, ese artículo del reglamento del Parlament era, para ellos, papel mojado.  

Sin nada previsto

Pero la realidad fue algo distinta a como los independentistas gobernantes entonces y ahora habían imaginado. Hace unos días, Gabriela Serra, diputada de la CUP en 2017, reconoció en el programa de Gemma Nierga en Radio 4-RNE que no había nada previsto para después de la declaración unilateral de independencia y que además les dijeron que no lo denunciaran. Los cupaires como buenos sicarios de la casta, acataron las órdenes de sus señores convergentes y republicanos y callaron como puertas.  

Borràs se presentó como candidata a la presidencia de la Generalitat y luego a la Presidencia del Parlamento regional, estando ya investigada y luego imputada por presunta corrupción. Aunque ella se empeña en decir que es una represaliada de España y que la persiguen por sus ideas separatistas, la realidad es que Borras no estaba siendo investigada por nadie, sino que los Mossos de Escuadra en el marco de una investigación de una red de narcotráfico encontraron, por casualidad, unas conversaciones entre un traficante de droga, que hoy cumple condena, con Borras en las que esta le daba instrucciones de como saltarse la ley de adjudicaciones y contratos y fraccionar servicios para poder ser receptor directo de encargos de la Generalitat.  

La presidenta del Parlament está imputada por tráfico de influencias, por corrupción y por favorecer a un narco amigo suyo. El presunto estado opresor, que en realidad es una madre que malcría y consiente todo al separatismo, jamás investigo a Borras y el juez traspaso más tarde la investigación a la Guardia  Civil harto de las filtraciones de los Mossos hacía Borràs.  

Borràs es hoy además de presidenta del Parlament líder de su partido, Junts per Catalunya. En la sesión de control en el Parlament de esta semana el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés dejo tirada a Borràs y afirmo literalmente “que en su momento todo el mundo hará lo mejor para la institución”, o sea, ERC no blindará a Borràs y, a su vez, ésta tendrá la tentación de salirse del Gobierno y dejar sin mayoría parlamentaria a ERC.  

ERC puede precipitar las cosas porque sueña con quitarse de encima a Junts y pactar con el PSC y los Comunes, socios más fiables y con los que puede intercambiar cromos de poder. En unas elecciones anticipadas, ERC recibiría el apoyo para la investidura de los Comunes y del PSC y luego los republicanos apuntalarían a Colau en la Alcaldía de Barcelona y a Sánchez en Moncloa.  

En la historia de Borrás, el único que, hasta el momento, ha salido beneficiado es su amigo narco, que se llevó, al parecer de forma fraudulenta, un contrato de 300.000 eurazos. Pero quién sabe, si Borràs arrastra a Cataluña a unas nuevas elecciones, quizás nos toca la lotería y sale del gobierno el partido de los seguidores de Puigdemont. Sería la primera vez que Borrás habría hecho algo bueno para Cataluña.

Solo hay un factor que hace poner en duda que Cataluña vaya a vivir un adelantamiento electoral como fruto de la rabieta de Borras, y no es otro que, para que la aún presidenta del Parlament pueda ser receptora de una pensión vitalicia, debe permanecer dos años en el cargo y ese plazo se cumple en marzo de 2023. No hay duda que entre la independencia o la pensión, Borras tardará un milisegundo en tomar su decisión: la pensión, eso si, a cargo del tan odiado estado español.