El voto del precariado indefenso 

Hay más gente ocupada, dice la Encuesta de Población Activa (un 3,42% más de afiliaciones que hace un año). Hay menos gente apuntada al paro que hace un año. Aun descontando los emigrantes retornados y los jóvenes que han emigrado, es evidente que la tendencia ha cambiado. La recesión parece concluir, el PIB crece y va a crecer más que en ningún otro país de la UE. El mercado laboral se reactiva con timidez.

Se comprende que el Gobierno esgrima y agite estos datos para intentar contagiar de su optimismo a la incrédula ciudadanía española. Y, de paso, para que la euforia se traduzca en una mirada más complaciente hacia su gestión, que pueda reflejarse, sobre todo, en las próximas elecciones generales. Por eso a los funcionarios gallegos les van a subir el sueldo un 1%, después de haber perdido hasta un 30% de su poder adquisitivo desde 2010. Y los pensionistas pueden estar tranquilos, que van a cobrar casi dos euros mensuales más. Un chollo.

Pero esa percepción positiva que espera el gabinete de Rajoy no acaba de llegar, ni parece que lo vaya a hacer a corto plazo. A ras de suelo las cosas se viven de manera muy distinta, en toda su intensa y cruda realidad cotidiana.

Malamente la aprecian los 5,1 millones de españoles y españolas desempleados, según la EPA más reciente. Malamente lo pueden notar los 3,7 millones de parados registrados que no perciben absolutamente ninguna prestación por desempleo. No por conocidos dejan de ser escandalosos estos datos.

Hay más, mucho más. La percepción sobre la salida de la crisis y la gestión gubernamental tampoco puede ser positiva entre los millones de trabajadores o trabajadoras que no han perdido su puesto de trabajo, pero sí que han visto mermado su poder adquisitivo. Por ejemplo, policías, médicos, bomberos, profesores, guardias civiles o personal de las administraciones. La depreciación salarial ha alcanzado a todos los sectores. Nadie les promete recuperar lo perdido, porque de eso se trataba: una clara devaluación interna que, por cierto, el Fondo Monetario Internacional cree que debe continuar (ellos le llaman moderación salarial).

Están, también, por supuesto, los jóvenes que no consiguen entrar en el mercado de trabajo ni con títulos, másters e inglés hablado y escrito con certificado. La muchachada a la que le exigimos formación para dar la talla y que ahora enfila el camino de la emigración (movilidad externa, según el cinismo ministerial). Desde 2008 han salido de Galicia 66.000 paisanos a buscarse la vida más allá de los Pirineos y del Atlántico. Se ve que a los gallegos se nos ha reactivado nuestro «tradicional espíritu de aventura». En las oficinas del paro están registrados más de medio millón de españoles que no cobran desempleo porque ni siquiera pudieron estrenarse todavía como currantes. Poseemos un récord en desempleo juvenil sin precedentes en la Europa contemporánea.

Pero, las estadísticas oficiales no son capaces de captar otro lado sombrío de la realidad. Me refiero al que ocupan eso que algunos sociólogos han comenzado a definir como el precariado. Esa amplísima legión de contratados ocasionales, de esclavos que trabajan 50 horas, pero los contratan y les pagan por 15. Proletarios/as explotados por empresarios sin escrúpulos. Profesionales con alta cualificación degradados en sueldos de 800 euros, diez horas diarias, sin vacaciones ni expectativas de un futuro mejor por entidades financieras de postín. Trabajadoras de horarios imposibles y objetivos extenuantes para mal sobrevivir, mientras sus empresas baten récords mundiales de beneficios y los sueldos de los directivos suben (datos de 2014) un 10% de media. O falsos autónomos sin derecho a vacaciones, ni pagas, ni bajas. Todo agravado en Galicia, donde los sueldos bajan más que en el resto de España y de Europa.

Servicios de hoteles, agricultura, construcción, trabajo doméstico y otros sectores intensivos en mano de obra acumulan el mayor número de casos de explotación laboral grave en España. Lo dice la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, escandalizada por lo que, con casi absoluta impunidad, sucede en España desde que estalló la crisis.

Difícil que esa inmensa bolsa de precariado perciba que Galicia, que España ya va bien. El sistema económico se está depurando a la vieja usanza, a costa de la clase trabajadora y de las clases medias. Las políticas aplicadas en estos años han incrementado las desigualdades y la injusticia social, en lugar de corregir desmanes y redistribuir riqueza. Algo huele a podrido en el sistema y eso, como decía Richard Sennett, tiene consecuencias personales sobre los trabajadores. Corroe el carácter. No se sorprendan de los votos de castigo.