El referéndum de los pijamas, los niños y el cesto de ropa sucia

Fanatismo según la Real Academia: Apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas.

Este sábado, en víspera de la jornada del referéndum ilegal, hubo una buena noticia. Solo el doce por ciento de los colegios que visitaron los Mossos d’Esquadra estaban ocupados por padres con sus hijos para garantizar el acceso en la jornada de votación. Hay mucha más gente sensata en mitad de esta locura de la que pudiera percibirse.

El sentido común y las leyes certifican que los niños tienen derecho a crecer sosegadamente, sin ser instrumentalizados por nadie; incluidos sus padres, por muy fanáticos que puedan llegar a ser. Cada vez hay más leyes para proteger a la infancia.

Una de las tentaciones en las que siempre caen los movimientos totalitarios es la utilización política de los niños como punto de apoyo y también parapeto de sus convicciones políticas.

Analicemos la historia reciente. En España, el partido fascista, Falange Española, tenía su sección para adoctrinar y utilizar a los niños. Eran las flechas, uniformados con camisa azul desde la más tierna edad. En los colegios había una asignatura obligatoria, formación del espíritu nacional, encaminada a cimentar buenos españoles. Muchos niños de familias complacientes con la dictadura, por la forma de hablar de sus padres creían que los rojos eran extranjeros, porque era imposible concebir que un español no fuera franquista.

Las Juventudes Hitlerianas era un pilar básico para la construcción del estado nazi. Y así podríamos llegar, in crescendo, a los niños soldados de Camboya o del Congo.

Los niños de corta edad envueltos en banderas independentistas son una imagen dramática de la interiorización de una concepción patrimonialista de la patria a la que están obligados a adherirse los niños en cuanto puedan andar.

Los niños tienen derecho a que no se les utilice políticamente, tampoco por sus padres

La mayor incertidumbre se despejará hoy a primera hora. Cuando llegue el momento de constituir las mesas y se formen las primeras filas para votar. ¿Qué van a hacer los mossos? Se han curado en salud. No utilizarán la fuerza. El equilibrio entre desobedecer un mandato judicial y permitir el acceso a los colegios electorales para evitar riesgos de orden público, es la primera prueba de fuego de este día que promete mucha intensidad.

El gobierno y las instituciones han actuado con inmensa prudencia durante todos estos días. No se ha disuelto ninguna manifestación, independientemente de que se hubiera convocado sin autorización. En el episodio del cerco a una secretaria judicial y a los miembros de la policía judicial que le acompañaban en la Consejería de Economía, la Guardia Civil no intervino e incluso consintió el destrozo de sus vehículos y el saqueo de lo que contenían. Estuvieron secuestrados en el edificio hasta la madrugada, donde por fin los mossos d’Esquadra les protegieron para abandonar el edificio.

La represión del gobierno se ha reducido la asistencia pasiva de un contingente importante de Guardia Civil y Policía Nacional que se han limitado, hasta ahora, a estar encerrados en los barcos en que se alojan en el puerto de Barcelona y en las Casas Cuarteles en donde han sufrido acosos sin responder a ninguna provocación. Solo ha habido intervenciones puntuales que no han sido de orden público sino de policía judicial.

La magistrada Mercedes Armas está teniendo un comportamiento indiscutiblemente sujeto a la legalidad

En el resto de España han empezado a surgir dudas sobre la prudencia del Gobierno que algunos empiezan a juzgar como dejación de funciones para defender la legalidad. Está claro que el Gobierno ha evitado tomar iniciativas políticas para reprimir la sedición, limitándose a respaldar a las autoridades judiciales, consciente de que en todo el mundo se está pendiente del insólito y pintoresco caso de la subversión de un gobierno regional contra los poderes del estado en la Unión Europea.

El golpe de autoridad de la magistrada Mercedes Armas, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que instruye la causa abierta contra los responsables del referéndum, impide poner en cuestión con rigor la legalidad y legitimidad de las actuaciones judiciales y policiales. La magistrada ha tenido un comportamiento indiscutiblemente sujeto a la legalidad.

¿Cómo estarán llegando las urnas, las papeletas, el material informático para constituir las mesas electorales?

La consigna que han repartido las organizaciones convocantes del referéndum es de “resistencia pacífica”. Existe un consenso tácito entre los mandos de la seguridad y los convocantes para evitar cualquier imagen que les adjudique la iniciativa de un acto violento. Pero cuando se saca a la gente a la calle en circunstancias como estas para una “movilización permanente” es imposible garantizar que no existe una chispa que propague un incendio.

El paroxismo de esta situación se produjo con la Junta de Seguridad, organismo de coordinación de todas las fuerzas de seguridad convocado por el president Carles Puigdemont que es el máximo responsable del referéndum ilegal. Naturalmente para garantizar la convocatoria delante de las barbas de los responsables de seguridad del Estado.

En realidad, con buena parte del dispositivo truncado, ¿de qué clase de consulta estamos hablando?

Hay una anécdota conocida de la situación creada ante la embajada británica en Madrid en una convocatoria del régimen franquista para protestar por Gibraltar. El embajador, en contacto con el ministro de la Gobernación, trasmitiendo la alarma por la actitud de los manifestantes, respondió al ofrecimiento de la autoridad de enviar más policías para proteger la legación. El embajador le contestó: ”no hace falta que envié más policías; sería suficiente con que mandara menos manifestantes”.

También existe otro consenso no formalizado en que lo que esté sucediendo hoy no puede llamarse referéndum. Incluso los responsables de la Asamblea Nacional Catalana reconocieron que las dificultades habían mermado sus objetivos. Se conforman con una votación de un millón de personas en un territorio de siete millones de habitantes. Quizá el símbolo de toda este despropósito sea las urnas chinas de cinco euros; en realidad cajas de plástico que se utilizan entre otras cosas para guardar la ropa sucia en espera de la lavadora, como ha destacado García Albiol, con la particularidad de demostrar un machismo todavía latente, al señalar que era la caja que utiliza su señora.

La intervención judicial del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CTTI hace imposible la votación telemática y el proceso de los resultados. ¿De qué clase de consulta estamos hablando?

También existe acuerdo en que, salvo sorpresa, el Govern decretará el éxito de la consulta ocurra lo que ocurra este domingo. Está prohibido el fracaso por muy evidente que sea.

Los convocantes de la consulta han vulnerado y hecho caso omiso de la legalidad con la que intentaban legitimar el referéndum. En una especie de juego del gato Tom y el ratón Jerry, iban sorteando cada dificultad planteada por las respuestas de la Justicia. El reto al estado democrático estaba exento, valga la licencia, del mínimo respeto institucional como si estuviéramos asistiendo a un juego inocente.

La pregunta es si el Estado se puede permitir el lujo de no dar una respuesta legal y penal al 1-O

La sindicatura electoral, figura clave para garantizar la pureza de un proceso electoral, fue disuelta para evitar pagar las multas impuestas por el Tribunal.

En la rueda de prensa para explicar la logística del referéndum, este organismo de garantías ha sido sustituido por unas personas, “del máximo prestigio”, que no se dieron a conocer por seguridad.

Para evitar posibles responsabilidades, los directores de los centros de enseñanza de toda Cataluña, fueron cesados en sus funciones el pasado viernes hasta el lunes día 2.

No hay cedazo suficientemente grueso para pasar la prueba de ninguna garantía de algo que no puede tener legitimidad para nada, independientemente de que no tenga soporte jurídico ni legal.

La orden de ocupar los colegios a los familiares de los alumnos acompañados de sus hijos previsiblemente puede constituir un delito de utilización de menores, independientemente del juicio político y moral de esta inciativa.

Esta noche se podrá hacer balance.

Y la última duda que queda por despejar es la de si los responsables de las instituciones políticas, administrativas y jurídicas del Estado pueden tener la tentación y permitirse el lujo de no dar una respuesta legal y penal a un golpe a la democracia que tiene un parentesco matizado por el no uso de las armas en esta ocasión con el golpe de estado del corones Tejero y otros militantes el 23-F