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La semana ha sido larga e intensa. Y distraída. Si no fuera por la gravedad de los asuntos públicos, cualquiera de nosotros pensaría que, en vez de leer, ver o escuchar noticias, en realidad, acude a un reality show. O a varios. Como el que protagoniza el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Solo le falta tener un canal de 24 horas en streaming para meter más la pata, si cabe, en directo.
En la CEOE está fallando todo. Desde el presidente, hasta la “oposición”. Desde la comunicación, hasta los órganos de gobierno. No se ha visto una gestión peor a una crisis reputacional como la de Garamendi y su equipo. Se ha comparado con una mujer agredida y la misma tarde mandaba recuerdos a los presentadores de La Sexta por si así los ablandaba. Pero no todos los periodistas dan masajes.
La función televisiva de Garamendi se desarrolla con el silencio cómplice de sindicatos y partidos. Ellos sí comprenden que la crisis del falso autónomo se les puede girar en contra. En este episodio de ‘La Plaza, con Juan García’, el director de Economía Digital, Bernat García, comparte la intrahistoria del skup periodístico que ha puesto patas arriba el llamado diálogo social. ¿Con qué independencia negociarán Garamendi y Yolanda Díaz si Trabajo está obligado, tras una denuncia sindical, a investigarle?
La España de los chiringuitos es real. No es ninguna leyenda urbana. Así que el reality show siguió, como no, con el Barça, el fútbol y los árbitros. Este episodio también se detiene en el asunto; pero reserva la parte final del episodio para glosar el futuro del gobierno de coalición en la semana que la ley trans y del aborto llegaron al Congreso.
El chiringuito de Podemos, también conocido como Ministerio de Igualdad, se anota el honor de que el Congreso paralice su segunda ley para corregirle las faltas de ortografía. ¿Qué nos dice semejante dejadez? Al margen de poner en duda que el equipo de Irene Montero junte un bachillerato completo, delata que la ministra trabaja de espaldas a los técnicos del ministerio o que ellos dan la espalda a sus jefes políticos.
Las faltas de ortografía y gramaticales de la ley trans dejan en evidencia, con la misma crudeza, que nadie en el Consejo de Ministros leyó el proyecto antes de mandarlo a las Cortes (o que en el PSOE saben tanto castellano como en Podemos).
