El minifundio incendia Galicia
En 1992 todos los grupos del Parlamento gallego firmaron el Plan Forestal de Galicia, en el que se fijaba una inversión anual en el sector forestal equivalente al 3% del presupuesto autonómico. Una apuesta optimista pero que se ha quedado en agua de borrajas: nunca se ha pasado del 1,5%, y la mayor parte de los años no se ha llegado a este porcentaje. Además, el dato tiene trampa: actualmente, la mayor parte del presupuesto forestal va destinado a combatir los incendios, un fenómeno que tiene una relación directa con el mal aprovechamiento del monte, sí, pero que recuerda, estableciendo un paralelismo, a destinar una partida pública a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y gastar el dinero en cárceles para maltratadores. El monte sigue ardiendo, y la principal causa es el enorme porcentaje de hectáreas abandonadas o desaprovechadas que existen sobre la cantidad total de suelo forestal.
Que el sector forestal gallego es estratégico nadie lo discute, y las cifras macroeconómicas dan la razón a los que ven en Galicia a la Austria de la Península: producimos la mitad de la madera cortada de España, tenemos 3.000 empresas dedicadas al sector forestal, el 12,4 por ciento de nuestro empleo industrial nace de la madera. Y sin embargo, los árboles no son rentables para su propietario, el único que de verdad importa.
Para comprender el abandono del monte gallego, propongo apartar la mirada de los planes quinquenales de la Xunta y de las grandes cifras, y bajarla a pie de tierra. Y entonces comprenderemos por qué el pequeño propietario no cuida y desbroza su parcela de tierra plantada a pinos.
A falta de datos más recientes, vamos a analizar el año 2012. En estos doce meses 54.200 propietarios forestales de la Comunidad gallega realizaron ventas de madera por unos 250 millones de euros. Una simple operación aritmética nos señala el rendimiento medio por explotación: cada vendedor se ha llevado 4.612 euros y medio. Algo más de siete meses de salario mínimo, en términos de ese año.
Teniendo en cuenta que la ganancia per cápita real será algo más baja (muchas de las ventas las realizan comunidades de montes que agrupan a gran número de propietarios), que estos ingresos se perciben una vez cada doce años (o quince, o veinte, o veinticinco), que hay que pagar a las cuadrillas que los cortan y que repueblan el monte e invertir en el mantenimiento de la parcela… Se comprende perfectamente que, de los tres cuartos de millón de propietarios forestales de la comunidad gallega, sólo 100.000 talen de forma habitual. Se entiende también que, en una tierra que produce la mitad de la madera de España, merced a un clima y unas condiciones ambientales excepcionales para la silvicultura, la mayor parte de los dueños de bosques no se molesten en limpiar la superficie de arbustos y maleza. Perderían dinero si lo hiciesen ellos mismos, no digamos ya si contratan a terceros como sería preceptivo para el creciente número de propietarios ancianos o ausentes. Por lo tanto, no los cuidan. Se trata de la tónica general en todo el territorio gallego, con honrosas excepciones como A Mariña.
¿La solución? La más simple y la más complicada de las que se pueden proponer en Galicia: dejarán de quemarse los montes cuando la concentración parcelaria los haga rentables, y los propietarios ya se cuidarán ellos mismos de no matar la gallina de los huevos de oro. Pero de momento ni las Uxfor del bipartito ni las Sofor de Feijóo han cambiado significativamente el mapa del monte gallego.
