El maldito impuesto religioso de Zapatero
Es abrir el plazo de ajuste de los impuestos con Hacienda y los obispos ponerse en campaña, incluso pagada en los medios de comunicación, para arañar lo máximo posible de las arcas que gestiona Montoro.
Sirviéndose para más inri de la fórmula regalo de Zapatero, que sus sucesores en Ferraz reprueban: una casilla en la declaración de la renta sobre la que los católicos pueden poner una cruz y darle el 0,7% de su IRPF.
El controvertido mecanismo del «laicista peligroso», como tacharon Juan Pablo II y Benedicto XVI al anterior presidente, estableció en el 2007 el único y singular impuesto finalista estatal, reflejado en los Presupuestos Generales del Estado. Y a prueba de crisis. La Iglesia recibió el ejercicio pasado por esta vía casi 242 millones de euros, 70 millones más que en el 2006.
La artífice de ese chollo fue la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, con un aplauso casi unánime de la prensa de entonces. Tocada de mantilla y con la cabeza velada, como mandó el Concilio de Trento, firmó con el cardenal Bertone en Roma un acuerdo que elevó un 40% el porcentaje del IRPF, –del 0,4% al 0, 7% actual–, que los católicos pueden asignar a su confesión, sin poner ni un solo euro del propio bolsillo.
Que la Iglesia solo recibe el dinero de los que ponen la «equis católica» en su casilla es una verdad a medias. Con ese argumento podría llenarse la declaración de la renta de casillas para otros sostenimientos. Por ejemplo, para la ciencia, como piden sin éxito los investigadores. Y gratis para el que las pone.
En la práctica, como ordena la ley de presupuestos, cada mes del 2015 saldrán de Hacienda para salarios de obispos y sacerdotes 13.266.216,12 euros. De las arcas públicas o de los impuestos de todos los contribuyentes vía IRPF, sean católicos, ateos, judíos, musulmanes, mormones o Testigos de Jehová.
En países como Alemania, el Estado recauda para las confesiones el porcentaje que éstas le piden. Pero sin meter mano en la recaudación general obligatoria. De seguir su modelo, un fiel católico pagaría en España por lo menos un 0,7% más que quien no lo es. En el país de Merkel suele llegar al 8% porque cuando se toca el bolsillo, las cruces no se ponen tan a la ligera. Y al ser menos cotizantes, hay que subir la cuota.
Ni siquiera el ultracatólico ejecutivo de Aznar accedió a la concesión de Zapatero. Con su romería y acuerdo «con carácter indefinido», De la Vega también libró a los prelados, para siempre, de su compromiso legal de llegar algún día a autofinanciarse, como asumieron en los acuerdos España-Vaticano de 1979, en realidad, un concordato a la vieja usanza. La vicepresidenta había sostenido lo contrario cuando llegó al cargo. «El dinero que reciben los obispos por el IRPF algún día tiene que ir a menos, hasta desaparecer del todo como se contempla en los acuerdos», dijo solemnemente.
Prácticamente todos los partidos, a excepción del PP y CiU (si se aclara con las competencias del Estado), están por revisar o eliminar este impuesto. Incluso, según su programa marco de cara las elecciones municipales, el PSOE quiere extender el cobro del IBI a más propiedades de la Iglesia. Dejan para más tarde el capítulo de subvenciones.
El Gobierno de Zapatero calculó en 2007 que el dinero público destinado directamente a la Iglesia –el impuesto religioso, más el pago de profesores de religión en las escuelas, los conciertos educativos con centros religiosos, y las ayudas a la restauración de su patrimonio artístico– sumaba 5.000 millones de euros.
Obispos y socialistas, unos por exceso y otros por defecto en el dominio del latín, pasaron por alto que Fisco significa «cesto», recipiente de mimbre en el que los primitivos romanos recogían casa por casa y volcaban entera la recaudación para construir sus calzadas, teatros, circos , termas o cloacas. Sin compartimentos ni 0,7% para los sacerdotes o las vestales.
