El independentismo en las puertas del Supremo
Con Artur Mas al frente, con una nutrida representación del gobierno catalán, con dirigentes del Partit Democràta Català y de Esquerra Republicana, con todos ellos Francesc Homs se presentó este lunes ante el Tribunal Supremo para declarar por la causa abierta del 9N. La respuesta de Homs es la misma desde el inicio del llamado proceso soberanista: se trata de una cuestión de democracia, no de desacato al orden jurídico. Mas llegó a asegurar que es la democracia en sí misma la que está «en juego», en los aledaños del Supremo. Con esos argumentos, el independentismo catalán ha conseguido enormes apoyos, de una parte importante de la sociedad catalana que sigue respondiendo y que llena las calles en las concentraciones de la Diada del 11 de septiembre.
Pero esa respuesta es débil. El Gobierno del PP, que preside Mariano Rajoy, no ha querido en ningún momento entrar en una negociación con el Gobierno catalán, porque ese movimiento soberanista ya estaba en marcha. Esa es la gran contradicción del soberanismo, que pide un referéndum pactado con el Gobierno central, –y apela a lo que hizo el gobierno británico con el referéndum de Escocia– pero insiste en tramitar leyes de «transitoriedad» hacia una legalidad catalana propia que permita la independencia.
En los últimos meses el soberanismo quiere que se interiorice una excepcionalidad en algo normal, pero no es propio de un régimen democrático que políticos que son representantes del estado en Cataluña, como lo ha sido Artur Mas en su condición de presidente de la Generalitat, se concentren ante las sedes judiciales. ¿Qué persiguen? ¿Una presión a los jueces, con el argumento de que ellos son el pueblo? Ocurrió con la declaración de Artur Mas frente al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, y acaba de suceder en Madrid ante el Tribunal Supremo.
El engaño del independentismo es insistir en que existen dos legalidades, la del Estado y la que emana del parlamento de Cataluña. En la causa del 9N no se cuestiona que se colocaran «urnas de cartón» como incide Homs y Mas, sino en que se hizo caso omiso de las indicaciones del Tribunal Constitucional, que no permitían esa consulta soberanista, tras un recurso del Gobierno. Homs asegura que se trataba de dar curso a un proceso participactivo, que los catalanes habían pedido. Y con esa treta se va confundiendo a buena parte de la sociedad catalana. No hay dos leyes, hay una sola, de la que emana, precisamente, la Generalitat, y el parlamento de Cataluña, que es la Constitución española.
El objetivo del independentismo ha sido desde el primer día el de forzar una negociación con el Gobierno central, con el argumento de que todo quedó deslegitimado tras la sentencia del Estatut por parte del Tribunal Constitucional en mayo de 2010. Sin embargo, seguir hacia adelante, porque esa negociación no llega, puede ser contraproducente. Y plantea el problema de fondo de si el Gobierno deberá actuar cuando el llamado proceso vaya quemando etapas. Con la ley en la mano, no le quedará más remedio.
A pesar de esa posición desleal por parte del independentismo –con Artur Mas a la cabeza, él mismo podría ser inhabilitado– el Gobierno que se pueda constituir en los próximos meses debería reconducir la situación, con acuerdos políticos. Pero el independentismo debe abandonar los engaños, dejar de forzar la legalidad, y renunciar a avivar los sentimientos, con escenas como las de este lunes ante el Tribunal Supremo, alertando sobre una «causa política», algo que España afortunadamente dejó atrás con la llegada de la democracia.
