El incremento de las cotizaciones sociales: una solución inoportuna en el momento inoportuno
El parche que el Gobierno propone para las pensiones no va a evitar que tarde o temprano haya que sentarse y afrontar el temido debate, un suicidio electoral para quien tire la primera piedraa
Durante los últimos años hemos leído y escuchado reiteradas declaraciones políticas afirmando que el diseño del sistema público de pensiones era perfectamente sostenible y escalable en el tiempo. Este mantra ha saltado por los aires recientemente, cuando el Gobierno se ha visto obligado a presentar una nueva reforma estructural para satisfacer las exigencias de la Comisión Europea como contrapartida a la transferencia de los fondos Next Generation.
En una escena que recuerda al cuento del emperador desnudo, en España ninguna fuerza política tenía el valor de reconocer que los números del sistema público de pensiones eran imposibles de cuadrar a medio plazo, de modo que el espejo de realidad ha tenido que ser amablemente colocado por los burócratas europeos –no en vano, la bolsa de votantes pensionistas y los cortos ciclos electorales son demasiado tentadores para abordar esta incómoda cuestión por iniciativa propia.
La solución propuesta por el Gobierno, de hecho, dista mucho de lo que deberíamos entender por “reforma estructural”: es simple y llanamente un incremento de tipos; en concreto, un aumento del 0,2% de las cotizaciones sociales que recaen sobre todos los trabajadores, y un aumento del 0,4% en las que recaen sobre los empleadores. Independientemente de si en Europa aceptan ese pulpo como animal de compañía y resulta suficiente para desbloquear la transferencia de los fondos Next Generation, se trata de una reforma inoportuna principalmente por dos razones:
Primero, porque no aborda el problema de fondo, sino que lo agrava aún más. El sistema público de pensiones en España es actualmente una gran fuente de desequilibrios intergeneracionales: una pirámide demográfica invertida, un denominador raquítico en el reparto del peso de las pensiones que hay que pagar − la población activa es escasa, con unas tasas de paro que lideran los rankings de la UE − y unos ajustes al alza en la pensión media percibida que exceden los incrementos salariales de la población activa.
Como en el cuento del emperador desnudo, en España ninguna fuerza política tenía el valor de reconocer que los números del sistema pensiones eran imposibles de cuadrar a medio plazo
En otras palabras, la distancia entre el poder adquisitivo de los pensionistas y el de los asalariados es cada vez mayor, y se están adoptando políticas para incrementarla. Es un precedente muy desafortunado: si tomamos el camino de mantener el importe de las pensiones mientras incrementa la ratio de pensionistas sobre población activa, ¿cuál es el techo? Hoy analizamos subidas del +0,2% para el empleado y +0,4% para el empleador; ¿y mañana? En definitiva, no es un planteamiento escalable ante el más que previsible deterioro de la proporción entre el número de pensionistas y la población activa.
Se está afianzando un escenario en el cual se fijan unos determinados rendimientos en forma de pensiones percibidas que, lejos de ajustarse, incrementan tanto en denominador (número de pensionistas) como en importe unitario (aumentos anuales). Para poder pagar dichos rendimientos crecientes, la población activa aporta una cantidad que se incrementa con el tiempo. Estamos describiendo un fenómeno que tiene visos de esquema piramidal, cuyas limitaciones son evidentes.
La segunda razón por la que se trata de una reforma inoportuna es por la débil coyuntura del tejido económico. En tiempos de relativa bonanza, España ya era uno de los países con los tipos efectivos más altos: un salario de 1.000 euros netos conlleva un desembolso de unos 2.000 euros para la empresa. Solo en tres países europeos −Eslovaquia, Estonia y República Checa− las empresas sufren una mayor presión en cotizaciones sociales.
Es especialmente inoportuno aumentar aún más los costes fiscales a las empresas en medio de una débil senda de recuperación empresarial tras los efectos de la pandemia y una espiral inflacionaria. Los costes de las empresas están aguantando ingentes incrementos en la factura energética y en la compra de materias primas; puede que el incremento en los costes de personal sea la gota que colme el vaso.
El parche que se propone no va a evitar que tarde o temprano haya que sentarse y afrontar el temido debate de las pensiones. Los incentivos políticos son perversos: es una cuestión impopular, que no encaja en la velocidad en la que se suceden las legislaturas y que supondrá un suicidio electoral para quien tire la primera piedra. Pero la clase política debería tomar nota: la desafección de los jóvenes que contemplan ese creciente agravio intergeneracional se expande como un gas. Y cuando los gases llegan a un determinado nivel de presión, explotan.
