El goloso caramelo de los servicios públicos
La Unión Europea y Estados Unidos negocian desde 2011 un macro acuerdo para fundir ambos mercados (los más importantes del mundo) en una gigantesca zona de libre comercio. En algunos sectores, resulta muy, pero que muy complejo homologar criterios, normas y estándares productivos. Pero los diligentes representantes del tándem UE-EE UU están en ello. Muchos analistas internacionales son escépticos sobre la viabilidad del pacto. Entre otras cosas, por la profunda disparidad de intereses entre los miembros de la propia Unión Europea.
Es un tema de enorme importancia, pero informativamente soso en tanto el hipotético acuerdo no se sustancie en cuestiones concretas. No suscita el interés de los grandes medios de comunicación y mucho menos de los pequeños. Tampoco las formaciones políticas, empresariales, sindicales o de consumidores le prestan gran atención.
Salvo excepciones, claro. Aquí, en España, la OCU viene insistiendo en que, tal como está planteado, el acuerdo UE-EE UU supondría un grave retroceso para los consumidores europeos. La normativa de Bruselas es muchísimo más exigente que la norteamericana en temas como la seguridad alimentaria, el uso de sustancias químicas o la protección de datos. Además, se pretende sacar del ámbito judicial los conflictos entre grandes empresas y estados.
Es cierto que las negociaciones se mantienen bajo un sospecho manto no ya de opacidad, sino incluso de secretismo. Pero, aún así, sorprende mucho el desinterés y la distancia con que seguimos este tipo de discusiones, que después tienen tanta incidencia en el día a día de los ciudadanos.
Y no menos extraña es la ausencia de la agenda política de las izquierdas españolas de otra negociación paralela –y secreta– en la que, además de la UE y Estados Unidos, se incluyen otros países desarrollados o emergentes. Medio centenar en total. En este caso se trata de firmar un Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas inglesas) que podría alcanzar a los servicios públicos (sanidad, educación) para permitir su privatización.
El verano pasado Wikileaks filtró documentos sobre esta negociación. Poco más se ha vuelto a saber. La Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos está convencida de que ambas negociaciones implican una ofensiva en toda regla para forzar nuevas desregularizaciones. La US Coalition of Service Industries sería el lobby agitador de estos procesos de tan genuina esencia ultraliberal.
Se busca una verdadera «sociedad de mercado» (Albino Prada dixit), una sociedad en la que prima el mercado y los precios sobre los derechos, por lo que se compite de forma más barata que en marcos regulatorios exigentes.
Quizás sea un poco excesivo pensar, tal como ha escrito Raoul Jennar en Le Monde Diplomatique, que semejantes proyectos expansivos buscan «desmantelar las soberanías populares para hacer prevalecer el derecho superior de los inversores».
Pero yo, por si acaso, suscribo eso que dijo el rey de que la economía debe estar supeditada a la política. «Porque la economía debe estar siempre al servicio de las personas». O algo así.
