El Gobierno catalán ya no es lo que era…
La reunión del Consell Executiu de cada martes –el equivalente catalán al Consejo de Ministros español– es un paseo triunfal. Que no haya debate es algo normal en ese encuentro de gobernantes: la Generalitat se ha configurado en los últimos años como una autoridad administrativa muy presidencialista y los consejeros tienen más un papel de figurantes con coche oficial y escolta que de políticos que proponen y alientan actuaciones en cada una de sus materias.
Eso es habitual cada semana. O el presidente Artur Mas lanza su diatriba o el consejero de Economía y Finanzas, Andreu Mas-Colell, explica las penurias de las cuentas públicas para que el resto de miembros del gobierno autonómico no estén tentados ni de pedir aumento de partidas ni de gastar el total de lo que tienen asignado en muchos capítulos presupuestarios.
Ayer martes, sin embargo, se produjo una tensión inusual en esa reunión de gobierno. Por primera vez en muchos años hubo tensión. Sí, eso que podríamos llamar mal rollo y que los periodistas no debemos conocer porque todos los integrantes han jurado guardar secreto de las reuniones de ese órgano de gobierno. Sea como sea, el caso es que en el último encuentro empezaron a emerger algunas diferencias inusuales en el seno del gobierno catalán. No sólo porque cada consejero haya comenzado a mover su agenda política personal, sino porque algunos entienden que el asunto del derecho a decidir ha llegado a su fin y que no están dispuestos a acompañar a los más radicales hacia un futuro incierto.
Con el decreto y la ley de consultas suspendido por el Tribunal Constitucional, los integrantes del gobierno que forman parte de Unió consideran que se ha llegado al límite. Es el caso de la vicepresidenta, Joana Ortega, (la más beligerante ayer) y del consejero de Interior, Ramon Espadaler. La primera es la responsable de todo el operativo logístico de la consulta suspendida y el segundo de la seguridad y de los Mossos d’Esquadra, tanto como decir el hombre del orden en Cataluña.
Ninguno de ambos están por mantener el pulso al Estado y provocar a policías, funcionarios y cargos públicos ningún problema profesional. Al contrario. Son partidarios de sentenciar que hasta aquí hemos llegado y que ahora las soluciones deben llevarse a otros terrenos con mayor abundancia de la política. En una línea argumental se encuentran los dos hombres considerados como los relevos naturales de Mas: los consejeros Santi Vila y Germà Gordo. A ellos no es su partido lo que les inquieta, sino un convencimiento personal de que el proceso soberanista está bien como estrategia negociadora, pero no lo consideran un proyecto individual asumible ni alcanzable.
Enfrente, Mas-Colell, que se lo ha creído de veras, y el consejero de Presidencia, Francesc Homs (conocido en ámbitos empresariales como “el intelectual” de Mas), y en ocasiones el de Empresa y Ocupación, Felip Puig. Para ellos nada cambia, todo sigue igual, incluso después del Constitucional. Se da la circunstancia de que son los miembros del Govern con mayor presencia, que no proyección, pública. Transmiten, pues, su voluntad de que todo sigue igual, aunque nada volverá a ser parecido en este país. Incluso, fíjense, las reuniones del gobierno catalán, en las que ahora se debate un poco más en vez de hacer calceta o jugar con los móviles. Todo un cambio.
