El fin de la dinastía Pujol

Este país recibió el viernes un par de sonoras bofetadas. La primera, la confesión del hombre que lo había gobernado durante más de dos décadas y dejó huella hasta el punto de crear una imagen de marca, el pujolismo, de que mantenía un patrimonio oculto en el extranjero. La segunda, el que dicha confesión fuera calificada por su sucesor y actual presidente de la Generalitat como algo puramente personal.

El reconocimiento por parte de Jordi Pujol de que ha estado gestionando una fortuna fuera del país durante 34 años es un hecho de una gravedad sin precedentes. En efecto, ¿cómo explicárselo a todos aquellos que han sido castigados o multados por faltas o delitos a Hacienda, en algunos casos por leyes emanadas directamente, o apoyadas a través de otras mayorías, por el mismo dirigente político que estaba poniendo su patrimonio a buen recaudo en paraísos fiscales?

Si el fraude fiscal es un delito fuertemente reprobable porque sus consecuencias recaen directamente sobre el resto de los ciudadanos, la ignominia en este caso es aún más insufrible ante la categoría del defraudador, un hombre que desde su posición de primera autoridad del estado en Catalunya ha exigido a sus conciudadanos sacrificios y honestidad.

Pero vale la pena detenerse un poco más en la confesión, porque existen expresiones en ella que mueven poco al perdón que se solicita en el comunicado leído por el presidente de honor de CiU. Por ejemplo, cuando a modo de disculpa –las he visto más absurdas– afirma que nunca “se encontró el momento oportuno para regularizar esta herencia”. Es decir, que a lo largo de 34 años y tres amnistías fiscales, nunca vio la oportunidad de cumplir la ley. Más que una confesión, parece una maniobra.

Si esta mentira no resultara tan patética, podría ser hasta cómica. Tan triste como el comunicado, resulta la actitud del ex presidente de la Generalitat. No encontró el momento ni siquiera cuando hace un año empezaron a difundirse informaciones sobre el patrimonio que la familia Pujol podría atesorar fuera de España. Las empezó a publicar el diario El Mundo y en declaraciones a Antena 3, y a otros medios, Pujol negó entonces con la rotundidad con la que actuaba que tuviera alguna cuenta en el extranjero.

Aún más, una vez más, esas informaciones se atribuían de nuevo a un intento de destruir a una familia y a un país. La misma o parecida estratagema que utilizara a principios de los 80 cuando la fiscalía se querelló contra él por el desvío de 500 millones de pesetas de Banca Catalana, que tuvo que ser intervenida y vendida posteriormente al BBVA, un caso que fue archivado en una sentencia que quizás no supo evadirse de la presión que desde muchos ámbitos se ejerció para que se diera carpetazo al asunto.

Para desgracia de muchos de sus seguidores, esta vez no estamos ante las conocidas insidias de la prensa española, sino ante una confesión pura y llana de haber ocultado un patrimonio a Hacienda, es decir, a todos sus conciudadanos.

Se pone Jordi Pujol en su escrito autoinculpatorio a disposición del fisco y si acabara siendo necesario de los jueces. ¡Vaya un ofrecimiento de buena voluntad! Por supuesto que está disposición de las autoridades judiciales y económicas. Nada más y nada menos que como el resto de los mortales. ¿O sigue creyendo el líder nacionalista que está aún un peldaño por encima de la ley?

Por lo demás, esa confesión aclara poco. ¿De qué cantidad estamos hablando? ¿Es realmente el fruto de la herencia dejada por su padre o como han detallado otras averiguaciones estamos ante la acumulación de un patrimonio fruto de actividades que deben ser aclaradas? Quién ha mentido tan repetidas veces no puede recuperar tan fácilmente tras unas líneas la credibilidad.

La otra bofetada a la que aludía en el primer párrafo la dio el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, cuando calificó el hecho de estrictamente personal. Se equivoca de nuevo. ¿Puede ser presidente de honor de CiU una persona que ha cometido supuestamente ese delito fiscal del que se autoinculpa? Pero aún peor. Jordi Pujol, como ex presidente autonómico, goza de una serie de prebendas, como una alta pensión, derecho a una oficina privada, secretariado… ¿Debe seguir gozando de estos privilegios, una persona que puede haber cometido delito?

Tan lamentable como la excusa de Mas es la de los dirigentes de ERC que han vuelto a buscar los orígenes de esa confesión en las artes intimidatorias del Estado español que estaría usando todas las armas a su disposición para laminar el proceso soberanista. ¿De verdad? Y aunque así fuera, por las propias palabras del ex presidente de la Generalitat se deduce que en este caso antes de que España pudiera robar a Catalunya alguien estaba detrayendo su particular trozo de pastel.