El Estado se embolsa el 40% de la subida del salario mínimo

La nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros al mes que acaba de decretar el Gobierno ha generado una intensa polvareda en los últimos días debido a las negativas consecuencias que tendrá en determinados colectivos y sectores económicos.

Al histórico aumento establecido en 2019, del 22,3%, que fijaba dicho umbral en 900 euros al mes, se suma ahora un alza adicional del 5,5% interanual, de modo que en apenas dos años el salario mínimo habrá registrado un incremento próximo al 30%.

Todavía es pronto para estimar el impacto concreto que ha producido esta medida en el mercado de trabajo, puesto que la mayoría de expertos y organismos tales como el Banco de España o la AIReF coinciden en señalar que podría cobrarse la destrucción de entre 40.000 y 1250.000 empleos.

Pero, por el momento, España registró el pasado año el peor avance de la ocupación y la menor reducción del paro desde la salida de la recesión, a finales de 2013. De hecho, el desempleo creció en el sector agrícola, levantando incluso airadas protestas en el campo contra el Gobierno, ya que el sustancial aumento de los costes laborales está llevando a la ruina a numerosas explotaciones.

Además, a diferencia de lo que pregona el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lejos de mejorar las condiciones salariales, el SMI supone una barrera de entrada que dificulta la creación de empleo y dispara el riesgo de despido de los colectivos más vulnerables, como los jóvenes y los trabajadores menos cualificados, al tiempo que su factura se concentra en las pymes más pequeñas y en las regiones con menor renta per cápita.

Lo más curioso, sin embargo, es que no sólo daña a aquellos que dice favorecer, sino que, aún en el caso de que se traduzca de forma efectiva en un aumento salarial, Hacienda, una vez más, sale ganando.

La subida del salario mínimo constituye un suculento negocio para las arcas públicas

La subida del SMI beneficia a algunos trabajadores a costa de perjudicar a muchos otros en forma de paro y menor empleo, pero dicho alza ni siquiera recae de forma íntegra en el bolsillo de sus beneficiarios, ya que también lleva aparejado el pago de impuestos y cotizaciones sociales.

El salario mínimo para 2020 ha quedado fijado en 950 euros al mes en 14 pagas, lo que hace un total de 13.300 euros brutos al año. Pero a esta cuantía hay que sumarle a mayores las cotizaciones sociales que abona la empresa, de modo que el coste laboral asciende a unos 17.250 euros. De esta cantidad global, el trabajador recibe 11.950 euros, unos 853 euros netos al mes, una vez descontado el pago de IRPF y cotizaciones.

En 2018, cuando el SMI se situaba en 735,9 euros al mes y 10.302,6 euros al año, el trabajador ingresaba unos 9.650 euros limpios, a razón de 689 euros al mes en 14 pagas, mientras que el coste laboral para la empresa rondaba los 13.350 euros.

Así pues, emplear a una persona que cobre el salario mínimo cuesta hoy 3.900 euros más que en 2018, un aumento próximo al 30%, pero la mejora salarial para el trabajador se reduce a 2.300 euros, el 59% de dicho incremento.

El 41% restante, equivalente a 1.600 euros, se lo queda el Estado. En concreto, Hacienda ingresa 500 euros al año en IRPF por cada uno de los trabajadores afectados, mientras que la Seguridad Social se embolsa cerca de 1.100 euros adicionales, de los que 900 corresponden a la empresa y unos 200 al empleado.

Tal y como recoge el propio Ministerio de Trabajo en las memorias que acompañan a las subidas del SMI aprobadas en 2019 y 2020, tan sólo la Seguridad Social prevé recaudar por cotizaciones sociales unos 1.450 millones de euros extra al año.

En definitiva, esta medida constituye un suculento negocio para las arcas públicas, mientras que el encarecimiento de la contratación lastrará tanto la creación de empleo como la reducción de la tasa de paro, enquistada todavía en el 13,8%.