El estado del proyecto europeo tras la pandemia

La crisis sanitaria ha hecho aflorar en la Unión Europea las contradicciones y puesto en evidencia los retos socioeconómicos y culturales de manera mucho más cruel.

La Unión Europea debía iniciar la «Conferencia sobre el futuro de Europa» el pasado 9 de mayo y, debido a la pandemia, se ha pospuesto hasta después del verano, tanto porque todo lo que de presencial se había previsto en ella no puede llevarse a cabo como por el hecho de que lo sucedido tiene que llevarnos a reflexionar mejor sobre qué Europa queremos. Si ya antes el debate era profundo, mucho más ahora cuando la crisis sanitaria ha hecho aflorar las contradicciones y puesto en evidencia los retos socioeconómicos y culturales de manera mucho más cruel.

Es en el Consejo Europeo donde han aparecido las discrepancias serias. Algunos las reconducen a las diferencias culturales entre el Norte y el Sur, un Norte «protestante» y un Sur «católico», sin tener en cuenta que eso simplifica en exceso la explicación.

A la UE le costó reaccionar. La Comisión estuvo paralizada al comienzo, especialmente por el hecho de que las competencias sanitarias son, en principio, de los Estados miembros y la UE tiene que encontrar la base jurídica de su acción en la coordinación y en la tangencialidad con las políticas que sí son de su competencia, como la libre circulación, las fronteras exteriores y, especialmente, las previsiones económicas. De ahí que, en un primer momento, la Comisión se limitara al establecimiento del «corredor verde» para productos sanitarios y de primera necesidad, o a la repatriación de medio millón de ciudadanos europeos que habían quedado bloqueados en distintos lugares del Mundo. Posteriormente, y en acción coordinada con el Banco Central Europeo, el Eurogrupo y el Parlamento Europeo (al Consejo hay que «darle de comer aparte») se comenzaron a estructurar las ayudas socioeconómicas, teniendo en cuenta las distintas posibilidades que tiene la UE al respecto.

El Consejo, en sus distintas formaciones, está compuesto por los Gobiernos de los Estados miembros. Y es ahí dónde han aparecido las discrepancias serias. Algunos las reconducen a las diferencias culturales entre el Norte y el Sur, un Norte «protestante» y un Sur «católico», sin tener en cuenta que eso simplifica en exceso la explicación. Ni todo el Norte ni todo el Sur son homogéneos y quedarían un tercer y cuarto bloques, Centroeuropa y los países del antiguo bloque socialista, integrados en la Europa de los 27, una vez que el Reino Unido ya no participa en las Instituciones de la UE. Alemania, que se alineó al principio con los Países Bajos, Austria, Finlandia y Suecia, tiene hoy en día una posición mucho más matizada.

La discusión entre los Gobiernos tiene como eje central las ayudas económicas que los Estados miembros van a recibir para hacer frente no sólo a la crisis sanitaria sino a los posteriores efectos socioeconómicos de la misma. Todos los Estados miembros son potenciales receptores de las ayudas, teniendo en cuenta la situación en que cada uno de ellos se encuentre, sin demagogias ni populismos mediante. El Consejo tiene que aprobar, o modificar, el programa económico que le ha propuesto la Comisión, con la aquiescencia del Eurogrupo y el impulso del Parlamento Europeo. Según previsiones, si se alcanza el acuerdo, los Estados miembros deberán presentar un proyecto a la Comisión, de recuperación socio económica, planificado y presupuestado teniendo en cuenta los ejes que se definirán en el acuerdo y que, básicamente, tienen dos componentes, el verde y el digital, en conjunción con medidas que comporten las reformas estructurales necesarias para relanzar la economía y superar la crisis social.

El dinero es importante, ciertamente, pero no lo es todo. Bien utilizado constituye un arma de primer nivel para enfrentar los problemas. Mal utilizado los agranda. De ahí que sea necesario planificar correctamente su uso y los controles que necesariamente se van a establecer sobre todo ello. Si es difícil dar una respuesta eficaz a esa pandemia que va lanzando rebrotes por doquier, obligando a nuevos confinamientos y a repensar las políticas sanitarias a todos los niveles (en nuestro caso a ver si lo hacemos coordinando como es debido la aplicación de las medidas en todos los ámbitos administrativos, comprendiendo a Comunidades Autónomas y entidades locales). La Comisión, al respecto, podría proponer mejores instrumentos, estadísticos incluidos, para que pudiéramos tener información que permitiera comparar las distintas medidas que se van tomando en los distintos Estados, para ver cuáles son eficaces y cuáles deben ser descartadas, porque hasta el presente, no hay datos que se puedan transversalizar debidamente, al no contar con indicadores comunes ya que no todos los países aplican los propuestos por la OMS y ello induce a la creación de supuestos índices científicos que poca ciencia traslucen, como hemos podido comprobar.

¿Y qué sucede con la crisis social que ha hecho emerger el desconfinamiento en muchos lugares? El cierre de muchas economías, la reclusión en domicilios de buena parte de la población, nos ha dejado ver en calles y plazas a sectores marginados de población que no tienen cómo hacer frente, en muchas ciudades de Europa, a la penuria que ya tenían y que se ha visto agravada con la crisis sanitaria. La sociedad es muy compleja en la mayor parte de Estados miembros de la UE y los derechos que la UE, y los Estados miembros, confieren a las personas, están todavía muchas veces condicionados a la ciudadanía o a la nacionalidad.  No basta con dar ayuda económica, que hay que darla, sino integrar en esos valores que la UE proclama en los Tratados, a quienes viven en ella y proyectarlos del mismo modo, como ha reclamado el Alto Representante para la política exterior y de seguridad, en las relaciones exteriores. Los derechos humanos han de estar presentes también en el complejo crisol en el que Europa se ha ido convirtiendo en las últimas décadas, como consecuencia de la globalización.

Desde hace años muchos venimos reclamando la adopción de un «Estatuto de ciudadanía» en la UE, que vaya más allá de los derechos de ciudadanía que tenemos reconocidos en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales quienes somos ciudadanos de la UE por tener la nacionalidad de cualquiera de sus Estados miembros. Los derechos socioeconómicos y culturales, encuadrando las diferencias existentes en el marco de los valores europeos, deberían ser el centro de ese Estatuto. Incluso el Parlamento Europeo, en una de las últimas resoluciones que adoptó en la pasada legislatura, hizo alusión a la necesidad de contar con un Estatuto en tal sentido, precisamente para cohesionar mejor socialmente esa Europa que queremos.

La Conferencia sobre el futuro de Europa, cuando se abra, tendrá que dar respuesta no sólo a posibles reformas institucionales o a la ampliación de la solidaridad económica entre los Estados miembros, temas que desde luego son, entre otros, fundamentales. También tendrá que abordar cómo esa cohesión social es absolutamente necesaria si queremos que lo que Europa puede representar sobreviva en esa nueva globalización a que la pandemia nos ha conducido.