El envejecimiento de la población española: un problema serio de verdad
La importancia que se la da en el debate económico, social y político de nuestro país al envejecimiento de nuestra población queda lejos de la transcendencia que ello supone para el futuro de España. Pero sea como sea, las cifras no nos dejan margen para ignorar que estamos ante un problema muy serio.
«Surge la tremenda duda sobre si nuestros partidos políticos, que justamente por el propio envejecimiento de la población española cada vez son más cautivos del voto de los más mayores, serán capaces de adoptar políticas responsables en este campo»
Los parámetros que inciden directamente en que envejezca la población son el incremento de la esperanza de vida y la reducción de la tasa de natalidad.
El aumento de la longevidad, consecuencia de la mejora de la calidad de vida y de la sanidad del país, es algo de lo que, pese a los problemas de toda índole que de ello derivan, debemos sentirnos orgullosos. Pero lo que es una pésima circunstancia es que nuestra tasa de fecundidad sea la segunda más baja de la Unión Europea, solamente por detrás de la Malta. Actualmente en España nacen 1,31 hijos por mujer en edad fértil, tasa ínfima no solamente si la comparamos con la de mediados del siglo pasado, que se acercaba a 3, sino también respecto a la tasa de reposición (2,05).
Así, pues, de la combinación que se da en España entre el aumento de la esperanza de vida y la baja natalidad surge una pirámide de edades que refleja una sociedad extremadamente envejecida. Si eso ya es muy grave desde una perspectiva temporal presente, todavía lo es más en clave de futuro.
La parte más ancha de la pirámide poblacional española ya no se sitúa en el segmento de edad de 15 a 19 años como sucedía en 1993, sino que, como consecuencia de que las generaciones del baby boom están engrosando los grupos de edad más maduros, la mayor parte de la población se concentra entre los que tienen entre 40 y 44 años. Y, de acuerdo con las proyecciones del INE, en 2043 el segmento con más población será el de los que tengan entre 65 y 69 años. Así, si entonces se sigue utilizando la denominación pirámide para referirse a la estructura de la población por edades y sexo, ello será por respetar una terminología tradicional, pero ya sin relación con una figura geométrica de base amplia y cúspide estrecha. Este proceso de continuo comportará que el porcentaje de población residente mayor de 64 que ahora es el 19,4% de la total, a finales del 2043 signifique el 30%.
Pero el envejecimiento de una sociedad se mide, sobre todo, por la proporción entre el grupo de población de más de 64 años y el de menos de 16. Pues bien, mientras en la actualidad hay 122 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años, en el 2043 esta proporción será del 220 por 100.
Y, desde el punto de vista económico, resulta especialmente relevante tener en cuenta la denominada tasa de dependencia, es decir la relación entre las personas mayores de 64 años y la población en edad de trabajar, la comprendida entre los 16 y los 64 años. Si ahora dicha tasa es del 54,5%, en el 2043 alcanzará el 77,7%. Es decir, en ese año por cada 100 personas en edad de trabajar habrán casi 78 que tendrán 65 años o más.
Las consecuencias de estos cambios en la estructura de edades de la población española serán múltiples: las personas que envejecen tienden a centrar su gasto en bienes y servicios estrictamente necesarios, por lo tanto, a medida que la proporción de gente mayor crece el consumo agregado tiende a disminuir; igualmente, el impacto positivo de una política monetaria expansiva sobre el consumo es menor en una sociedad envejecida, y, asimismo, si la edad media de una población aumenta la productividad crece más despacio, lo que ralentiza el crecimiento económico.
En todo caso, en la larga lista de problemas que derivan del envejecimiento de una sociedad, ocupa, sin duda, un lugar preminente la insostenibilidad del sistema de pensiones tal como actualmente está concebido.
Las recetas básicas para esta cuestión son diversas: activar los mecanismos que permitan aumentar la fecundidad y la inmigración; trasladar una parte del coste asociado al sistema de pensiones de la Seguridad Social al Estado; frenar las prejubilaciones; alargar la vida productiva de la población, ya sea a través del retraso de la edad de jubilación efectiva, ya sea mediante la incentivación del mantenimiento voluntario como población activa de los mayores, y asumir que la revaloración de las pensiones debe obedecer a criterios muy restrictivos.
Pero aquí surge la tremenda duda sobre si nuestros partidos políticos, que justamente por el propio envejecimiento de la población española cada vez son más cautivos del voto de los más mayores, serán capaces de adoptar políticas responsables en este campo, que, aunque en detrimento de los intereses de la población de más edad, sean más favorables para las nuevas generaciones de las cuales inevitablemente depende el futuro del país.
