El ejército ruso o el tráfico de influencias
La maquinaria del procés aprovecha la anécdota de los contactos con Rusia para desviar la atención de cuestiones importantes de la operación Vóljov
El supuesto reclutamiento de 10.000 soldados rusos para los intereses independentistas que aparecen reflejados en la instrucción de la operación Vóljov son una broma con relación a las rutinas de algunos de los investigados en sus negocios con la administración catalana.
La maquina comunicativa del ‘procés’ intentó desde el primer momento desviar la mirada sobre las cuestiones importantes de este caso. Y así amplificaron la anécdota rusa, ya explotada en el programa de humor de la televisión catalana “Polònia”, y sobre las felicitaciones de Navidad que rastreó la Guardia Civil en la sede del Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes. Todo superfluo.
El tuétano de esta investigación tiene dos núcleos concretos: la supuesta financiación del operativo del movimiento independentista, incluyendo la estancia del Carles Puigdemont en Bélgica junto con la movida del Tsunami Democràtic, y la irregularidad de algunos de los principales líderes de su estructura organizativa en negocios personales. No hay más o, todo lo contrario. Eso es todo lo que hay que es mucho.
Otra de las dudas aceptables que se sitúan sobre esta instrucción es la razón por la que el juez Joaquín Aguirre en un momento dado de la investigación decidió cambiar de policía judicial de la UDEF a la Guardia Civil.
Efectivamente, esta es una cuestión que podría dar a la especulación. Sin embargo, lo que no tiene sentido es criticar y negar la credibilidad de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales -recuerden aquella que cuestionó Jordi Pujol en un programa televisivo con un “¡qué cono es eso de la Udef!”- cuando investigó a los Pujol y familia y, después, glorificarla porque, en este caso, no quiso seguir las pesquisas que sí concluyó la Guardia Civil. Las diferencias también podrían ser técnicas y no ideológicas.
Así que eliminadas las interferencias interesadas, los soldados rusos, los tarjetones de Navidad y el cambio de policía judicial nos quedan limpias las cuestiones que desenmascaran las escuchas realizadas por la Guardia Civil que la prensa y la ciudadanía tienen a su alcance. Si lo desean, naturalmente. Que en Cataluña siempre ha existido una audición selectiva según los temas a procesar y las caras de los supuestamente corruptos y su filiación.
Los rostros del caso Vóljov: Xavier Vendrell y David Madí
Así, las preguntas que revolotean sobre el caso, con todas las presunciones de inocencia posibles, se concentran sobre dos personas: Xavier Vendrell, hombre histórico de la ERC más decidida, y David Madí, nieto de un prohombre de Barcelona, sector negocios y colaborador de Artur Mas en sus momentos presidenciales.
En caso de Vendrell, la mayoría de las cuestiones deberían ir dirigidas a esclarecer quienes son los individuos que constituyen “la mafia que tiene metida” la consellera de Salud, Alba Vergés en su departamento. Y no sólo eso. Conocer sus nombres evitaría más gasto judicial.
Además, también sería interesante esclarecer los datos concretos que están relacionados con uno de sus proyectos en Cabrera de Mar, Villa Bugatti, ahora un recinto para bodas y banquetes reformado recientemente. El alcalde de esta población, Jordi Mir (Pdecat), fue uno de los detenidos el día de los registros y la apertura del secreto de sumario.
Por otro lado, David Madí debería explicar sus influencias sobre el departamento de Interior y el Procicat. Por supuesto que todo individuo tiene legitimidad plena a la hora de actuar en negocios que afectan a la pandemia. Eso está fuera de toda duda. Que cada cual se dedique a lo que más beneficios le reporte. Sin embargo, y en su caso, intentar sacar comisiones por vender test de la Covid-19 a través de su posición entre la clase política no resulta lo más ejemplar observando la imagen actual de los partidos. Aunque al final el negocio no saliera. Es una cuestión estética.
Esos son los focos interesantes de la operación Vóljov. El resto sólo son excusas para desviar la atención. Una lástima que el juez Aguirre no lo hubiera previsto en un afán de detallar aquello que precisa de una explicación argumentada pero focalizada en el eje de la cuestión: la corrupción personal y la utilización de dinero público en locuras ideológicas.
