El descontrol en los aeropuertos ha costado miles de vidas
No es casualidad que España sufriera una segunda ola a partir de julio, mientras que el resto de Europa mantenía los contagios más o menos controlados
Una cosa es la incompetencia y otra, mucho peor, la indecencia. El Gobierno peca de las dos en grado sumo.
Los mismos que decían que la Covid no era más que una “gripe”, tildando de alarmistas a quienes advertían del peligro, que apenas tendríamos algún caso aislado, que permitió la celebración de grandes eventos hasta mediados de marzo o que las mascarillas no eran necesarias son los que, desde hace meses, también insisten en que no tiene sentido exigir test a los turistas.
Tanto es así que ha tenido que ser Europa la que, una vez más, ha impuesto el sentido común.
Una decisión tomada nueve meses tarde
España, finalmente, exigirá a partir del próximo 23 de noviembre una PCR negativa a los pasajeros que entren por vía aérea o marítima procedentes de 28 países de la UE y otros 37 del resto del mundo realizada 72 horas antes de su llegada.
La decisión, sin embargo, llega nueve meses tarde, a pesar de las recomendaciones de los expertos, la adopción generalizada de estos controles en la mayoría de estados europeos y las reiteradas peticiones de algunas comunidades autónomas, como Madrid, Canarias o Baleares.
De hecho, a pesar de todas las evidencias que exigían su implementación, el gobierno de Pedro Sánchez lo ha hecho en contra de su voluntad, puesto que tanto Fernando Simón como el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, siempre han despreciado la necesidad de controlar mínimamente la entrada de pasajeros por puertos y aeropuertos, siendo España uno de los países más visitados del mundo.
La justificación de la inacción del Gobierno
La iniciativa ha tenido que partir de Bruselas, después de que el pasado 13 de octubre aconsejara a los estados miembros restringir los viajes dentro de la UE en función de la situación epidemiológica de cada país, estableciendo, en su caso, la obligación de contar con una PCR negativa para poder moverse.
Lo más sorprendente es que el Ejecutivo insiste en que tan sólo el 0,08% de los casos de coronavirus en España, unos 1.200, son importados para justificar su completa inacción en esta materia desde el estallido de la pandemia.
Por esta razón mantuvo las fronteras abiertas de par en par hasta la declaración del primer estado de alarma, permitiendo incluso vuelos procedentes de China e Italia, los primeros focos de la infección, mientras que se limitó a realizar un simple análisis visual en los aeropuertos durante el verano para no molestar en exceso a los turistas.
El potencial peligro de 10.000 aterrizados
Semejante razonamiento resulta esperpéntico. En primer lugar, porque de todos es sabido el descontrol que ha habido en los aeropuertos en plena pandemia, ya que en la mayoría de ocasiones ni siquiera se efectuaba el citado reconocimiento visual ni se tomaba la temperatura, convirtiendo a España en un auténtico coladero para los infectados foráneos.
Además, aun dando por buenas las ridículas cifras oficiales y puesto que el 80% de los afectados son asintomáticos, esta estrategia habría dejado pasar a cerca de 10.000 potenciales contagiadores del virus, activando con ello una bomba de relojería.
El informe del CSIC sobre la importación de Italia
No es ninguna casualidad, por tanto, que España sufriera una segunda ola a partir de julio, mientras que el resto de Europa mantenía los contagios más o menos controlados.
No en vano, bastan muy pocos casos para que, en ausencia de controles efectivos, la enfermedad se propague de forma exponencial.
Una investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) demuestra que unas docenas de casos importados de Italia en febrero acabaron provocando el 30% de los infectados en la primera ola, con lo que “el cierre de fronteras a países con alta incidencia es relevante para evitar la importación simultánea y múltiple del virus”.
Y añade que “un control de fronteras más estricto unido a cierres de movilidad tempranos y locales probablemente hubiera limitado la epidemia en España”.
Así pues, el descontrol que ha permitido el Gobierno en los aeropuertos ha costado miles de vidas y lo más triste es que, lejos de importarle, sigue defendiendo y justificando su postura.
