El cupo vasco, la asignatura carlista pendiente

El pasado viernes, la vicepresidenta del gobierno Soraya Saenz de Santamaría reconocía que hay ya una factura considerable ocasionada por el procès, expresaba su esperanza en que los ciudadanos catalanes actuarán con sensatez el próximo 21D, y aseguraba que aún estamos a tiempo de frenar las pérdidas, si todos actuamos con responsabilidad. Y, sin mencionarlos, Soraya convenía a los consumidores que proponen boicotear productos catalanes para que depongan su actitud; a los empresarios que han decidido irse (y siguen yéndose) de Cataluña para que regresen; y, por supuesto, a los independentistas, que ayudarían a que la herida no se abriera más si acataran la Constitución.

En resumidas cuentas, desde su atril, explicaba a los demás lo importante que es no empeorar las cosas, para evitar que la economía española se desestabilice. Porque, efectivamente, se está empezando a notar el “incidente” y no nos conviene despertar la desconfianza de inversores y mercados. Tiene razón en que no viene nada bien, ni a Cataluña ni al resto de España, que se tuerza la senda económica. El coste derivado de la intentona independentista no lo va a pagar Cataluña, lo van a pagar todos los españoles.

Y así es como lo percibe Pimco, quien le ha sacado un 3% a sus bonos catalanes, los famosos bonos patrióticos que están respaldados por el gobierno de la nación. Y por eso Pimco recomienda comprar bonos aunque estén valorados como bonos basura, porque no cree en el final feliz de la realidad alternativa de los independentistas, cree que el gobierno español se va a hacer cargo, con nuestros impuestos, o los de nuestros hijos o nietos.

Pero esa actitud del gobierno como si acabaran de descender de los cielos y nos hicieran el favor de explicarnos lo que tenemos que hacer unos y otros es escandalosa.

Si cada región se acostumbra a hacerse cargo de sus ingresos y gastos quien derroche quedará retratado

Porque en esta misma semana se ha aprobado la renovación del cupo vasco, la manifestación más brutal de lo que significa un privilegio económico por razones estrictamente políticas.

El informe de FEDEA, dirigido por Ángel de la Fuente, es claro como el agua. Las dos comunidades que menos necesitan ayuda, las dos con una situación mejor, son las que menos aportan a la bolsa común. El cupo vasco, es decir, el pago por el País Vasco y Navarra de los servicios que reciben de la administración central, según FEDEA, está mal calculado, pagan de menos. Y la firma de esta semana perpetúa una situación irregular.

Quienes somos partidarios de una secesión civilizada, con garantías para todos los ciudadanos, y por una mayoría cualificada, defendemos, como punto de partida, la independencia fiscal de las comunidades autónomas. Si cada región se acostumbra a hacerse cargo de sus ingresos y sus gastos, la responsabilidad de los gobiernos regionales más derrochadores quedará en evidencia de manera más clara, y los votantes tendrán más información a la hora de elegir a sus representantes. Es mejor para el ciudadano que podrá controlar de cerca qué se hace con su dinero.

Y además, el empleo de sus impuestos revertirá en mayor medida en su entorno. Dejarán de darse situaciones en las que los contribuyentes de Toledo financien servicios de Huesca, por poner un ejemplo.

Es una vergüenza defender el cupo, un privilegio heredado del carlismo y defendido por el franquismo

Sin embargo, cada vez que expongo estas ideas, se me acusa de egoísta y de no tener en cuenta aquellas comunidades que tienen menos recursos económicos y se me explica, como si yo fuera insensible, lo importante que es la solidaridad interterritorial. No puede ser, me dicen, que haya una desigual distribución de la riqueza entre ciudadanos de un mismo país, a la que llevaría la independencia fiscal. Y los mismos que me hablan en estos términos defienden el cupo vasco. Y muchos de los que “casi” aceptan la opción federal, insisten en la asimetría histórica (y económica, por supuesto) de algunas regiones, que justifica la existencia de determinados privilegios.

Que todos los partidos excepto Ciudadanos y Compromís hayan aprobado un privilegio heredado del carlismo y mantenido por Franco es una vergüenza que no debería tener cabida en el siglo XXI.

Pero la mera existencia del régimen foral y de la intentona independentista catalana señala la asignatura pendiente del gobierno del Partido Popular: la financiación de las administraciones autonómicas y locales.

El modelo de financiación autonómica está obsoleto desde hace tiempo. Pero es un melón que nadie se atreve a abrir, por más económicamente necesario que sea, simplemente por razones políticas, por un sencillo cálculo electoral. Si en vez de hablar desde su atril como si estuvieran recién bajados del cielo, nuestros gobernantes hubieran hecho sus deberes hace muchos años, tal vez no estaríamos en esta situación, en esta encerrona que va a pagar el españolito de a pie.