El cuento independentista sobre la vía báltica

La «Vía Báltica»… precursora de la «revolució dels somriures» [torts], en la que se hizo creer a todas las minorías que estaban establecidas en esos países (básicamente las de nacionalidad rusa, claro, porque desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la independencia estuvieron integrados en la URSS) que serían felices eternamente en los nuevos estados nacidos de esa revolución tan participativa, imaginativa y performativa.

Dar una vuelta por el Báltico, como he estado haciendo durante la pasada semana, yendo de Dinamarca a Suecia, de ahí a Estonia y luego a Rusia, hablando con gente del lugar y buceando en la Historia reciente de estos territorios, evidencia, del mismo modo que lo hacen las patrulleras rusas cuando pasas rozando la base de Kronstadt, vigilando de cerca el paso de los buques que van o vienen desde Kiel, que Rusia no es ajena a nada de lo que sucedió, sucede o sucederá en los países del Báltico.

Quizás tampoco en el nuestro, al menos en algunos aspectos. Y, también, que pese a la imagen de cuento de hadas que las capitales bálticas (especialmente Tallin) nos ofrecen, no es oro todo lo que reluce en esos territorios.

Estas repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, quedaron bajo el control de la URSS tras la Segunda Guerra Mundial (los soviéticos alegaron, en las Conferencias de Teherán, Yalta y Postdam, el control que habían tenido sobre buena parte de la región del Báltico antes de la Primera Gran Guerra, en disputa con Suecia, Finlandia, Alemania y Polonia principalmente).

Las repúblicas bálticas ofrecen un cuento en el que no todo lo que reluce es oro

Para consolidar su poder, la URSS forzó la rusificación de la zona, deportando a Siberia grandes grupos humanos. Hay datos de que en una sola noche fueron deportados, en vagones de ganado, 21.000 estonios, 42.000 letones y 32.000 lituanos. Al mismo tiempo, la dirección del partido comunista quedó en manos de rusos que habían ocupado el territorio al ganárselo militarmente a los nazis, con el apoyo, o el recelo, de la resistencia local.

No estamos hablando de hace tres siglos, como en los “oprobios” de 1714 o la “Guerra dels Segadors”, sino prácticamente de anteayer, pues todavía queda una abundante población que vivió tales sucesos y que los guarda en la memoria, como he podido comprobar.

Como nuestras autoridades catalanas tienen puesta su ilusión en un proceso parecido al de la denominada “Via Báltica”, aunque con potenciales toques kosovares, resulta útil saber qué sucedió en estos países durante y después del proceso que les llevó a la independencia de la URSS (me refiero a las repúblicas del Báltico y dejaremos el Kosovo para otra ocasión).

Sobre todo porque todos ellos son países socialmente complejos, nada homogéneos debido a las fuertes migraciones y/o desplazamientos forzosos, en los que un proceso de asimilación cultural parece haber logrado lo que zares, príncipes, nazis o comunistas no consiguieron: Que nos creamos que gozan de la máxima felicidad posible una vez que se han convencido de las “bondades” del nuevo Estado.

¿Les suena de algo? Pues si es así, reflexionemos un poco al respecto.

El desmembramiento de la URSS originó que el territorio que ocupaba un Estado derivara en el territorio de 15, aunque Rusia fue considerada como la “heredera natural” de la antigua Unión Soviética y mantuvo las responsabilidades internacionales de ésta.

En aquel momento estaba vigente la Constitución de la URSS de 1977, que reconocía el derecho de secesión a sus Repúblicas y se había adoptado además una Ley, en 1990, regulando el procedimiento para realizarla, que incluía un referéndum para que la población se pronunciara, además de las decisiones de los Consejos/Parlamentos de las repúblicas.

Se trata en Cataluña, como en el Báltico, de convencer de las ‘bondades’ de tener un estado

Estonia, Letonia y Lituania aprovecharon, pues, el momento, para proclamar la independencia antes de que se creara la fallida Comunidad de Estados Independientes que Rusia quería liderar. Y lo hicieron siguiendo formalmente el procedimiento constitucionalmente marcado en la URSS, aunque tergiversando el “contenido democrático” de lo que estaban perpetrando sobre una población que se había sumado mayoritariamente, minorías incluidas, al deseo de independencia. El respeto a las formas les permitió conseguir que Naciones Unidas les reconociera como Estado y que, rápidamente, la Unión Europea les permitiera negociar la entrada.

Hay que tener en cuenta que una de las cuestiones más complicadas que acompañan a la creación de un nuevo Estado, segregado de otro Estado predecesor, es la elaboración de las leyes reguladoras de la nacionalidad de los ciudadanos del Estado recién creado.

Porque hay que determinar a quién se la concede y bajo qué condiciones, siendo particularmente puntilloso el determinar esta regulación cuando se trata de estados que, como los del Báltico, no son socialmente homogéneos, pues existe en ellos población de origen por una parte y, por otra, población que ha llegado a ellos debido a los desplazamientos y/o migraciones a que antes me he referido.

Sin que sea exactamente igual, dado que todo esto nos reconduce también a Cataluña, hemos de tener presente que aquí, además de la población que podríamos denominar “autóctona” (la de los, jocosamente, como mínimo, ocho apellidos catalanes) está presente y arraigada una población que en la segunda mitad del siglo XX se estableció en Cataluña proviniendo de otras partes de España y que, hoy en día contamos con un buen porcentaje de población extranjera, nacionalizada o no española, con mayor o menor arraigo.

El problema que se planteó en las repúblicas bálticas con las leyes de nacionalidad constituye algo a tener en cuenta si reflexionamos acerca de qué consecuencias tendría, para la ciudadanía residente en Cataluña, la regulación sobre la nacionalidad que fuera hipotéticamente adoptada en una Cataluña independiente.

Así las cosas, en pleno apogeo reivindicativo nacionalista (corría el año 1989), las fuerzas nacionalistas organizaron la denominada “Vía Báltica”, una cadena humana que, pasando por las tres capitales, Riga, Vilnius y Tallin, unió a los tres países.

Con la ayuda “oficial” de los partidos comunistas, autobuses gratuitos, concentraciones paralelas con velas encendidas en las plazas, tañidos de campanas, funerales simbólicos simulando el fin del nazismo y del comunismo… la campaña consiguió aglutinar a buena parte de la población, con inclusión, también, de parte de las respectivas minorías, a las que se les prometieron toda clase de ventajas cuando se hubiera alcanzado la independencia. ¿Les suena esto también? Derecho al voto, papeles para todos, mejoras sociales, etc. etc.

Los nacionalistas bálticos ofrecieron todo tipo de ventajas para lograr apoyos a la independencia, ¿les suena?

En Estonia, tras la «Revolución cantada», fue restablecida, en 1992, la ley de ciudadanía de 1938, basada en el ius sanguinis, que garantizaba la ciudadanía estonia a todos los que ya la habían tenido hasta el 16 de junio de 1940 y a sus descendientes, siempre que tuvieran un alto nivel de conocimiento de la lengua estonia y cinco años mínimo de residencia en el país. Los menores de 15 años pueden obtener la nacionalidad por naturalización si dominan la lengua estonia y pasan un escrutinio de “integración” en la cultura del país.

Letonia aprobó en 1991 la Ley reguladora de la nacionalidad y también devolvió la nacionalidad letona a los que la tuvieron antes de 1940 y a sus descendientes. El resto de personas quedaron mayoritariamente como apátridas. El porcentaje de personas que pudieron obtener la nacionalidad letona fue del 72,72%. Una cuarta parte, en consecuencia, ha quedado excluido de los derechos de ciudadanía.

También en este caso los menores de 15 años pueden obtener la nacionalidad si residen permanente en Letonia. También en este país, la naturalización pasa por estrictas condiciones de asimilación a la lengua y cultura letona.

Las minorías abarcan en Lituania a una población de, además del 6% de polacos, otro 6% de rusos, un poco más del 1% de bielorrusos y algo más del 2% de otros grupos étnicos. En total, entre el 15% y el 16 % de la población no ha querido asimilarse al oficialismo y no ha adoptado la nacionalidad y la lengua lituana, tras la independencia del país, que se independizó de la URSS al desmembrarse ésta, a principios de los años noventa.

La Ley de Nacionalidad, también de 1991 es, sin embargo, la más flexible, puesto que basaba en la residencia efectiva en el país el otorgamiento de la nacionalidad lituana. Aunque todavía quedan minorías en el país que no se han acogido a ella.

Las minorías en los países bálticos se han quedado en el limbo, prácticamente sin derechos

Estas minorías, ahí se han quedado, diríamos vulgarmente, en el limbo, prácticamente sin derechos y, con una situación extravagante en el marco europeo, puesto que al ser considerados por Lituania, Estonia o Letonia como apátridas, no gozan de la ciudadanía europea. Además, si no consiguen tener o recuperar la nacionalidad de su Estado de origen (para ello deben seguir las normas establecidas en cada país y no es fácil hacerlo desde el extranjero en la mayor parte de los casos), se encuentran ante múltiples inconvenientes, no sólo en estos estados, sino ante el resto de la comunidad internacional.

Como consecuencia, aquellos que habían sido ocupados por los nazis, que resistieron después, aunque sin éxito, a los rusos, cuando consiguieron la anhelada independencia, aplicaron a quienes no compartían sangre con ellos, una política nacional, basada fundamentalmente en la lengua y en una férrea educación «nacional», que convirtió en apátridas a rusos, polacos y demás minorías, sin que nada más que la pura biología haga disminuir el número de personas que no tienen acceso a ninguna nacionalidad.

La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se ha hecho eco en repetidas ocasiones, de los problemas jurídicos a los que se enfrentan estas minorías (véanse los Informes anuales, que contienen datos sobre todos los Estados Miembros de la UE) y, especialmente, la Charterpedia, que es una base de datos sobre los derechos de la Carta de Derechos Fundamentales donde, artículo por artículo, se insertan estudios, comentarios y jurisprudencia de los 28 Estados Miembros de la UE.

Se trata, pues, el tema de la nacionalidad, de un asunto de sumo interés. La nacionalidad o ciudadanía va ligada al voto en todo el mundo civilizado (con las excepciones legales que, normalmente basadas en el principio de reciprocidad, existen en todos los Estados). En este mundo globalizado al que tenemos que enfrentarnos hace que, por ejemplo, en el caso de Cataluña, la población, además de no ser socialmente homogénea y ser culturalmente diversa, tenga una población en la que el porcentaje de extranjeros llega al 13,60%.

El Govern de la Generalitat ha entrado en una peligrosa estrategia de confrontación con su propia ciudadanía

No podemos olvidar, tampoco, que en la década de los años cincuenta, sesenta y setenta del pasado siglo, Cataluña fue una especie de “tierra prometida” para miles de personas del resto de España, originándose el hecho de que hoy en día, la mayor parte de la población de Cataluña ya no es de “origen” estrictamente catalán. Pues bien, todos estos grupos poblacionales son objeto del deseo del secesionismo, recibiendo sugerentes “ofertas” si se “asimilan” al denominado “procés”, basado en el pretendido “derecho a decidir” que, los secesionistas, quieren ejercer con la celebración de un referéndum declarado contrario a la Constitución y el Estatuto de Autonomía por el Tribunal Constitucional, que está previsto para el próximo 1 de octubre.

En efecto, si hacemos caso de lo que se manifiesta en los Informes del “Consell per a la Transició Nacional” y los cruzamos con la Hoja de Ruta que, aunque la autoría sea un tanto confusa, circula por ahí como proveniente de la Asamblea Nacional Catalana, vemos que quieren crear un cierto paralelismo entre lo que han denominado “el procés” y la “Vía Báltica” y su conformación de la asimilación nacionalista.

Haciendo de la lengua un instrumento de dominación política, ofreciendo todo tipo de ventajas al por ellos considerado “foráneo” si se adscribe a los postulados del secesionismo y amenazando y considerando como traidores a los catalanes que se resisten, algunos activamente y otros sin significarse individualmente, a ser asimilados al “procesismo”, el Govern de la Generalitat está entrando en una peligrosa estrategia de la confrontación con su propia ciudadanía.

Ofrece “ventajas” a sus fieles mientras amenaza con depuraciones y represalias a “la disidencia”, medios de comunicación incluidos.

No se pueden prometer políticas sociales irrealizables mientras se dilapidan unos recursos, trabajosamente obtenidos y pagados por la ciudanía, en la orquestación de propagandas inmorales acerca de los “buenos catalanes” que se manifiestan contra el Tribunal Constitucional con independencia de cual sea su lugar de origen.

Dejémonos de ‘vías’ bálticas o catalanas y desconfiemos del nacionalismo etnicista y lingüístico

No se pueden prometer “papeles” a las minorías presentes en Cataluña si se adhieren a la causa secesionista, como se está haciendo, porque las políticas migratorias tienen una regulación jurídica, que no es disponible según los antojos de los poderes públicos.

No se puede constreñir la democracia a lo que el secesionismo considere, en forma populista, propio de tal sistema, considerando como fascistas y despreciando con un pretendido y displicente “unionista” a los catalanes que no quieren separarse del resto de España. No se puede, porque Cataluña es plural, rica en culturas y mestiza en sus gentes, lejana totalmente al monolitismo interesado que algunos pretenden falsamente edificar.

No se puede, tampoco, afirmar unilateralmente que la “nueva república catalana”, otorgará la nacionalidad a todos quienes estén su territorio, con derechos y prebendas añadidos, porque ello es, por una parte, demagógico (igual lo hicieron los movimientos independentistas del Báltico) y, por otra parte, jurídicamente un sinsentido.

En Cataluña vivimos muchas personas con una nacionalidad española y una ciudadanía europea a la que no queremos renunciar y no queremos, como en un Informe sufragado por la Generalitat consta, quedar en una situación similar a los ciudadanos del norte de Chipre, en la zona ocupada por Turquía, con derechos capitidisminuidos. ¿Cómo se conjuga ello con las promesas de “papeles para todos”?

Cataluña no está “ocupada” por España ni tiene una situación que pueda compararse a la de las repúblicas bálticas durante su adscripción a la URSS.

No hagamos filibusterismo jurídico al respecto. Dejémonos de “vías”, bálticas o catalanas y desconfiemos del nacionalismo etnicista y lingüístico, porque al intentar construir un país en torno a algo que, en el fondo, tienen que «reinventar», pueden darse el lujo de (re)crear las nuevas condiciones de ciudadanía, donde los no «asimilables» pueden quedar excluidos de derechos básicos y ser objeto de fuertes discriminaciones laborales, educativas, económicas y políticas.