El coste político del indulto

Con la confirmación de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a José Antonio Griñán y también a Manuel Chaves por delitos de prevaricación y malversación, se le complica la situación al “bueno” de Griñán de salvarse de la cárcel. Los dos dirigentes socialistas formaron parte, según la Justicia, de la red clientelar que desvió los 680 millones de euros de dinero público.

Una situación manifiestamente incómoda para Pedro Sánchez, que tanto ha utilizado la corrupción del PP para medrar en su carrera política y que se apoyó en una sentencia sobre la financiación irregular del PP, en el caso Gürtel, para ganar su moción de censura. Una sentencia que, por cierto, incluía unas consideraciones del polémico juez de Prada que el Alto Tribunal calificó de “excesivas”por mezclar asuntos que no se juzgaba en esa causa. De las constantes denuncias de la corrupción del PP, el presidente del gobierno ha hecho negocio político y ahora recibe, como un boomerang, la sentencia por corrupción propia. En su partido político en la Junta de Andalucía. Al más alto nivel.

El expresidente socialista no ha sido condenado por ser mala persona, sino por haber prevaricado

Pero del mayor escándalo de corrupción de nuestra democracia, se está preparando el caldo de cultivo para que “el bueno de Pepe” no vaya a la cárcel por haber consentido el funcionamiento de un sistema fraudulento. Todos los promotores, incluido Zapatero y Felipe González, los dirigentes socialistas vascos (en activo y jubilados) que se han sumado a la petición de indulto parcial o los 4000 firmantes de un manifiesto insisten en que se trata de una persona honrada.

Pero el expresidente socialista no ha sido condenado por ser mala persona, sino por haber prevaricado. La sentencia del Tribunal Supremo, precisamente, puntualiza que la existencia de prevaricación no precisa que el autor actúe guiado por motivos de interés personal, “siendo suficiente que las resoluciones que se dicten estén orientadas a eludir el cumplimiento de los procedimientos legalmente establecidos”. Blanco y en botella. Como declaró el propio Griñán en sede judicial:” No hubo un gran plan, pero hubo un gran fraude”.

Ha quedado demostrado, judicialmente, que existió un procedimiento orientado a eludir controles y poder repartir ese desvío de millones entre amigos, comisionistas, falsos jubilados y colectivos conflictivos que podrían alterar la paz social. Y la responsabilidad, en el caso de Griñán, fue mayor por su condición de consejero de Economía y Hacienda, que debió atender los avisos continuados del interventor sobre el uso inadecuado de las transferencias de financiación. No se llevó euros a casa, pero se llevó votos. Se benefició políticamente del uso delictivo del dinero público. Se benefició de esos votos cautivos por el reparto discrecional de los fondos.

La encrucijada de Sánchez

Otra cosa es que a Pedro Sánchez le esté quemando esta ‘patata caliente’ en pleno año electoral. Con el precedente catalán, que indultó a los condenados por sedición y malversación, ya demostró que está dispuesto a adoptar medidas que puedan incomodar a sus propios compañeros de partido.

La cuestión está en sopesar las ventajas y los inconvenientes de un indulto que, de concederse, viene a suponer una desautorización de la sentencia. Y, en el caso de Griñán, aunque sus promotores basen la razón en cuestiones humanitarias, no dejan de desautorizar a la justicia. La sentencia es injusta. Griñán es inocente. Ese es el mantra que añade una muesca más a la campaña de descrédito de la Justicia que se está llevando a cabo desde el propio Gobierno, en pleno pulso con el PP por la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

No será fácil imaginar que, desde el PP, no arremetan contra quienes, hasta ayer y desde la portavocía de la Moncloa, despreciaban sus críticas a la sentencia de los ERE fraudulentos porque se trataba de “personas que hoy ocupan despachos pagados con dinero negro”. Feijóo no se pondrá a la altura del barro de Sánchez, pero sus seguidores esperan que sea implacable con los corruptos.

No se trata de una cuestión de venganza, sino de defensa propia ¿La ley no es igual para todos cuando se juzga a delincuentes que pertenecen a una casta política como la socialista? Podemos no quiere este indulto. Su aliado de ERC, tampoco. En su partido en Andalucía mantienen distancias. Juan Espadas ha tenido que reconocer que él no puede pedir la medida de gracia, ni siquiera parcial, porque contraviene el Código ético del partido. Piensa en el código y, sobre todo, en las urnas.

Ese, el de la corrupción socialista, fue uno de los temas espinosos que causó desafección en buena parte de su electorado en Andalucía. Y ahora muchos temen que siga la tendencia a la baja. Por mucho que les anime Tezanos diciéndoles que, a pesar de todo, Sánchez ganaría las elecciones. El CIS, el único sondeo que tiene esa bola de cristal. Moncloa: tenemos un problema.