El coste de derogar la reforma laboral

El Gobierno de PSOE y Podemos se descolgó la semana pasada con una de las medidas más perjudiciales y contraproducentes a nivel económico de toda la crisis del coronavirus.

El sorprendente pacto alcanzado con Bildu para derogar de forma íntegra la reforma laboral de 2012 tendrá consecuencias muy negativas para millones de españoles, pero su alcance y significado van mucho más allá, ya que lanza un peligroso mensaje al conjunto de los agentes económicos e institucionales, cuyos efectos se extenderán como la pólvora.

Aunque el Gobierno tuvo que rectificar posteriormente, tras matizar que la citada derogación se limitará tan sólo a los aspectos más lesivos de la reforma, el mal ya está hecho.

No en vano, el restablecimiento de la ultraactividad de los convenios colectivos y su prevalencia sobre los convenios de empresa, tal y como pretende como mínimo el PSOE, resultaría tan dañino como anular la ley entera, con lo que, en la práctica, apenas habría diferencia entre uno y otro anuncio.

Sea como fuere, derogación total o parcial, el acuerdo alcanzado con Bildu se traducirá en una mayor destrucción de empleo y una tasa de paro mucho más alta, puesto que implicaría una mayor rigidez laboral en el peor momento posible.

Con 3,8 millones de personas registradas en el servicio público de empleo, 4 millones de afectados por ERTE y más de 200.000 empresas quebradas o en riesgo de quiebra, el panorama que afronta la economía nacional en los próximos meses resulta dantesco.

Sánchez está dispuesto a todo con tal de ejercer el poder, sin importar las consecuencias

En una situación como la actual, donde la pandemia obliga a modificar los hábitos de consumo, golpeando con ello el negocio y la facturación de sectores enteros, como el turismo, la hostelería o la automoción, las empresas necesitan la mayor flexibilidad posible para ajustar sus costes y adaptarse así de la mejor forma a la nueva realidad que impone el mercado.

Pero, si en lugar el facilidades, el Estado se dedica a disparar los costes de contratación, al tiempo que impone por ley, vía convenios colectivos, condiciones laborales que poco o nada tienen que ver con las circunstancias específicas de las empresas en cuestión, éstas tendrán que prescindir de parte de sus plantillas o, en el peor de los casos, cerrar de forma definitiva ante la imposibilidad de cubrir sus costes fijos.

Así pues, de salir adelante el citado pacto, lo que, a priori, sería un aumento coyuntural del paro, con una tasa superior al 20% o al 25%, se terminará convirtiendo en algo estructural y permanente, con el consiguiente empobrecimiento generalizado de la sociedad.

El problema, sin embargo, es que las consecuencias de tumbar la reforma laboral van mucho más allá del ámbito estrictamente laboral.

El hecho de que Pedro Sánchez haya plasmado la firma del PSOE en un acuerdo con Bildu para aprobar un cambio normativo de tal calado a cambio de prorrogar otros 15 días el estado de alarma da buena cuenta de la desesperación que existe en la Moncloa para tratar de mantener el poder político a toda costa. Especialmente si se tiene en cuenta que los votos de la izquierda abertzale eran innecesarios tras el pacto alcanzado con Cs.

Igualmente preocupante es la podemización acelerada de Sánchez y buena parte del PSOE. El presidente del Gobierno está aceptando de buena gana el programa político y económico de Podemos, con lo que la radicalización del Gobierno se acentúa a pasos agigantados.

Y ello a pesar de la profunda división interna que existe en el Ejecutivo acerca del peso y la influencia que debería protagonizar Pablo Iglesias. Que la ministra de Economía, Nadia Calviño, haya tenido que desautorizar en público la firma de un documento cuya existencia desconocía es un síntoma inequívoco de descontrol, desgobierno y absoluta ausencia de rumbo. Es un nuevo ejemplo de que Sánchez está dispuesto a todo con tal de ejercer el poder, sin importar las consecuencias.

Derogar la reforma laboral es un pésimo mensaje de cara al exterior

Este anuncio supone, por si fuera poco, la ruptura del llamado “diálogo social”, algo inédito en la historia reciente de la democracia española, puesto que la patronal no fue consultada previamente sobre dicha decisión. Y lo más grave es que, con independencia de si se aprueba o no, su simple formulación ya ha generado una enorme inseguridad jurídica entre las empresas, lo cual significa menos inversión y creación de empleo.

Y lo mismo pasa con los inversores internacionales. Derogar la reforma laboral es un pésimo mensaje de cara al exterior, minando así la credibilidad, confianza y financiación de la economía española. Por último, aunque no menos importante, constituye un gran jarro de agua fría a nivel europeo.

España no es un socio fiable si está dispuesto a adoptar una medida semejante en plena crisis. Si el Gobierno acaba precisando un rescate europeo, no faltarán los estados miembro que blandan este pacto para desaconsejar tal asistencia o, como mínimo, exigir condiciones adicionales a fin de garantizar la devolución del préstamo comunitario a medio plazo.

Sánchez e Iglesias están convirtiendo a España en la nueva Grecia de Europa.