El coronavirus tenía un precio
El Estado de alarma, si existe voluntad política, podría facilitar el aplazamiento de las elecciones vascas y gallegas
En plena pandemia vírica declarada por la OMS, la celebración de las elecciones en el Pais Vasco y Galicia se ha puesto en cuarentena. El tsunami del virus ha arrasado el panorama vital y económico y ha roto la vajilla electoral. Ni encuestas ni sondeos ni estrategias de campaña sirven ya Volvemos al punto cero.
La posibilidad de aplazar la cita con las urnas el próximo 5 de abril para evitar mayores contagios está sobre la mesa porque se espera que el ‘pico’ del coronavirus se visualice a principios del próximo mes. Pero el lehendakari Íñigo Urkullu, a diferencia de Alberto Núñez Feijóo, se muestra más cauteloso.
Estamos en un escenario sin precedentes. Mientras nos miramos en el espejo de Italia, esperamos las indicaciones claras que no hubo desde un principio. Si el miedo se ha propagado con mayor rapidez que el virus es porque los responsables políticos han ido suministrando información a cuenta gotas; sin atreverse a adoptar medidas tajantes que nos situaran delante de la epidemia y no a remolque.
Se actuó tarde. Y con irresponsabilidad. Por miedo a ser impopulares. Permitiendo y participando en las manifestaciones del 8-M y el mitin de Vox. Y ahora estamos viendo sus consecuencias. Dirigentes que participaron en los dos eventos, están contagiados.
Semejante irresponsabilidad tendrá un precio político a medio plazo. Los políticos que antepusieron sus intereses propagandísticos a la prioridad de la salud pública han perdido credibilidad. Si ahora, al menos, ya se reconoce que la situación en España es de emergencia, difícilmente se entiende el riesgo que podrían correr los ciudadanos vascos y gallegos si acuden a votar el 5 de abril.
La convocatoria electoral es muy tentadora. Todos los partidos estaban ya haciendo sus cálculos con los primeros sondeos de intención de voto sobre la mesa. Tanto Feijóo como Urkullu, precisamente, habían adelantado las elecciones para huir de la contaminación secesionista catalana y evitar coincidir con la fecha que elija Quim Torra.
Si existe voluntad política, sería factible aplazar las elecciones
Ahora se ven arrastrados por la contaminación vírica. El gallego, pendiente de revalidar su mayoría absoluta; el vasco, con perspectiva de ganar más escaños. ¿Pero quien asumirá el riesgo si la celebración de las elecciones provoca mayor contagio vírico? Porque ese peligro es irrebatible. Aunque la campaña sea virtual y los votantes vean a los líderes por televisión o en las redes desde el sofá de sus casas.
Pero con muchos colegios, centros y estadios cerrados, ¿la gente estará dispuesta a hacer cola en los colegios electorales ? Una votación tan distorsionada por la sicosis de la pandemia resultará anómala. Sin duda. Si se produjera una abstención desmedida, ¿los elegidos se sentirían legitimados? ¿O habrá que volver a repetir elecciones cuando pase la pesadilla del coronavirus?
En ese mar de dudas se mueve el lehendakari Urkullu, en constante contacto con la Junta electoral del Pais Vasco y con los partidos políticos.
La disyuntiva entre la protección de la salud de los ciudadanos y la garantía del derecho al voto no es menor. Se trata de salvaguardar el bienestar de los ciudadanos sin menoscabar sus derechos fundamentales en el proceso electoral. Todavía faltan 10 días para los actos multitudinarios que se tendrán que suspender. Pero existe una laguna jurídica.
Existe un vacío legal ante una situación desconocida que está obligando a los dos gobiernos implicados a improvisar una salida jurídica, porque no existe jurisprudencia para desconvocar citas electorales. Ni la Carta Magna ni la Loreg lo contemplan.
Se puede recurrir a la declaración de un ‘Estado de alarma’ concebido para circunstancias extraordinarias pero que no especifica , entre los derechos’ suspendibles’, el de desconvocar elecciones. Salvo que se utilice la calificación jurídica de “fuerza mayor”. Una declaración que solo la podría hacer el gobierno de España después de que los presidentes autonómicos interesados lo soliciten.
Si existe voluntad política, sería factible. Pedro Sánchez tiene a su favor que la oposición, a diferencia de la que él protagonizó en la crisis del ébola, está colaborando. Si mantienen la convocatoria el 5 de abril, se estarían lavando las manos. Y sería otra imprudencia más.
