El ascensor social y la libertad económica
Cuando las posibilidades de formarse y prosperar vienen fuertemente condicionadas por circunstancias externas o restricciones institucionales la movilidad social puede hacerse imposible
La desigualdad de renta puede generar incentivos al trabajo, la formación y el ahorro, así como la innovación y la actividad empresarial (Mirrlees 1971, Chaudhuri & Ravallion 2006, Galor 2009). Sin embargo, lo anterior sólo se cumple cuando la capacidad y el esfuerzo permiten alcanzar una mejor situación socioeconómica y para ello es preciso que haya movilidad social, entendida como el movimiento de las personas de un nivel socioeconómico a otro.
Cuando las posibilidades de formarse y prosperar vienen fuertemente condicionadas por circunstancias externas o restricciones institucionales, la capacidad y el esfuerzo pueden resultar insuficientes y la movilidad social hacerse imposible. Una movilidad social reducida limita las oportunidades de contar con mejores ingresos, seguridad en el empleo, oportunidades de promoción profesional, etc.
Así pues, sin un “ascensor social” que funcione, la desigualdad perjudica el crecimiento por diversas vías: deteriora el capital humano (ante la imposibilidad de formarse o el riesgo de enfermar), rompe la cohesión social (generando tensiones sociales), eleva el riesgo político (resulta más difícil implementar políticas procrecimiento) y eleva el riesgo financiero (conlleva un mayor endeudamiento) (Alesina & Perotti 1996, Barro 2000, Easterly 2007, Ehrhart 2009, Acemoglu et al. 2018, Schotte 2021).
En un informe reciente, la OCDE ofrece una imagen global sobre la movilidad social. El trabajo encuentra que, considerando los actuales niveles de desigualdad de renta y la movilidad intergeneracional, el niño de una familia pobre necesitaría por lo menos cinco generaciones para alcanzar un nivel medio de ingresos, en promedio en los países de la OCDE. En los países nórdicos el niño tardaría de dos a tres generaciones, mientras que en países como Colombia tardaría hasta once generaciones. En España el tiempo promedio es de cuatro generaciones.
Por otro lado, la base de datos del Atlas de Oportunidades elaborado por COTEC y la Fundación Felipe González, a partir del modelo del economista de Harvard Raj Chetty, analiza la trayectoria vital de 2.7 millones de jóvenes nacidos entre 1984 y 1990 y la correlación de sus ingresos con la renta de sus padres, cruzando los datos de la Agencia Tributaria. Los datos permiten medir el ascensor social en España.
Según esta base de datos, la probabilidad de que un hijo nacido en un hogar del quintil (20%) más pobre alcance el quintil más rico es del 13%. Arranca con desventaja —si no hubiese diferencias que heredar, debería tener un 20% de opciones de estar entre el quintil más rico — pero los datos comparados de otros países sugieren que no es una cifra especialmente negativa: en EE.UU esa probabilidad es del 7,5%, en Reino Unido del 9%, en Dinamarca del 13% (igual que en España) y en Canadá del 14%, según datos de Brookings.
La política fiscal de un país puede ayudar a corregir parcialmente el desigual reparto de circunstancias iniciales, sin modificar los incentivos económicos al esfuerzo, al ahorro y al trabajo
Estos datos cuentan con una limitación importante: el estudio no incluye información de las familias que no hicieron la declaración de la renta en los años analizados. Esos hogares estarán probablemente entre los más pobres de España, de manera que no sabemos cómo les fue a sus hijos.
Existen, además, diferencias importantes entre comunidades autónomas. La región con el mayor nivel de movilidad social es Cataluña, con tasas de movilidad al nivel de Escandinavia, mientras que las regiones con los niveles más bajos de movilidad absoluta y relativa son Andalucía y Canarias, con una movilidad absoluta similar a la del sur de Estados Unidos.
La política fiscal de un país puede ayudar a corregir parcialmente el desigual reparto de circunstancias iniciales (igualar oportunidades), sin modificar los incentivos económicos al esfuerzo, al ahorro y al trabajo. Algunas de los instrumentos de política pública más eficaces para impulsar la movilidad social son las inversiones en educación infantil o el apoyo a las familias vulnerables, que mitigan el impacto de las privaciones financieras en el futuro. Aumentar la tasa de empleo de las mujeres, reducir el desempleo de larga duración y reducir el diferencial de horas trabajadas entre los diferentes grupos socioeconómicos también puede contribuir a mejorar el ascensor social.
Pero existe un elemento adicional, a menudo olvidado en el debate sobre la movilidad social: la libertad económica. Un trabajo reciente (Callais & Geloso, 2022) ha identificado que la libertad económica tiene un efecto positivo y significativo en la movilidad intergeneracional de ingresos, incluso más importante que el efecto de la desigualdad de renta.
Los autores encuentran que hay dos subcomponentes de la libertad económica que tienen un efecto especialmente importante en la movilidad social. En primer lugar, el “sistema legal y los derechos de propiedad”, es decir, el acceso a un sistema judicial eficiente, independiente e imparcial que haga cumplir los contratos y proteja a los ciudadanos ante los riesgos de expropiación. En segundo lugar, la “flexibilidad regulatoria”, un marco regulatorio e institucional que configure los incentivos adecuados para la creación de negocios y la actividad empresarial.
La libertad económica no solo aumenta el conjunto de posibilidades legales para la actividad de los individuos de una sociedad, sino que, al aumentar los ingresos, también aumenta el conjunto de opciones mediante las cuales las personas pueden mejorar su situación socioeconómica. España no destaca en este aspecto – y ha descendido cuatro puestos en los últimos años en el Índice de libertad económica elaborado por el Instituto Fraser canadiense.
El ascensor social en España, medida en términos de movilidad intergeneracional de ingresos, es mejor que la existente en promedio tanto en la OCDE como en la UE. Sin embargo, existe mucho margen de mejora, especialmente en lo que atañe al desempeño del sistema educativo, el funcionamiento del mercado laboral y la flexibilidad regulatoria.