Hemos vivido una semana de aceleración histórica. La llave de vuelta del régimen restaurado después de Franco, la monarquía, ha quedado muy tocado. Esto no lo arregla una frase ritual de disculpa. La nacionalización de Repsol es importante por el golpe moral al prestigio internacional de España, que en Sudamérica es residual. Con todo, la respuesta de los mercados y las bolsas a las medidas de Rajoy todavía es de desconfianza. Y no puede cambiar cuando cualquier observador inteligente se da cuenta que la casta de altos funcionarios vinculados a las oligarquías financieras y de las empresas reguladas ex públicas sólo sacrifican aquellos ámbitos populares que deflactan el consumo o que podrían estirar la ocupación: educación y Catalunya. Como contrapunto, preservan todos los privilegios a un aparato estatal central macrocefálico, con la continuidad de obras públicas faraónicas con finalidad política y sin ninguna rentabilidad económica.
Pues bien, en este contexto, el Gobierno catalán que claramente ha priorizado una política de alianzas centrada en el PP, se encuentra en un callejón sin salida. Sobre todo porque la excusa del Gobierno de Madrid de no pagar las deudas con Catalunya y de no sentarse a negociar un nuevo sistema de financiación, se agranda: los cálculos más optimistas sitúan a España en déficit hasta 2018. Entonces, la bandera electoral de CiU –el pacto fiscal– pierde credibilidad.
El otro día, en una entrevista en Singulars, López-Casasnovas decía que no podríamos hablar de expolio mientras los partidos mayoritarios catalanes aprobaran los Presupuestos del Estado. Porque hay expolio cuando no hay consentimiento. Así pues, la primera obligación de CiU porque su apuesta sea creíble es no aprobar ningún presupuesto de Madrid hasta que se solucione el problema.
Segunda cuestión: el malestar ciudadano estalla en Catalunya porque centenares de miles de personas salen de la clase media cuando varios miembros de la familia están en situación de paro. En esta degradación, quienes vivían en la pobreza pasan a la miseria. La nueva revuelta de los peajes y el comienzo de la insumisión fiscal son indicios de la reguera de pólvora. CiU tiene que vehicular legalmente este malestar con decisiones que permitan generalizar el movimiento de insumisión. Tiene que facilitar el cumplimiento de los deberes fiscales a la Agencia Tributaria Catalana y tiene que establecer medidas de reducción de peajes por los trabajadores autónomos o parados que buscan trabajo.
Tercera cuestión: si el problema fueran las reticencias de los partidos con vínculos estatales, se tiene que emprender desde ahora una campaña de divulgación de los efectos sociales del déficit fiscal preferentemente en las áreas donde predomina el voto sucursalista. Que todavía es poco consciente de que son quienes pagan con más injusticia social la discriminación nacional.
Sin muestras claras y contundentes por parte de CiU, el pacto fiscal, en el marco del contexto de aceleración histórica, es sólo una rémora y un obstáculo para evitar el inevitable choque de legitimidades entre una España de baja calidad democrática e inviable económicamente –como nos recordaba hace poco el profesor Niño Becerra– y una Catalunya confiscada con voluntad de salir de la crisis a través del esfuerzo de la ciudadanía y que aspira a construir una democracia plena. La paradoja del momento puede ser que sólo una lucha por la independencia decidida –la República Catalana– puede llevar al Gobierno español a la mesa de negociaciones para conceder como mal menor el concierto económico.
