El 9-N: visto para sentencia
El juicio por el 9-N ha durado apenas una semana. El alegato final del fiscal, Emilio Sánchez-Ulled, ha puesto de manifiesto hasta qué punto está contaminada la justicia española. A pesar de sus insistencia en querer demostrar que este juicio no tenía un carácter político, va y después él mismo dice que lo «que ha pasado ha sido una ruptura de las reglas del juego democrático que todos nos hemos dado».
¿De qué está hablando, este señor, cuando afirma que vivimos en un sistema que garantiza cualquier opción política y democrática si exige la condena de quienes promovieron votar libremente? El fiscal está haciendo política, porque se supone que lo se juzgaba estos días es si había habido incumplimiento de la prohibición del TC y no si el orden democrático había sido violentado por los soberanistas. El fiscal enseña sus cartas porque el subconsciente le traiciona.
Este juicio es político y punto, como va a serlo el que tendrá lugar el 27 de febrero en Madrid contra el diputado Francesc Homs. Y así es como lo perciben las personas que protagonizaron la jornada del 9-N. La desobediencia fue colectiva y en aquel entonces nadie, ni Gobierno, ni la Guardia Civil, ni los jueces impidieron que se celebrase el proceso participativo que inundó los colegios electorales de toda Cataluña.
No hubo coacción de ningún tipo, ni denuncias, y fue a votar quien quiso. El fiscal sólo ha podido tirar mano como testimonio de la acusación de una directora de instituto, entre los más de 700 institutos públicos de secundaria que existen, quien además es una señora politizada y miembro de Ciudadanos, el partido españolista por antonomasia, para intentar probar que hubo presión a los funcionarios. Lamentable e insuficiente.
Este juicio está visto para sentencia y lo peor que le va ocurrir a la justicia española es que se constatará por enésima vez que es una justicia injusta, caciquil, dominada por la política, y con fiscales que responden a una jerarquía ‘militar’ propia de otros tiempos.
El fiscal Sánchez-Ulled ha demostrado, además, ser una persona arrogante, capaz de increpar a los testimonios en los pasillos del Palacio de Justicia, por lo que es legítimo dudar de su imparcialidad y profesionalidad. Su posición ha sido diáfana, no cabe duda, por lo que a los encausados no les va a quedar más remedio que recurrir a los tribunales europeos para encontrar la justicia que no se puede encontrar en esta España enferma por el odio a los soberanistas que se fomenta desde las instancias públicas y desde la prensa amiga y subvencionada. Claro está que el problema es mucho más profundo.
En 2015, la comisaria de justicia, consumidores e igualdad, Vera Jourova, presentó el ‘Cuadro de Indicadores de la Justicia en la Unión Europea’ que reflejaba que la justicia española es poco eficiente, de escasa calidad y una de las menos independientes de Europa. ¡Casi nada!
En octubre del año pasado, el Consejo de Europa riñó al gobierno del PP por la politización de la justicia y por haber ignorado las recomendaciones contra la corrupción que le hizo tres años antes. Al Consejo de Europa le preocupaba, también, la no-independencia del Consejo General del Poder Judicial, que es «crucial» que esté «libre de influencias políticas» para velar por el cumplimiento correcto del derecho a una justicia justa.
Se ve desde mil leguas de distancia que el proceso por el 9-N no ha sido justo. En primer lugar, por lo que también denunció el Consejo de Europa: por el sistema de elección de los altos funcionarios de la judicatura (presidentes de los tribunales provinciales, superiores, Supremo, etc.), puesto que no se siguen unos criterios objetivos, lo que suscita «dudas sobre su independencia, imparcialidad y transparencia».
La justicia no sólo tiene que ser independiente, sino que también «lo tiene que parecer», alertan los expertos. Y es que España está en la cola de los Estados en la denominada percepción ciudadana de la independencia judicial, ya que en este punto ocupa el 25º lugar, sobre 28, solo por encima de Croacia, Bulgaria y Eslovaquia; en tanto que en el ámbito mundial está en el 97º lugar sobre 144 Estados. La justicia española es bananera y lo que ha pasado en este juicio lo ratifica.
La indiferencia de los unionistas ante tanta arbitrariedad, ante una corrupción judicial que vulnera la libertad, acabará por pasarles factura y debilitará sus argumentos. Las arbitrariedades cometidas en los juicios por terrorismo pueden que les fuesen perdonadas por esa aceptación acrítica de la Ley del Talión, pero someter a juicio a los principales líderes del soberanismo catalán, que es pacífico y democrático, para quitarles de en medio y amedrentar al pueblo no les será perdonado.
No lo duden, aunque mañana se sientan victoriosos, cuando el juez designado por el PP condene a Mas, Ortega y Rigau y crean que en Cataluña no va a pasar nada, como cuando la justicia española condenó a penas de inhabilitación a la mesa del parlamento vasco por negarse a disolver a HB, los unionistas ya habrán perdido la partida. Cataluña no es el País Vasco y el independentismo catalán es hoy mucho más sólido que el vasco precisamente porque los moderados decidieron «plantar cara al Gobierno español» con la celebración del 9-N y ahora no van a bajar del burro, como ha recordado Artur Mas en su alegato final de este juicio-farsa. El Gobierno del PP quiso impedir que la gente participase de manera cívica y normal en una votación. No lo pudieron impedir ni lo podrán impedir en un futuro muy próximo.
La justicia en España no es ciega y la balanza con que se la representa está manipulada como ocurría en otros tiempos en algunos comercios. La estatua de la Justicia es hoy en día una mezcla de manipulación y mangoneo político que se está deteriorando hasta límites antidemocráticos. Es una justicia enferma, como el régimen del 78.
Napoleon Hill, escritor estadounidense que asesoró a los presidentes Woodrow Wilson y Franklin D. Roosevelt, decía que sin un sentido de justicia, ningún líder puede dirigir y mantener el respeto de sus seguidores. Y a continuación advirtió que lo que la mente del hombre puede concebir y creer, es lo que la mente del hombre puede lograr. Y los independentistas catalanes ya saben que, a pesar de las condenas judiciales, sus dirigentes van a conseguir que se vote más temprano que tarde precisamente por esa falta de respeto que sienten hacia el poder de un Estado arbitrario e injusto.
