Diarrea de leyes y promesas
Cuentan los historiadores que Franco llegó hasta prohibir por decreto la blasfemia y el uso de palabras malsonantes «por respeto a Dios, a la Patria y a la dignidad del lenguaje». Sin llegar a tanto, sus sucesores, sobre todo el actual Gobierno, el anterior de Zapatero y los ejecutivos autonómicos, no se han quedado mancos en el abuso del BOE ni en el «puedo prometer y prometo» que inauguró Suárez y que suele ser la antesala.
Un estudio del Instituto de Empresa muestra que desde el primer Gobierno democrático (1978) los decretos publicados –muchos quizá con buena intención y bien encaminados– se han multiplicado por más de diez. Y ponen en evidencia la obsesión de muchos gobernantes y parlamentarios de todos los niveles por resolverlo todo con incontables normas.
La Comunidad de Madrid es campeona en esta incontinencia. El año pasado publicó en su boletín oficial 94.159 páginas. Detrás figuran Castilla y León (87.936) y Cataluña (74.884). Incluso Murcia imprimió 50.265 y Castilla-La Mancha 40.551. Nadie puede pensar que la realidad social es más del doble de complicada en Madrid que en las tierras aledañas donde gobierna Cospedal, diez veces más extensas. O que se dejan de regular áreas esenciales.
Para los expertos tanta proliferación normativa denota el afán intervencionista de las administraciones y que no se controla la calidad del grueso de lo que se publica. La tentación de resolverlo con incontables normas, advierten, se acentúa en períodos electorales interminables como el presente. Es decir, con plenos municipales escoba como el presidido por Botella en Madrid que le ha otorgado una quinta torre a Villar Mir o consejos de ministros con regulaciones aplazadas e indultos de última hora.
La diarrea normativa es farragosa y poco útil para la sociedad. Supone un aumento del gasto para las empresas y un freno a la innovación. Al tener que estar siempre pendientes de la regulación exhaustiva, decaen las solicitudes de patente, modelos de utilidad y diseños industriales. «Burocracia y emprendimiento casan mal», se ha quejado en ocasiones el presidente de la CEOE, Juan Rosell, muy crítico con la «verborrea normativa permanente» de hasta cinco administraciones, como es el caso de Cataluña (central, autonómica, diputación, comarcal y local).
«En tiempo de elecciones, perdonen las promesas», rezaba estos días un tuit muy difundido. Quizá se refería, por ejemplo, al alcaldable socialista de Guadalajara, David Jiménez, que ha prometido que la ciudad tendrá su propia banda de música y no precisará la de la Diputación provincial, que ha gastado 1,5 millones de euros en tres años sin dar un solo concierto.
O los candidatos de Getafe y otros dos grandes municipios que analizarán los excrementos de los perros sin recoger en la vía pública y, tras comparar su ADN con la ficha biológica que tendrá todo can, localizarán a los dueños para multarles por su omisión incívica.
Luego, ya se reflejará la mecánica y las partidas presupuestarias en las páginas que haga falta del Boletín. Podríamos recurrir al pragmatismo de Quevedo cuando apunta: «Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir». Y todos podrían escuchar el consejo de Don Quijote, o mejor de su padre Cervantes, a Sancho hace 500 años a la hora de gobernar su ínsula: «Pragmáticas (leyes) pocas. Y que se cumplan». Lo último es otro pecado añadido.
