Sólo Chipre consigue arrebatarnos la medalla de oro en materia de desigualdad. La gestión de la crisis que se ha hecho en España nos ha situado como el segundo país de los 34 más industrializados (agrupados en la OCDE) donde más han crecido las desigualdades. Los ricos son más ricos y el número de pobres o en riesgo de pobreza ha aumentado de forma exponencial. La situación antes de la crisis no estaba para tirar cohetes, pero ha empeorado gravemente: 2,3 millones de personas se han incorporado a la estadística negra que el Gobierno no ha querido ni quiere ver. Ahora la población en situación de pobreza y exclusión llega a las 13,4 personas, según el último informe de la prestigiosa ONG Oxfam-Intermón. La desigualdad ha crecido incluso 14 veces más que en Grecia, que ya es decir.
El retrato de la España de 2016 es demoledor. Mientras los indicadores macroeconómicos registran una recuperación de la economía, la realidad es tozuda. Como dice Oxfam, la crisis nos deja más empobrecidos y más desiguales, con un insoportable nivel de paro y precariado. Buena parte de esos 13,4 millones de personas en riesgo de exclusión tienen empleo, pero empleo precario, a tiempo parcial o infrapagado.
Frente a millones de parados, la mitad de ellos ya sin prestación; frente a jóvenes que, preparados o no, carecen de expectativas de futuro; frente a una clase media degradada, cuando no arruinada, por la pérdida de poder adquisitivo; frente a esos empleos precarios y con demasiada frecuencia en régimen de explotación… Frente a todo esto nos encontramos con que las retribuciones de los altos ejecutivos han crecido un 80% durante la crisis. El 1% más rico de la población concentra tanta riqueza como el 80% más pobre. Inaceptable.
En materia de justicia social nos hemos quedado en el furgón de cola de los países desarrollados. Por mucho que el Fondo Monetario Internacional nos pronostique un buen año, lo cierto es que el crecimiento económico no beneficia a todos. La cohesión social ha sufrido un duro zarpazo. Poco consuelo proporciona que los españoles no disfrutemos en exclusiva el retroceso en el estado del bienestar. Nuestra realidad es la que es. Se combatió la crisis por la vía exclusiva de la reducción de gasto. La austeridad. O el austericidio. Los informes sobre desigualdad reflejan las consecuencias sociales del binomio crisis-austeridad.
Semejante panorama no ha producido estallidos sociales, pero sí que tiene consecuencias políticas. Porque no habrá estabilidad política si no hay estabilidad social, por mucho que se empeñen los adalides del neoliberalismo de culpar de los males de la patria a independentistas, populistas, socialistas irresponsables o a la borrasca de las Azores.
A este escenario se enfrenta el gobierno que viene, sea cual fuere y tenga el color que tenga. Deberá encarar el problema de la desigualdad –el principal problema de España hoy– con decisiones de calado. Porque ya no es solo que, por ejemplo, las grandes empresas lideren escandalosamente la evasión fiscal o que, en términos de PIB, la recaudación fiscal del Estado esté ocho puntos por debajo de la media europea. O que, como apuntaba recientemente el economista Vicenç Navarro, si los impuestos a los ricos fuesen en España como en Suecia, el Estado dispondría de 150.000 millones de euros más.
No es sólo eso. Es que la Unión Europea insiste en que España debe hacer más recortes para cumplir el déficit máximo en 2016. «Ajustes adicionales» de 9.000 millones, que deberá aplicar el Gobierno que venga. Sea el que sea. A esto se enfrenta el próximo ejecutivo: desigualdad explosiva y más recortes.
