¿Democracia?

He disfrutado observando cómo la opinión publica y los partidos del régimen añadían a la lista de improperios contra la izquierda independentista el de populista o seguidora de Trump. Y esto lo decían personas que siempre se han negado a condenar el franquismo, pretendiendo dar lecciones de democracia en los EEUU.

Pero en las pasadas elecciones de los EEUU, aparte de elegir presidente, los ciudadanos han votado en doce estados de los 50 para elegir gobernadores. Se han puesto a votación miles de cargos locales, asambleas legislativas del Estado, jueces y jefes policiales. Y es más, se han elegido 157 propuestas en decenas de referéndums estatales, para decidir desde la legalización de la marihuana, el salario mínimo, la cobertura médica, el control de armas, la eutanasia y hasta si los actores porno tendrán que usar condones. Sólo en California se han votado 17 propuestas, 15 de las cuales son iniciativas populares que han conseguido superar el techo de las 365.000 firmas.

Lamentablemente en la España perdonavidas de norteamericanos y demócratas independentistas, el régimen es de baja calidad democrática. Se ha visto en la reciente investidura de Rajoy, que reúne el apoyo directo o indirecto de la mayoría parlamentaria. Esto se asemeja cada vez más al Movimiento Nacional. En el mismo día de la investidura, el Tribunal Constitucional culminaba el golpe de Estado institucional, convirtiéndose en juez y ejecutor a la vez. Un tribunal penal que convierte la Constitución en código penal.

Cuando se propugna la politización de la justicia disminuye la seguridad jurídica de los ciudadanos y las empresas. Por lo tanto esto tiene consecuencias sobre los derechos personales y la capacidad de generar prosperidad.

Estamos ante las primeras señales del tornado. El otro día tuve acceso a informaciones del cuerpo judicial que lo advierten. Hay un gran enojo en la mayoría de miembros de la judicatura y del mundo de los abogados por el uso que el gobierno del PP, con la aquiescencia servil de PSOE-C’s, hace del ámbito de la justicia para dirimir cuestiones políticas. Están hasta la gorra de ser el campo de batalla donde los han colocado el gobierno del Estado y las actitudes desafiantes de algunos miembros de la CUP.

Se lamentan amargamente de la confusión que llega a la opinión pública entre los que son órganos políticos y partidistas como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial y los órganos judiciales propiamente dichos. Que el TC haya asumido competencias claramente judiciales. Y que las micro desobediencias de la CUP hagan blindar al cuerpo, en vez de abrirlo para que afloren estas profundas críticas al gobierno de España.

Y sólo esperan dos milagros en orden indistinto: que en la transición hacia la república catalana saquen de los juzgados ordinarios los delitos de opinión o sobre símbolos, para que se puedan dedicar con normalidad al resto de 99% de asuntos que importan al ciudadano. O bien que los que se autodenominan regeneradores de la vida política española, aprovechando la minoría del PP, anulen todas las leyes o artículos de ley restrictivos de libertades políticas y de opinión que hayan entronizado los últimos gobiernos.

Macedonia

Entre las noticias de la semana están la broma del presidente del Eurogrupo, que dijo que la recuperación económica española ha sido gracias al hecho de no haber tenido gobierno hasta ahora; y que el presidente de Asturias y de la gestora haya afirmado que 170.000 pensionistas asturianos sufrirán si Cataluña rompe la caja única. Al mismo tiempo, ha estado la visita (al final pospuesta) de Felipe VI (V de Cataluña) en Arabia para apoyar a las transacciones entre la teocracia saudí y el capitalismo del BOE. Y a interesarse por la continuidad de las comisiones de su padre.

Mientras tanto, la patronal valenciana urge en el Gobierno a poner fecha al AVE entre Barcelona y Alicante. Y la Cámara de Comercio denuncia que la inversión del Estado en Cataluña llega al mínimo histórico. Pero, según el Financial Times, Cataluña es la comunidad que más crece en inversión privada en los últimos cinco años. Y gracias a la concertación social y la negociación colectiva, claves para las economías que quieren ser competitivas, se llega a un acuerdo en el conflicto laboral de Nissan.