Admito que, si yo fuera nacionalista, la sola mención de “un tancament de caixes” me pondría los pelos como escarpias. Los más dados a la ensoñación histórica, el recuerdo de aquel acto de finales del XIX en que la Junta de la Lliga de Defensa Industrial i Comercial decidió cerrar sus establecimientos y negarse a pagar en consecuencia la contribución especial a la que les quiso someter el entonces ministro de Hacienda español, Raimundo Fernández Villaverde, para sufragar los gastos de las guerras coloniales, se emocionarían ante la posibilidad de volver a alinear la actual realidad catalana con un idílico hilo conductor en la historia.
Es posible que usted, honorable conseller de Economia, sometido a tensiones extraordinarias desde que accedió al cargo por la dramática situación en que encontró su gobierno la tesorería de la Generalitat, tuviera esa sensación cuando sucumbió a la tentación de rememorar ese hecho para amenazar al gobierno central si no accedía a liberar unas partidas presupuestarias que les reclamaba. Por las razones expuestas, la idea de revivir ese escenario ha hecho fortuna y a su evocación se le ha sumado ya en estos días el presidente de CiU en el parlamento catalán, Oriol Pujol, entre otros.
Pero también creo que habrá muchas personas en este país, entre los cuales quiero pensar que nacionalistas, catalanistas, agnósticos, españolistas…, a los que desde su estricta militancia como ciudadanos sujetos a derechos y obligaciones fiscales, esa propuesta política, el tono en el que se envuelve, les moleste profundamente.
En primer lugar, la España y la Catalunya actuales, su andamiaje legal y constitucional, nada tienen que ver con la situación que se vivía en 1899, fecha del tancament, ni es esperable en los próximos 10 años una reedición de la Setmana Tràgica. Las comparaciones, conseller, son odiosas y además las carga el diablo. En segundo lugar, y entre otras cosas por lo anterior, el chantaje o la amenaza son unas pésimas herramientas políticas, que quizás otorgan réditos a muy corto plazo pero que desgastan profundamente incluso al propio electorado. Y, en tercer lugar, porque la credibilidad, la autoritas política, se basa en el cumplimiento de la legislación, no en la insumisión del tipo que sea. Conseller Mas-Colell, con todo el respeto que me merece su cargo y su largo y brillante historial académico y de servicios al país, me temo que está usted cayendo en una espiral de errores políticos de bulto.
Desconozco si tiene razón el govern o el gobierno, la administración autonómica o la central, pero no pueden mantener como rehenes de sus disputas a proveedores y funcionarios. Me cuesta trabajo saber cuál de las dos partes defiende la posición correcta en la reclamación que les enfrenta, porque, entre otras cosas, ustedes, los de Madrid y los de la plaza de Sant Jaume, los de allí y los de aquí, están construyendo unas estructuras administrativas cada vez menos transparentes y, por tanto, de menor calidad democrática: ¿Cómo es posible que tras un traspaso “modélico” de poderes se nos diga que el déficit del Estado será del 8 y algo por ciento y no del 6 como se estaba afirmando (¡más de una tercera parte de torna!), una situación similar por cierto a la vivida aquí cuando el tripartito les traspasó el poder? ¿Qué capacidad real hay de control de un gobierno del rango que sea? ¿Quién les controla, aunque esa función sea la base de la división de poderes que sustenta la democracia?
Por favor, conseller, diriman sus diferencias desde la discreción y el trabajo y olviden actitudes propagandistas que tanto nos cansan y nos distraen en estos momentos de extrema dificultad. Déjense de consultas, pues tienen ustedes la más alta legitimidad, la que les otorga la victoria obtenida en los últimas elecciones, refrendada por cierto en los últimos comicios municipales, y vayan codo a codo las diferentes administraciones a solucionar problemas en lugar de crearlos. Pongan ustedes, en fin, en el frontispicio de su actuación aquella frase de un hombre de estado cuyo nombre no recuerdo que dijo que los gobiernos sólo hablan a través del BOE. En su caso, claro, del DOGC.
