Del ‘pensionazo’ de Pagès, al silencio de Mata
Los dirigentes del derruido mapa de cajas de Antoni Castells han tenido que retratarse, en lo que a sus emolumentos se refiere, antes de cerrar el año a requerimiento del amortizado gobernador del Banco de España, Mafo. La elección era simple: o salir en la estampa de la transparencia y aguantar el posible chaparrón, o bien seguir ocultos en el mar de dudas y dormir el sueño de los justos, al menos, por unos meses más.
En una semana en la que los sueldos han copado titulares, por motivos tan dispares como la retribución del Rey o por el garrotazo asestado a las nóminas de los funcionarios de la Generalitat, los dirigentes de las entidades de ahorros catalanas y de las otras cinco participadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) han debido publicar su retribución completa, o bien oponerse específicamente a su comunicación acogiéndose a la Ley de Protección de Datos.
El destino es tan retorcido que el ultimátum del Banco de España venció el viernes, cuando se supo que la primera bofetada del presidente Rajoy irá directa a las apenas 20 millones de nóminas que se despachan mensualmente en este país, que quedarán recortadas, de media, en 3,5 puntos. Pocas horas después de ese anuncio, a media tarde, supimos que el presidente ejecutivo de CatalunyaCaixa (91% Frob), Adolf Todó, cobra 1,55 millones; y que el director general de Unnim (100% Frob), Jordi Mestre, ingresa poco más de 960.000 euros.
Gracias a Mafo descubrimos que Todó es el banquero más rico del lugar, ya que el casi presidente de la Generalitat, Isidró Fainé, recibe 1,3 millones al año por dirigir el conglomerado de La Caixa, como fuentes no oficiales recordaron oportunamente tras publicar Bankia (4.465 millones inyectados por el Frob 1) que Rodrigo Rato percibe 2,3 millones en total.
Sin duda, el envite del gobernador Mafo, como gusta al sector abreviar a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, es un dardo envenado que sólo cubre las espaldas al regulador ante el tsunami financiero que se avecina en 2012. Con la opinión pública escandalizada por los sueldos del sector, al que se le atribuye la recaída económica, el Banco de España asume el papel de Poncio Pilato: dejando en evidencia a las cajas, se ha vacunado contra los futuros pensionazos, que los habrá.
La mayoría de las entidades Frob acabarán en el estómago de otras franquicias y será entonces cuando empiecen a conocerse los desmanes de los gestores absorbidos y que ahora recurren a la privacidad para no pormenorizar sus rendimientos laborales. Pero con toda probabilidad, aquellos que no han explicado cuánto y por qué lo cobran, verán su sueldo, su plan de pensiones y blindaje en los medios de comunicación cuando el sector se reestructure, quién sabe si antes.
Es lo que le ha sucedido a la troupe del pensionazo de Penedès. La integración de la caja en Banco Mare Nostrum desmoronó la arquitectura tramada por Ricard Pagès y sus correligionarios para amasar a hurtadillas del consejo de administración un multimillonario plan de pensiones. En total, más de 25 millones a repartir entre cinco. Si hay más pensionazos en otras cajas, sus beneficiarios pagarán la pena de Telediario, como diría Xavier Salvador, por muy legítimas que esas retribuciones pudieran ser.
Y es esta la reflexión que probablemente han hecho en CatalunyaCaixa y Unnim: si los sueldos de sus dirigentes son justificados y pueden ser defendidos por muy altos que sean, ¿por qué ocultarlos? El único reproche que tiene el desglose de las nóminas de directivos y consejeros es que llega tarde, no la cantidad. Ahora sabemos que el plan de pensiones de Todó es de 3,47 millones –la mitad que el autoasignado por Pagès– o que el consejero delegado de CatalunyaCaixa, Jaume Masana cobra 866.000 euros. También podemos apuntar que el nuevo hombre fuerte de la entidad, David Griera, cobra 244.000 euros.
El equipo directivo de Unnim se reparte tres millones. Hasta última hora estuvieron debatiendo si desglosar sus retribuciones o no. Más que las cantidades, a algunos directivos les preocupaban los motivos de proximidad, pero al final publicaron. Sus sueldos oscilan entre los 138.000 euros y los 283.000 euros.
Pero aunque al final hay datos para aburrir, como los blindajes de Todó y Mestre (2,44 millones y 358.000 euros respectivamente) no he encontrado ningún apunte que satisfaga mi curiosidad –o morbosidad, como la describe Gonzalo Bernardos– periodística. Ilusamente esperaba que Mafo instara a comunicar cuánto se han embolsado los responsables de inducir a las cajas hasta semejante estado comatoso.
Todó y Mestre gestionan el desaguisado, pero Antoni Serra Ramoneda, Narcís Serra y Enric Mata levantaron la polvareda que ha generado la actual ciénaga. ¿Cuánto cobraron? No lo sabemos. Y los tres guardan silencio, aunque es la discreción de Mata la más llamativa por producirse su salida pocos minutos antes del desembarco del Frob en Unnim. A lo sumo, por aproximación, conocemos que los seis directivos de la caja comarcal que salieron de la entidad este año han cobrado, en conjunto, 5,95 millones en derechos de pensiones. No está mal por arrastrar a una caja hasta el amparo del Banco de España.
Es un silencio que desprestigia. La socorrida Ley de Protección de Datos ha servido de punto de fuga para muchos consejeros y directivos. Pero no parece razonable desconocer cuánto han cobrado los responsables de conducir a las cajas hasta un futuro, cuando menos, incierto. La banca atraviesa un momento en el que, además, la transparencia debería primar en un sector vital pero aquejado por los comportamientos y desmanes de los gestores del qué hay de lo mío.