Del espíritu olímpico al fraccionismo  

Iniciamos la semana conmemorando el trigésimo aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona. El espíritu olímpico en España fue hijo del espíritu de la Transición. Fue el ansia de modernidad, el respeto por la diversidad y la pasión por la libertad. Fue la colaboración de las diferentes administraciones, y de estas, con las empresas privadas. Fue el gran éxito del talento y la cooperación, solo amenazado por algunas acciones de las juventudes pujolistas. El mundo nos miraba entonces con admiración.

Treinta años después, sin embargo, nos sobrevino la decadencia. Recientemente, aspirábamos a unos Juegos de Invierno con Aragón, pero la mediocridad y el sectarismo se llevaron el sueño por delante.  

Aquella minoría que en el 92 blandía contra Barcelona el hipócrita eslogan “Freedom for Catalonia” se iría adueñando de las instituciones y también de la sociedad civil. La burguesía desapareció y la cerrilidad tomó el control. La década procesista parece no tener fin. De hecho, la semana acaba con una nueva jornada infame en el Parlamento de Cataluña. Ante las puertas de la institución se reunió este miércoles una pequeña masa para decirle a Laura Borràs que no estaba sola.

A las puertas del juicio oral, los integrantes de la mesa del Parlament no tenían más opción que aplicar el artículo 25.4. del reglamento de la cámara y dejar en suspenso la presidencia de la diva del procesismo. ¡Lawfare!, claman sus acólitos. Pura posverdad: la investigación fue iniciada por los Mossos d’Esquadra cuando seguían la actividad de un narcotraficante, falsificador de billetes y buen amigo de la imputada; y el susodicho artículo reglamentario fue una invención de los partidos independentistas. Ellos mismos se ajustaron la soga. 

La Fiscalía acusa a la ya expresidenta de prevaricación continuada y falsedad documental, y pide para ella 6 años de prisión y 21 de inhabilitación por los clarísimos indicios de corrupción. Los mails publicados son devastadores, pero el club de fans es impermeable a las evidencias, y ella lo sabe. Cualquier atisbo de decencia debería haberla llevado a la dimisión, pero se resistió y murió matando. Lo suyo no es corrupción, se lamenta. A saber qué será para ella fraccionar contratos para beneficiar a un amigo. Se aferró a la poltrona hasta el último minuto y abrió una nueva guerra entre partidos independentistas, tomando, una vez más, las instituciones públicas como rehén. El prestigio del Parlament, por los suelos. 

Toda política de identidad fracciona la sociedad con el único objetivo de alcanzar y mantener el poder

No es la única institución que se ha lucido estos días. El pasado sábado, en un acto subvencionado por el Ministerio de Igualdad, la Generalitat, la Diputación de Barcelona y el ayuntamiento de la ciudad se apalearon imágenes de políticos no afines a estos gobiernos, entre los cuales estaba Isabel Díaz Ayuso. No fue una defensa de los derechos del colectivo LGTBI, sino un acto de la peor propaganda partidista, apología de la violencia y fomento del odio que todos los demócratas deberíamos condenar rotundamente.

El feminismo de algunos es una simple máscara ideológica, una coartada para la exclusión del debate público y una burda trampa electoralista. Y es que toda política de identidad fracciona la sociedad con el único objetivo de alcanzar y mantener el poder. Al nacionalismo y a la izquierda woke les une el fraccionismo. 

Impunidad y exclusión

La alianza entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Pere Aragonés es, pues, el antiespíritu olímpico. Es el fomento del resentimiento y de la exclusión. Los recientes pactos de la mal llamada “mesa del diálogo” son una prueba irrefutable. La “desjudicialización” de la política y el “blindaje” del catalán son conceptos de su neolengua para disimular una realidad que no es otra que la impunidad y la exclusión.

Los separatistas pensaban que iban a una mesa de negociación y se encontraron con una barra libre. Sánchez les ha otorgado todo: la impunidad para volver a delinquir, y vía libre para excluir el castellano y a la mayoría de los catalanes. Con la impunidad pretender burlar el Código Penal, y con la exclusión castellana aspiran a saltarse la Constitución. Han pasado solo treinta años, pero parece un siglo.