Hace unos días, Economía Digital publicó la noticia: “Royes, el socialista catalán que lleva 33 años en coche oficial”, una información que, aunque de puertas afuera no ha causado un especial revuelo -esto es el oasis, recuerden-, sí nos consta que ha escocido y de qué manera en el entorno político del personaje en cuestión y en algunas otras esferas que no detallaré.
La noticia, obviamente, no la generaba el hecho de que lleve 33 años sin que, como quién dice, sepa lo que es llenar un depósito de gasolina. No. La noticia es que sigue disfrutando de esas prebendas cuando hace dos meses que no tiene ninguna ocupación conocida en el Consorcio, que lo único que puede poner en la tarjeta ya es el título de presidente de una sociedad, filial, eso sí, del citado organismo, Barcelona Glòries, pero que desde hace un mes está en liquidación y antes apenas gestionaba 1.500 plazas de parking.
Royes es uno de esos políticos que ha hecho del perfil bajo todo un arte para su permanencia en los cargos que ha ocupado. Es difícil encontrar en sus 33 años en puestos de primer nivel tanto en la administración como en el partido alguna propuesta política innovadora, brillante, alguna apuesta más o menos arriesgada… Y, sin embargo, ahí está, ahí ha permanecido hasta sus actuales 71 años. Me aseguran que hizo una buena labor cuando presidió la Diputación, en comparación a la gestión de Corbacho y especialmente de Montilla. De su etapa en el Consorcio ya no tengo las mismas informaciones.
Probablemente, si la ansiada ley de transparencia cuyo primer borrador ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros hubiese estado en vigor, hechos como éste tendrían un coste mayor para aquellos a los que se les nubla la vista cuando se trata de distinguir entre ilegalidades y amoralidades. Con toda seguridad, si España no hubiese sido hasta este último viernes uno de los pocos reductos de la OCDE sin una ley de este tipo, no tendríamos el grave problema de corrupción que hoy sufrimos. ¡Curiosa paradoja para la izquierda: ha tenido que ser un gobierno del PP el que la aprobara, precisamente cuando está a punto de hacerse con un poder casi absoluto!
Con una administración obligada a ser transparente, sería impensable que una institución como la Associació Catalana de Municipis pudiera protagonizar el bochornoso espectáculo que ha dado esta semana al negarse a que la Sindicatura de Comptes les audite, a pesar de los escándalos firmados por su exsecretario general Josep Maria Matas y su compañero Xavier Solà. Una asociación, la ACM, integrada exclusivamente por ayuntamientos y sufragada al cien por cien por los fondos públicos de la Diputación y la Generalitat. Con una ley de transparencia, comme il faut, a alguno se le habría caído la cara de vergüenza al tener que confesar que el Tribunal de Cuentas lleva desde 2006 sin emitir el preceptivo informe sobre las finanzas de los partidos políticos. Por ejemplo.
Pero tampoco quiero ilusionarme en exceso. La ley impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy apenas es hoy un borrador. Habrá que esperar a hacer unos análisis más en profundidad sobre el texto definitivo y detalles importantes que a estas alturas desconozco, como por ejemplo, los plazos que impone y las sanciones a los que la incumplan, y habrá que ver cómo se traslada a todo el andamiaje autonómico y local. Por ahora seguiremos manteniendo nosotros la ilusión de que acabe siendo una buena ley y Royes, su coche oficial.
