El ‘dedazo’ del fiscal general

En contra de la mayoría de los fiscales del Consejo. Así logró Dolores Delgado su designación como fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Se empeñó el Fiscal General, Álvaro García Ortiz, en imponerse a la voluntad de sus compañeros para devolver a su protectora todos los favores debidos con una jefatura a la carta.

Y como siete de los jueces fiscales del Consejo no quisieron participar de la farsa, el fiscal general eligió a su amiga, a dedo. Todo muy propio de otros regímenes. No de un Estado democrático como el nuestro.  

Son los últimos coletazos del gobierno de Pedro Sánchez. Movimientos a la desesperada, en tiempo de descuento, en vísperas de campaña electoral. Cuando las Cortes ya están disueltas. Con estas maniobras tan burdas, asaltando instituciones para dejarlo todo atado y bien atado para cuando el PSOE tenga que pasar a la oposición, se socava aún más el prestigio de la institución.  

La obsesión por controlar cualquier resorte de poder, con tics autoritarios, nepotismos y con ausencia de escrúpulos, ha llevado a la Asociación de Fiscales a pedir, por primera vez, la dimisión del Fiscal General. Con acusaciones tan graves como la de haber utilizado canales institucionales para “ajustar cuentas” y “manipular” información en beneficio de su interés personal.  

En el Consejo Fiscal más tenso de los últimos años, en donde la mayoría de asistentes se negaron a deliberar y votar el nombramiento de Dolores Delgado, el Fiscal General no se molestó en guardar las formas. Alvaro García Ortiz ni siquiera se abstuvo a la hora de designar a su protegida Dolores Delgado a la que le une un vínculo de amistad personal. Debía haberlo hecho. Por decoro. Por ética. Por apariencia. Debía de haberse tapado un poco.

Los vocales críticos con esta maniobra de recolocación han hablado de “conflicto de intereses” en Dolores Delgado y, en consecuencia, razones de incompatibilidad para el cargo. Y no les falta razón. La necesaria apariencia que debe mostrar esta Fiscal en comisión de servicios, se ve torpedeada por ser pareja del ex juez Baltasar Garzón cuya influencia en los informes de la ONU que son objeto de estudio en la Ley de Memoria democrática fue determinantes.

El juez inhabilitado es administrador único del despacho Illocad, especializado en Derechos Humanos. La especialidad a la que deberá entregarse la recién nombrada. 

Esta Fiscalía a medida de Dolores Delgado tiene que asumir funciones muy delicadas según la Ley de Memoria Democrática. Investigar violaciones de los derechos humanos “incluido el golpe de Estado, la guerra y la dictadura”. Tiene una competencia crucial para el fomento de la convivencia.

No parece que el perfil de quien fue Fiscal General del Estado después de haber sido ministra socialista, comensal confidencial del comisario Villarejo, pareja de Garzón y ministra reprobada tres veces por el Congreso, sea el más adecuado. 

La desconfianza ciudadana hacia la independencia judicial

No es casualidad que el informe anual que presenta la Comisión Europea sobre el cumplimiento de derechos y la calidad democrática en los estado miembros haya dicho que España es uno de los países en los que el ciudadano tiene menos confianza en la independencia judicial.

Lógico. Con este tipo de comportamientos gubernamentales que no denotan otro afán que el colonizar la justicia, sólo se consigue distancia y desafección del ciudadano.

Con el nombramiento de Dolores Delgado hay razones para pensar en una colisión de intereses, precisamente por eso: por la coincidencia de intereses entre su negociado y el de su pareja, el juez inhabilitado. El sanchismo no repara en detalles. Tiene prisa por amarrar el escenario del día después del 23 de julio. Da por descontado que van a perder las elecciones.

Si sus socios de ultraizquierda no son capaces de unir fuerzas no podrán sumar para seguiré gobernando. De ahí su urgencia por colocar a los peones. Pertrecharse en el grupo parlamentario, como fortín de resistencias, y colocar a los suyos en los puestos clave del máximo número de instituciones.

A Feijóo le aguarda un trabajo ímprobo, si llega a la Moncloa, para desactivar todas las minas que está plantando Pedro Sánchez. La derogación del sanchismo requerirá volver a ordenar el desbarajuste jurídico y político que han organizado los socialistas populistas y la extrema izquierda comunista apoyada por los independentistas. Tiene a su favor la convicción de un proyecto y la claridad de a sus líneas rojas para descartar alianzas: la Constitución.