De lenguas y políticos (y de sufridos ciudadanos)
Recientemente, los sufridos ciudadanos asistimos hastiados a la enésima muestra del uso de una lengua como herramienta identitaria al servicio del separatismo por parte de los políticos catalanes: en el programa “Jo pregunto” que emitió TV3 el Presidente (por accidente) de la Generalitat, el Sr. Carles Puigdemont, contestó a las preguntas que, libremente, le hicieron varios ciudadanos. Entre ellos la Sra. Mari Carmen Penacho, que le cuestionó sobre la desaparición del castellano de las instituciones catalanas. Mari Carmen, una lúcida octogenaria con las ideas muy claras, expuso sus preguntas, con valentía y corrección, en catalán y castellano (como fiel reflejo de la realidad lingüística en Cataluña), denunciando de este modo la sistemática desaparición del español de las instituciones catalanas y la consiguiente y forzosa implantación del monolingüismo, execrable tarea en la que se ha volcado el gobierno catalán desde hace décadas.
Mari Carmen desmontó al Presidente Puigdemont, que le contestó con una serie de lugares comunes repetidos hasta el aburrimiento: “que en Cataluña hay convivencia lingüística; que el sistema garantiza el conocimiento de las dos lenguas; que si algún idioma está en dificultades en Cataluña es el idioma “propio” del “país”, el catalán (negando de esta manera que el castellano sea también lengua propia de los catalanes, que por cierto es la lengua materna de más del 50%); que hay un sinfín de canales de televisión en castellano (pero ninguno público catalán); que los cines proyectan películas en castellano; bla bla bla…”
Pero Puigdemont no respondió a la falta de comunicación en castellano por parte de los poderes públicos, a la total desaparición de impresos y folletos en castellano en muchas dependencias de la Generalitat, los Ayuntamientos, los hospitales, las escuelas, los centros cívicos, etc. y a la rotulación únicamente en catalán de los servicios a la ciudadanía. Mari Carmen, con su clarividente intervención, denunció el “olvido” intencionado de las instituciones catalanas de uno de los dos idiomas oficiales que hay en nuestra región y que, como tales, son reconocidos por las leyes.
Puigdemont continuó cubriéndose de gloria y contestó a Mari Carmen que Catalunya, más que un país bilingüe, es un país multilingüe. ¡Multilingüe! ¿Qué quiso decir con eso? ¿Que es probable que todos los catalanes que conocen suficientemente el catalán y el castellano también dominan como él, por qué no, el francés, lengua que usó en su fallida conferencia en Bruselas para vender la secesión? ¿O que por cuestiones de mayor proximidad genética con el pueblo francés que con el español, como afirmó el Sr. Oriol Junqueras en esa refulgente “tesis” racial que quedará para la Historia, todos los catalanes llevamos el francés en el ADN?
Pero la Alcaldesa Colau no se queda para nada atrás con el tema del multilingüismo y prefiere para sus administrados la utilización del árabe, el tagalo y el urdú antes que el castellano, idiomas que, junto con el catalán, deben ser para ella los idiomas más importantes de los casi 200 que se usan en Barcelona, ya que lo único que pretende de la población castellanoparlante no es garantizarles sus derechos (reconocidos por la ley) sino pedirles el voto. No contenta con ello la Sra. Colau, en los Estatutos de su nuevo partido, define Cataluña como una República social y democrática con un idioma propio, el catalán. No hay lugar para el bilingüismo. El recurso a la lengua propia no es baladí porque supone para los habitantes de una comunidad la ineluctable obligación de conocer y emplear en su relación con las administraciones públicas, el idioma catalán, justificando de esta manera la erradicación del otro idioma que tan poco parece gustarle y que a su parecer no necesita ningún tipo de protección.
Puigdemont continuó cubriéndose de gloria y contestó a Mari Carmen que Catalunya, más que un país bilingüe, es un país multilingüe. ¡Multilingüe! ¿Qué quiso decir con eso?
Pero esta discriminación lingüística y social no acaba aquí. Los legisladores catalanes (tanto de partidos separatistas como de partidos colaboracionistas) no tienen ningún tipo de reparo en aplastar la diversidad lingüística y la libertad de elección de los ciudadanos obligando al comercio, pequeño y mediano, y a las grandes superficies, todos ellos de capital privado, a rotular en catalán para evitar las fuertes sanciones establecidas en el Código de Consumo de Cataluña el cual prevé que los consumidores tienen “derecho” a recibir en catalán la información de carácter fijo, tanto en exteriores como en interiores. Este derecho, sin embargo, no alcanza al idioma español, muy al contrario, mantener la rotulación en este idioma ha sido causa de inspecciones y denuncias de particulares que han derivado en injustas sanciones absolutamente faltas de ética.
Pero las exigencias de las instituciones se han relajado con los años y los rótulos en inglés o en árabe en las ciudades catalanas están al orden del día, especialmente en las zonas turísticas o en los barrios étnicos, sin que se actúe con el mismo rigor que contra el castellano, ya que no son lenguas invasoras en su imaginario político de “país”. Hasta el propio Fútbol Club Barcelona inserta en el espacio público la publicidad de sus partidos en inglés, invitando a asistir a los turistas con un “Live it at Nou Camp”. ¿Debería ser sancionado el Barça por ello –al igual que los sufridos comerciantes y restauradores- o deberían todos ellos gozar de la libertad de elección que garantiza cualquier democracia a través del ordenamiento jurídico?
Muchos de los catalanes, sufridos ciudadanos, también lo tenemos claro: no permitiremos que nadie pisotee ni las leyes ni nuestros derechos ni ninguna de nuestras lenguas
Pero el conflicto lingüístico no acaba aquí. Los propietarios de una vivienda en Cataluña, en régimen de propiedad horizontal, tienen que redactar obligatoriamente en catalán la acta de la reunión de su Comunidad de vecinos en donde se recogen los acuerdos de la Junta, porque así se ha establecido en la vigente normativa autonómica de obligada aplicación, coartando a las comunidades de vecinos e impidiendo que puedan escoger libremente en cuál de nuestras dos lenguas oficiales desean redactarlo.
Sobre estos atropellos de los derechos de los catalanes castellanoparlantes (repito, más de la mitad de la población) hay cientos de ejemplos más (como la educación) pero no voy a entrar porque más que un artículo sería ya el capítulo de un libro, así que volviendo a la entrevista del Sr. Puigdemont, lo que éste no supo o más bien no quiso responder a la Sra. Mari Carmen, es algo obvio para cualquiera que viva en Cataluña y decirlo en voz alta no sería más que manifestar una verdad incuestionable: que en las instituciones públicas catalanas se prescinde del castellano hasta el límite de la legalidad (y más allá) y que la política lingüística impuesta contra natura por la Generalitat -que impulsó el Muy Andorrable Pujol con su plan de catalanización- consistió en tratar de eliminar el castellano de las esferas oficiales y en el menor tiempo posible.
A mi juicio, las lenguas son para comunicarse, para enriquecerse, para cultivarse, para socializar, para dialogar, para reír, para llorar, para emocionarse, para amar… para todo aquello que uno se imagine, siempre en positivo y de manera constructiva… pero jamás ni para ser usadas como arma arrojadiza en el debate político y ni para ser usadas como medio de exclusión social o de integración forzosa. Juzguen ustedes mismos, por favor. Puigdemont, Colau, Forcadell, Mas, Pujol y el resto de políticos separatistas tienen muy claro que uso deben darle. Pero muchos de los catalanes, sufridos ciudadanos, también lo tenemos claro: no permitiremos que nadie pisotee ni las leyes ni nuestros derechos ni ninguna de nuestras lenguas.
