De la ley a la ley
Desde este sábado, un nuevo status político se ha asentado en España. Fuerzas alternativas, nacidas muchas de ellas al calor del 15-M, apoyadas en el activismo y con poca o ninguna experiencia de gobierno, han tomado el control de administraciones importantes de nuestro edificio institucional.
Cuando Manuela Carmena en Madrid, o Ada Colau en Barcelona, o Xulio Ferreiro en A Coruña, por citar apenas los ejemplos más destacados, han tomado posesión de sus cargos como nuevos alcaldes lo han hecho con discursos diferentes, preñados de buenas intenciones, quizás para algunos con un excesivo lastre de idealismo, poniendo el foco en sectores que se consideran perjudicados en la dinámica social imperante hasta hoy.
Su ascenso a poderosos presupuestos, al mando sobre cuerpos de seguridad del Estado, al lugar donde se toman decisiones que afectan a grandes multinacionales y a miles de pequeños empresarios que ejercen su actividad diaria conforme a las normas que dimanan de ese poder local que ahora cambia de manos, ha sido vertiginoso.
Coincide, lógicamente, en el tiempo con el ocaso del establishment político dominante. El auge de esos partidos y organizaciones emergentes, alternativos, con un componente anti-sistema en algunos casos es directamente proporcional al hundimiento de los dos grandes, PP y PSOE (con el añadido de CiU en Cataluña), que han gobernado en general las corporaciones locales desde la transición.
La irrupción de las nuevas formaciones tiene como una de sus causas la ceguera o la pereza o la incapacidad de populares y socialistas para evitar los estragos que la corrupción causaba en su electorado o para salir de la burbuja en que sus capas dirigentes se habían instalado, impotentes para evaluar el hartazgo de una ciudadanía azotada además por una durísima crisis económica.
Ya está. Los alternativos han llegado al poder. Han ocupado, legal y democráticamente, los sillones de mando de importantes instituciones. Ahora les toca demostrar que no sólo han sabido desarrollar una estrategia vencedora para ganar unas elecciones sino que son capaces de gobernar, es decir, regir los destinos de todos, no sólo sus votantes, los ciudadanos sobre los que tienen competencias.
Les recomendaría que leyeran el libro sobre Torcuato Fernández-Miranda que ha escrito su sobrino-nieto y periodista, Juan Fernández-Miranda, en el que se relata la trayectoria política del hombre al que se le consideró «el guionista de la transición». Un hombre que desmontó el aparato franquista que había gobernado con mano dictatorial, de hierro, el país durante casi 40 años sin un solo acto revolucionario.
Y les recomendaría, especialmente, que se quedaran con la frase «de la ley a la ley» con la que el que fuera preceptor del Rey definió su estrategia para transformar ese formidable aparato represor en un régimen democrático absolutamente homologable.
De la ley a la ley, siempre dentro de la ley. Nada más absurdo que esas excesivas declaraciones de Ada Colau en las que afirmaba que desobedecerían aquellas leyes que consideraran injustas. Los nuevos partidos en el poder se han comprometido con programas que chocan a veces con la legislación vigente y tienen todo el derecho del mundo a intentar cambiar estas normas, pero dentro de la ley. Porque la ley es lo que nos protege a todos de las arbitrariedades a que se verían tentados los más fuertes y no los más legítimos.
El status político ha cambiado en España. Las urnas han hablado y han conformado nuevas mayorías que se han hecho con importantes parcelas de poder. Nada que decir, salvo la exigencia del más escrupuloso respeto a la ley, incluso a aquellas nuevas que emanen de sus decisiones.
