Hace ya muchos años, Alfonso Guerra, el entonces poderoso vicepresidente primero del gobierno español que presidía Felipe González, un hombre fácil para titulares, anunció una ley que no pasaría del atril desde el que pronunciaba su discurso pero que sacudió los salones del empresariado español: la ley de hierro de los dividendos. El mundo financiero pensó de inmediato que los socialistas estaban a punto de quitarse la careta de humildad y pragmatismo con la que habían gobernado hasta ese momento y sacarían sus manuales revolucionarios del bolsillo para transformar el país de arriba abajo.
La noticia, o la amenaza, duró sin embargo, como dice Sabina, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. No hubo ley que impusiera ningún nuevo gravamen sobre los beneficios de las empresas, como tampoco acabó en la televisión la cascada de anuncios que en víspera de la Navidad atosigaban y manipulaban a los más pequeños induciéndoles a un consumo irracional con la inestimable colaboración de los padres y resto de la familia, que fue otra de sus andanadas más comentadas.
Acertó, no obstante, Alfonso Guerra, hoy un tranquilo y veterano diputado, más noticiable por las puyas que suelta contra algunos compañeros de partido que por sus iniciativas parlamentarias, en que al final de los mandatos socialistas a España no la iba a reconocer ni la madre que la parió, recogido bastante textualmente. Pero esa profunda transformación tuvo más que ver con la incorporación de España a la Unión Europea y otros elementos de economía internacional que con su actuación, sin restarle un ápice al mérito que corresponde a los socialistas españoles por su labor de gobierno en aquellos años.
La propuesta de Alfonso Guerra, un socialista histórico, de la vieja guardia, fue agua de borrajas. Pero mira por donde muchos años después un dirigente político en las antípodas teóricas de lo que representaba el número dos del socialismo español, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha decidido poner sobre la mesa una iniciativa similar, aunque no tenemos constancia de que se haya inspirado en el exvicepresidente español.
Sarkozy es un ejemplar de la moderna derecha europea. Nada que ver, en principio, con los descamisados peronistas con que algún malintencionado quiso identificar a Alfonso Guerra. Sorprende, por tanto, que la derecha francesa haya acabado recayendo en una idea que tiene de todo menos novedad, porque no puede calificarse de original una iniciativa que, pendientes de conocer algún detalle más en el supuesto de que finalmente decida tirarla adelante, no deja de ser una nueva norma fiscal.
La propuesta de Mr. Sarkozy de que las grandes empresas destinen una parte de sus dividendos a los trabajadores es al menos tan vieja como la paga de beneficios que se inventó Franco, y sólo puede entenderse a partir del desconcierto que la actual crisis económica está provocando en las élites políticas. Porque lo que realmente sorprende, lo que de verdad puede llegar a causar irritación, es la incapacidad que están mostrando los dirigentes europeos en consensuar una nueva regulación económica y financiera que evite el colapso que a duras penas estamos remendando a base de inyectar miles de millones de euros.
A falta, pues, de un acuerdo profundo y de perspectiva duradera vamos a salto de mata con ideas, o provocaciones, que quizás estén sesudamente apoyadas en sondeos de opinión, pero que difícilmente podemos creer que vayan a la raíz de los problemas.
Ni seguramente tienen motivo de preocupación los empresarios franceses ni creo que esté muy intranquilo el presidente de Telefónica, César Alierta, que ha levantado en España una suave tormenta de arena cuando anunció ante inversores un plan para eliminar 6.000 empleos en tres años a la vez que anunciaba beneficios récord, mantenimiento de los dividendos y bonus por importe de 450 millones de euros para sus directivos.
Si Sarkozy pretende frenar el descenso de popularidad de su gestión o Zapatero ahondar aún más la brecha que le separa de sus seguidores de izquierda, tienen otras muchas medidas en las que ocuparse. Si de verdad creen que hay que apretar más a las grandes corporaciones, planteen una reforma fiscal de calado donde se muestren a las claras su política en este terreno. Si quieren todavía ir más allá exijan en las organizaciones internacionales pasos más firmes contra el dumping fiscal. Tienen un abanico de posibilidades a su alcance si de verdad creen que la fiscalidad actual necesita reformas. Mientras tanto, por favor, no distraigan: dejen a las empresas que sean todo lo rentables que puedan y hagan de las administraciones instrumentos eficaces en el incentivo de la creación de riqueza y en su redistribución.
