Cultura y resistencia al cambio
La cultura vive maniatada por un marco normativo inadaptado a la actualidad
Es curioso observar lo lentos que son los cambios en materia de gobernanza cultural. Desde una perspectiva relativamente alejada de la realidad del sector todo parecería indicar que los creadores y productores culturales son personas ajenas a los vericuetos de la administración pública y que sus exigencias se limitan a plantear un marco económico más razonable y una reducción drástica de la burocracia administrativa. Nada más alejado de la realidad.
Hay una parte de la vida cultural que funciona en términos públicos y los que trabajan en ella o bien son funcionarios o bien sin serlo reciben un trato homologado que comporta una feroz resistencia al cambio.
El sector de la cultura es reacio a renovarse
En realidad, la cultura es un sector que vive maniatado por un marco normativo absolutamente inadaptado a las exigencias del momento, muy hostil a toda perspectiva de renovación y refractario a la innovación.
Hay algunos ejemplos que lo ilustran meridianamente. En la actualidad un músico no puede ser trabajador autónomo.
La ley que ampara al sector todavía se refiere a la existencia de bandas y orquestras de sala donde se protegían los intereses del músico como asalariado.
La excepción del artista cultural
Una banda de rock debe convertirse en empresa o un músico individual buscar una cooperativa que lo dé de alta si quiere actuar conforme a ley.
Un escritor jubilado debe elegir entre cobrar el retiro o percibir los derechos de autor de obras que quizá escribió 20 años antes y las circunstancias pusieron de nuevo de moda.
El sentido común dice que se trata de rentas pasivas y que son el resultado de un capital intangible pero Hacienda lo entiende al revés.
No existe una ley que compense el carácter discontinuo del artista
No existe una ley que permita igualar los derechos sociales de los artistas a los de cualquier trabajador, compensando el carácter inevitablemente discontinuo de su actividad.
Un creador debe dedicar parte de su tiempo a elaborar nuevos proyectos que después explotará comercialmente. Parce lógico aplicarle una simple regla matemática a algo tan evidente.
La administración cultural no puede cofinanciar un proyecto con un artista o una empresa cultural recuperando su inversión si la actividad fuera un éxito.
O es una subvención o es un crédito, es decir o se le regala un beneficio extraordinario si la propuesta funcionó o se le exige la devolución aunque haya fracasado.
La normativa es la misma para proyectos millonarios que para micropymes
En la mayoría de las Instituciones la misma normativa de subvención sirve para conceder ayudas a proyectos millonarios realizados por grandes empresas y a actividades alternativas organizadas por microempresas. El mismo articulado, la misma comisión de análisis, la misma justificación.
El coste promedio de una actividad cultural pública puede duplicar lo que supondría realizarla desde una asociación social o una entidad privada.
Aun así la externalización de actividades tan comerciales como son la programación de un auditorio o un teatro es excepcional.
No discutimos el valor publico de la gestión bibliotecaria, de las enseñanzas artísticas o de los centros de creación cultural sino de simples contenedores de espectáculos que, a menudo, se compran a catalogo.
El papel del sindicato en la cultura
Que estos ejemplos constituyan disfunciones perfectamente diagnosticadas y en permanente proceso de revisión ya lo sabemos, pero solucionarlo no es fácil. En el mundo de la cultura también hay sindicatos y derechos adquiridos.
Los trabajadores de las empresas concesionarias de servicios auxiliares en Museos y Centros Culturales de Barcelona llevan meses de huelgas intermitentes. Hay quejas salariales y una demanda de modificación de las categorías laborales.
El Ayuntamiento apuesta por una gestión cultural pública
Detrás se esconde una expectativa de internalización que el Ayuntamiento ha ido alimentando con repetidos mensajes a favor de una gestión cultural íntegramente pública.
Lo que sorprende es que sean las empresas; al fin y al cabo simples gestoras de un pliego de condiciones realizado desde la Administración, las que asuman el papel de cómplices capitalistas de la explotación laboral.
Retroceso normativo
Al Ayuntamiento ni se le menta. Juicios habrá para resolverlo, pero mientras tanto el mundo de la cultura vive en retroceso normativo.
En los imaginarios colectivos el mundo de la cultura es quejón y siempre pide más dinero. Hay que decir sin tapujos que tiene derecho a hacerlo porqué recibe poco y necesita mucho para competir en un mundo globalizado donde se cuelan todo tipo de contenidos externos.
Pero más allá del dinero lo que realmente importa es aligerarlo del peso brutal de un marco normativo predigital (y lo digo en términos temporales, para evitar otro más duro como es decimonónico).
