En los próximos días, se conocerá el pliego de condiciones que la Generalitat pondrá encima de la mesa para sacar a concurso sus tecnologías de información y comunicación, el bautizado como contrato de las TIC. Es un suculento concurso, uno de los más deseados porque su volumen total ronda los 2.300 millones de euros, un bocado apetitoso para las empresas del sector.
Hay muchos intereses en juego. Los principales son los de las cuatro grandes multinacionales que aspiran a llevarse un pellizco de ese jugoso botín. Son Teléfonica, T-Systems, Indra y Hewlett-Packard. También hay algunas pymes y empresarios individuales que revolotean alrededor de los cuatro grandes y que aspiran a tocar algo del contrato por la vía de las uniones temporales de empresas y la subcontratación.
La Generalitat ha aplicado una fórmula innovadora para llevar a cabo la adjudicación. Son los llamados diálogos competitivos. El sistema es sencillo: la Administración se reúne con los interesados y les reclama información sobre cómo mejorar procesos y costes a la vez que les reclama que solucionen sus necesidades operativas durante la duración del contrato. Lo hace con la información que obtiene y luego lanza un concurso. Las condiciones exactas las dará a conocer en los próximos días.
Adjudicar este contrato será una decisión económica en primera instancia, pero política en el trasfondo. Veamos: las cuatro empresas principales intentan llevarse la mayor tajada no sólo por sus capacidades en productos y servicios, sino también por la puesta en valor de sus entornos y circunstancias.
Así, Indra, la tecnológica que preside desde Madrid Javier Monzón lleva meses haciendo el paseíllo de la catalanidad. Posee filiales en Barcelona, ha operado desde hace tiempo con la administración autonómica, genera producto aquí y lo exporta. Sus gestores intentan mostrar que son una empresa local, aunque ahora sean malos momentos para demostrarlo: un 20% de su capital está en manos de la intervenida Bankia y esa es una losa que pesa, y no poco.
T-Systems es la filial de la alemana Deustche Telekom, los patrocinadores del Bayern de Múnich que tanto hizo por el barcelonismo hace pocas semanas. Frivolidades al margen, la firma es ahora uno de los proveedores tecnológicos de referencia de la Generalitat. Instalada en el 22@, hace poco que llevó a cabo un ERE en una filial y su enorme dependencia del futuro contrato puede conducir a otro de dimensiones desconocidas. A su favor juega el conocimiento de las necesidades de la administración autonómica (es prestador actual de varios servicios) y en contra que muchos cargos medios del sector público están por el cambio.
Telefónica llega al concurso justo después de haber encajado una multa de 32,5 millones por la caída del servicio móvil en Argentina, país dispuesto a hacer con las empresas españolas una especie de cruzada antiimperialista. El antiguo monopolio se movía mejor en el terreno del anterior tripartito, pero ha intentado adecuarse a los nuevos aires convergentes en la Generalitat. En su haber, Alierta luce la consecución para Barcelona del congreso mundial de móviles. Sin su participación clara, la ciudad hubiera podido perder ese valioso activo. Telefónica puso en valor su condición de líder del móvil en Europa, una actuación que ahora también quiere cobrarse en forma de adjudicaciones.
Quien peor lo tiene es HP. Los estadounidenses cuentan con una unidad de su negocio mundial (impresoras de gran formato) centrada en Sant Cugat. Pero es justamente la que no compite por el contrato. En su contra juegan dos elementos: por un lado, los cambios de rumbo en la cúpula de la multinacional en España y en Europa, los 28.000 despidos anunciados en todo el mundo y su poca implicación con el territorio. Por otro, su sumisión a la Patriot Act, una legislación de los EEUU que obliga a sus empresas a facilitar cualquier dato que le sea requerido por la administración de aquel país en virtud de las leyes antiterroristas. La Patriot Act no parece que ese sea un elemento que juegue a su favor. Como tampoco lo es algunas amenazas veladas que se esgrimieron en su día sobre su supuesta desvinculación con Catalunya en términos laborales y la resolución del concurso.
Lo más probable es que la Administración acabe repartiendo de forma salomónica ese apetecible contrato, cuya finalidad última es modernizar la estructura tecnológica de la Generalitat de Catalunya obteniendo, a la vez, más eficiencia y menos costes.
Por el volumen del asunto, les recomiendo que sigan con extrema atención el resultado de esas adjudicaciones. El final nos dará una radiografía exacta de cómo están las alianzas y los equilibrios de poder en el nuevo escenario tecnológico y político catalán. Muy, muy interesante.
Píldoras de la semana:
Supositorio matinal > Con Ángel Marsal dimitido de la patronal metalúrgica UPM tras la denuncia de los trabajadores, que le acusan de saltarse los estatutos a la torera y meter mano en la caja común, Joaquim Boixareu asumió la presidencia provisional de la organización. Pero ahora Boixareu acaba de ser imputado por su presunta relación con la trama urdida por Iñaki Urdangarín. ¿Quién queda en la UPM con capacidad para asumir las riendas de la organización? ¿Antoni Abad y Josep Morell, quizá?. Son dos nombres que pueden ponerse encima de la mesa en cualquier momento. Atentos al cambio.
Supositorio nocturno > Se avecinan terremotos en las empresas de publicidad. Media Planning y Arena, ambas de Havas Media, están incubando cambios laborales importantes. Son las empresas de la familia Rodés, incorporadas a la francesa Havas. Uno de sus ejecutivos de referencia es Ferran Rodés, a la sazón accionista de referencia del diario Ara. Novedades en breve.
