Cuando Mas decidió dejar de ser «amigo» de los empresarios
Artur Mas tomó una decisión: fue tras la Diada de 2012. Consideró que la manifestación independentista había sido demasiado importante como para ignorarla. Y no la debía dejar de lado, es cierto. De hecho, algunos dirigentes de Convergència le habían aconsejado a Mas que estuviera pendiente de esa exhibición soberanista, a la que CDC no podía quedar al margen. Pero de tenerla en cuenta a dejarse llevar por ella, había un trecho.
El caso es que convocó elecciones, y se inició un proceso que nos ha conducido hasta aquí. Equivocado o no, esa es la realidad. El error más grande, sin embargo, fue el de iniciar una carrera fiscal que nada tiene que ver con su proyecto primigenio del «business friendly». Acordó con Esquerra Republicana subir el impuesto de sucesiones, que había quedado muy reducido con la reforma del tripatito, con el sello personal del conseller Antoni Castells. Recuperó patrimonio, y subió el tramo autonómico del IRPF.
Más allá de esas medidas, el contraste con lo que aprobaba la Comunidad de Madrid era cada vez más grande. En un momento en el que en la política sólo se habla del relato, en Cataluña faltó, precisamente, un relato sobre lo que se pretendía, y en Madrid el relato era el opuesto, con gran éxito en la venta ante la opinión pública.
Eso es algo que los empresarios catalanes tuvieron en cuenta. Mientras los Ruíz Gallardón, Esperanza Aguirre o Ignacio González se desvivían por ‘vender’ que la Comunidad era un buen lugar para los emprendedores, con un marginal del IRPF del 43,5%, frente al 48% de Cataluña, Mas iniciaba un proceso de «desconexión con España», con una carga fiscal cada vez más importante.
Algunos dirigentes de CDC mostraron su rechazo, como Antoni Fernández Teixidó, que avisaban sobre la naturaleza del centro-derecha catalanista, al colisionar con el intervencionismo de los republicanos. Mas consideró que no se podía hacer otra cosa, que el Gobierno ahogaba a las comunidades autónomas, y que se necesitaba prestar los servicios básicos, en un momento de grave crisis económica.
Lo cierto es que ahora todo el mundo empresarial se ha despertado con la decisión de Jordi Clos de trasladar su empresa, Derby Hotels, a Madrid. No se trata de un asunto político, pero también lo es. Clos pagará menos por el impuesto de donaciones, con el deseo de dejar el negocio a su hijo. Pero, siendo el presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona, es evidente que el mensaje es nítido: en un momento de convulsión, ‘yo me voy’.
El mundo financiero tiene claro que los fondos de inversión no están paralizando inversiones en Cataluña por la situación política, marcada por el independentismo. «Les preocupaba hace unos meses la posible victoria de Podemos, o un gobierno de coalición con Podemos, eso sí les causa inquietud», asegura un directivo. Lo que ocurre de verdad es que prima «el egoísmo» de muchos empresarios que se ahorrarán importantes cantidades si se trasladan a Madrid, sea por el IRPF, o por Patrimonio, o Donación.
Cada uno es dueño de sus actos. Pero lo que se refleja ahora es que Cataluña, que puede enorgullecerse de una actividad económica mayor, de empresarios dinámicos, debería haber sido más inteligente. O mejor dicho: el Gobierno de Artur Mas debería haber intentando negociar con mayor criterio para ser, de verdad, «amigo de los empresarios», de todas las personas, cada uno según sus posibilidades, que desean impulsar negocios propios.
La propaganda de Madrid ha sido efectiva y eso cabrea ahora al mundo empresarial catalán, porque todo podía haber sido distinto. Al final, todos esos aumentos de impuestos han ido en detrimento de la propia economía catalana, y el Govern de Artur Mas podía haber compensado esos escasos 200 o 250 millones extras reclamándolos al FLA. Porque al final, en estos momentos, desgraciadamente –¿para qué sirve tener un gobierno autonómico sin poder de decisión financiera?– todo depende de ese fondo del Gobierno central.