Cuando las instituciones se corrompen

El caso de los sobresueldos en la Federación de Municipios de Catalunya (FMC) no equivale sin más al del un ciudadano que factura sin IVA. Implica una erosión grave de la ética institucional en la que se fundamenta todo el proceso de igualdad y libertad de una sociedad abierta.

Mientras vivimos las incertidumbres del secesionismo, la política en Catalunya no es ajena a la variedad de los fenómenos de corrupción, desde el increíble caso de Fèlix Millet y el Palau de la Música, pasando por la sospecha que lastra el historial de la dinastía política Pujol hasta los sobresueldos de la Federación de Municipios de Catalunya. Lo menos que puede decirse es que la corrupción también se propaga transversalmente, como otra prueba de que la transversalidad ha sido un invento conceptual de tanto éxito como con distorsión de los valores del pluralismo.

¿Son casos individuales o un efecto de corrupción institucional? En cuanto al Palau, siempre había sido reivindicado como una institución fundamental para la identidad de Catalunya. Tampoco puede decirse que la Federación de Municipios no tenga un notable ingrediente institucional.

 
La política en Catalunya no es ajena a la variedad de los fenómenos de corrupción

Esos casos y toda la trama de efectos colaterales perjudican en primer lugar el requisito de la seguridad jurídica y en segundo lugar contribuyen al descrédito de la política entre los ciudadanos. Es más, generan antipolítica. Querer ignorar el impacto de la corrupción pública en la sociedad catalana en general es mirar hacia otro lado cuando llega el “tsunami”.

Por una paradoja relevante, cuando se recuerda que un grado similar de corrupción afecta a toda España resulta una aceptación comparativa de que eso todavía incluye a Catalunya.

Las consecuencias sociales de la metástasis de la corrupción son impredecibles, y mucho menos cuando están todavía abiertas las heridas de la crisis económica. Pero es imaginable lo que pueda pensar sobre los sobresueldos de la FMC el ciudadano apurado por los impuestos municipales y descontento con la contraprestación en servicios por parte de su ayuntamiento.

La corrupción política destruye la credibilidad de unas instituciones “inclusivas” que sean lealmente representativas de la pluralidad y, sobre todo, de la honestidad colectiva.

Suena a antiguo hablar de virtudes públicas pero es que no estamos hablando de prohibir que las señoras lleven bikini. Es algo muy distinto: el sistema de democracia liberal acaba desvirtuándose sin ese mínimo de virtudes públicas. ¿Es que eso tal vez nunca se había hecho saber a quienes se han llevado sobresueldos de la FMC?

Están comenzando a actuar aquellas asociaciones intermedias que son el gran componente de la sociedad civil, pero se diría que los partidos políticos no saben cómo reaccionar. Ciertamente, hagan lo que hagan debiera ser ejemplar. Hay mucho en juego.

En definitiva la confianza entre los ciudadanos y sus representantes, entre los ciudadanos y las instituciones. Valores como la honestidad o la tolerancia no pueden verse perjudicados sin que algo se agriete en una sociedad. Hace falta volver a hablar de virtudes públicas y de bien común. Nunca es tarde.