Crónica de una muerte anunciada: la política de vivienda del Gobierno

Nuestro país tiene un reto importante en materia de vivienda, superar la dificultad de acceso a la misma para jóvenes y no tan jóvenes que ven superados en más del 40% de sus ingresos lo que destinan a la vivienda y sus suministros, retrasando la emancipación de los jóvenes y ahogando a los no tan jóvenes.

 El legislador tiene un desafío aún mayor, proteger el derecho a la a la propiedad privada que consagra la Constitución Española de 1978 y poner pie en pared a las tesis intervencionistas del mercado inmobiliario que pretende el Gobierno social comunista de coalición desde el anteproyecto de Ley del derecho a la vivienda.

Este anteproyecto viene a regular el precio del alquiler, recordándonos a la ley del régimen franquista de 1964. Regula por primera vez la declaración de zonas tensionada en un alarde de intervencionismo sin precedentes. Define la figura del gran tenedor, para señalar y desincentivar la iniciativa privada. Introduce modificaciones en la normativa anti-desahucios para perpetuar un modelo excepcional que justificó el contexto de Pandemia. Y modifica el impuesto de bienes inmuebles para permitir a los ayuntamientos el aumento del IBI en las viviendas desocupadas de sus municipios, con ánimo de castigo a quien ya sufre la desatada política impositiva de este gobierno.

 La ansiada propuesta de norma no ha sido pacífica ni entre los socios del Gobierno ya que no contenta del todo a Unidas Podemos, ni en el sector, ni en los órganos consultivos constitucionales que han actuado como resorte y así lo demuestra el Consejo General del Poder Judicial en un nuevo informe del anteproyecto que pasara por Pleno, después de tumbar uno anterior y favorable al gobierno por 15 a votos a 6 del pasado Pleno.

El sector, impotente, avisa del efecto rebote que en el mercado inmobiliario tendrá su aplicación jurídica, detracción de la oferta de la vivienda en alquiler, aumento del precio y sobre todo la inseguridad jurídica del mercado, que es el peor de todos los enemigos.

 El Consejo General del Poder Judicial ha actuado como un resorte de nuestro ordenamiento constitucional que dentro de su función consultiva, en este caso preceptiva al amparo del artículo 561.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial informa al Gobierno  advirtiendo de la desviación del proyecto que pretende ser norma, la función social de la propiedad privada no puede dotar de  contenido sustantivo al derecho a la vivienda digna  del artículo 47 de la CE , como Principio Programático que es y que la Doctrina del Constitucional ya ha resuelto.  

La ansiada propuesta de norma no ha sido pacífica ni entre los socios del Gobierno

La intervención del precio del alquiler esconde una expropiación forzosa en la que las reducciones del IRPF (impuesto de la renta de las personas físicas) a los arrendadores no cubre lo suficiente y por lo tanto no cumple con el ordenamiento jurídico. Y la invasión de competencias de las comunidades autónomas al amparo del artículo 1 48. 1. 3 de la CE que atribuye la exclusividad de la política de vivienda a éstas le cercena al gobierno a un ámbito estrictamente básico y garante de la igualdad en la materia, no más.

Ni pizca de alarma ha causado el informe del Consejo General del Poder Judicial ni a Unidas Podemos deslegitimando al CGPJ, evidenciando una vez más su modelo comunista en contra de la división de poderes, salvaguardándose tras la patraña de su caducidad, que por otra parte era de esperar tan previsible respuesta. Ni en la ministra Portavoz que invoca la impecable forma jurídica del Anteproyecto y la acción imparable del gobierno, ¿Se atreverá Sánchez a desoír tal informe, para evitar una grieta más con los socios de coalición?

 Esta es la crónica de una muerte anunciada, la de esta norma que es inconstitucional y cuyo propósito es atacar la propiedad privada, base del desarrollo de los estados democráticos junto a la iniciativa privada (Artículos 33 y 38 de la CE) y seguir erosionado el régimen Constitucional de Libertad y Progreso del 78, bajo la cruzada del derecho a una vivienda digna, es decir siempre revestida de un aparente buen propósito que viste más el estilo Chavista.

El Partido Popular no lo consentirá, pondremos a trabajar las garantías del Alto Tribunal mediante la interposición del Recurso de Inconstitucionalidad.

Pero lástima de quien paga las consecuencias de ello. En un país con 25 millones de viviendas, un valor en capital mobiliario que casi cuadriplica el PIB y que representa el ahorro de los españoles, el 80 % de los españoles son propietarios, solo un 22% vive en régimen de alquiler, una política de vivienda orientada durante años a la propiedad y no al alquiler y con un parque raquítico de vivienda pública que representa el 1.5%. ¿Quién va a sufrir las consecuencias de esta norma? Los mismos a los que pretenden proteger, paradojas del socialcomunismo, al 42, 8 % de jóvenes entre 25 y 34 años aún viven con sus padres y los más vulnerables una vez más.

España no puede hacer una política de vivienda al margen de la oferta en manos de particulares y pequeños ahorradores, ni fiarla al completo a la iniciativa pública, solo desde la colaboración pública privada será posible solucionar este reto, como ya han hecho las CC.AA gobernadas por el partido popular, cediendo suelos para construcción de vivienda en alquiler asequible. Y más incentivo y menos intervención para aumentar la oferta dotando de seguridad jurídica al arrendador.