Corrupción en España y el 9N
Cuando cada mañana uno abre el ordenador y repasa la prensa del día, lo primero que resalta en la pantalla es alguna noticia relacionada con los múltiples casos de corrupción que hoy se persiguen o se juzgan en España. La lista es larguísima y por eso estoy por pedir a los responsables de este diario digital que abran una sección, casi enciclopédica, y le pongan el encabezado siguiente: “Corrupción a la carta”.
Podrían ordenar los casos por fechas, nombres y personas implicadas, sin olvidarse de reseñar las medidas de gracia recibidas por los condenados, porque hay quien cree que el perdón borra el delito. Al responsable de esa sección no le faltaría trabajo.
Si usted pone en su buscador “corrupción en España”, las dos primeras entradas corresponden a Wikipedia y a Wiki15M. Si se toman la molestia de leer lo que dicen, se asustarán porque los casos de corrupción son tantos, que casi no se pueden contar. Sólo les diré que en abril de 2014 había más de 500 imputados y casi 1.700 causas abiertas en los juzgados españoles, lo que provocó un coste social equivalente a 40.000 millones de euros, según un estudio publicado en 2013. En ese mismo año, la ONG Transparencia Internacional publicó un informe en el que se decía que España ocupaba el segundo puesto mundial en donde más aumenta la sensación de corrupción.
¿Cómo no va a aumentar esa sensación si el ex ministro y ex presidente balear, Jaume Matas, condenado por un delito de tráfico de influencias en el primer juicio del caso Palma Arena, consigue el tercer grado en un plis-plas?
El escándalo ha sido tal, que la Fiscalía de Valladolid ha tenido que presentar un recurso al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, de quien depende la prisión de Segovia, en el que se pide revocar ese tercer grado y que se le aplique el segundo grado aunque haya cumplido más de la tercera parte de sus nueve meses de condena. La sensación que España es un pitorreo es cada día mayor. La operación Púnica, que ha supuesto la detención de Francisco Granados, ex número dos del gobierno del PP de Madrid presidido por Esperanza Aguirre, y otro medio centenar de personas entre políticos y empresarios, añade más estiércol a la enorme montaña de casos de corrupción que se acumulan en España.
Todos los imputados en casos de corrupción buscan indultos, reducciones de penas, canjes o lo que sea para evadir nuevamente el peso de la ley. Quienes lo están consiguiendo de una forma espectacular son Félix Millet y Jordi Montull, que aún disfrutan de su relajada libertad a pesar de su confesión y el mucho ruido que provocó su caso. Mucho ruido y pocas nueces, como va a ocurrir con la cantante Monserrat Caballé, hoy con residencia en Zaragoza, y que casi se saldrá de rositas del fraude fiscal que cometió en 2010 porque ha llegado a un acuerdo con el Estado, lo que se parece bastante al archivo en 2012 de la causa abierta contra el presidente de Banco Santander, Emilio Botín, y varios de sus familiares, por un presunto fraude fiscal, a la luz de la regularización que practicaron ante la Agencia Tributaria.
Más crudo lo tiene Josep Lluís Núñez Clemente, que por lo que se ve tendrá que ingresar en prisión en un plazo de 10 días. La Audiencia de Barcelona ha desestimado el último recurso del que disponía para eludir la cárcel tras ser condenado por el caso Hacienda, aunque le fuera rebajada la pena inicial, como pasó con otros condenados. La resolución rechaza el recurso de réplica interpuesto por Núñez y ordena su ingreso en la cárcel: “El condenado deberá ingresar en prisión para el efectivo cumplimiento de la pena privativa de libertad en el plazo de diez días” desde la notificación, reza el auto.
La corrupción es el cáncer de la sociedad capitalista y da alas a sus críticos. La corrupción enturbia la democracia y provoca que pierda calidad. Eso lo saben los de Podemos y se aprovecha de ello para recabar apoyos de gente desencantada con este estado de cosas, aunque el partido de Pablo Iglesias sostenga una ideología sencillamente neocomunista. ¿Qué más da? Lo que la gente le compra a Podemos y a sus líderes universitarios es su feroz discurso contra la casta y la corrupción que la sostiene. Razón no les falta. Las encuestas dan fe de que el desencanto generalizado y los casos de corrupción aúpan a los movimientos alternativos que desean cambiar las cosas.
En Cataluña esta sensación de final de régimen la está canalizando el movimiento soberanista que rechaza esa España en demolición. Las encuestas electorales no le dan a Podemos ninguna mayoría en Cataluña, aunque prevean que se convertirá en una fuerza política importante en el futuro Parlamento catalán cuando se convoquen elecciones.
La fuerza del soberanismo es robusta, a pesar de que la corrupción haya infectado también a la mayoría de los partidos catalanes y a la familia Pujol. Y lo es porque sueña en poder desechar la vieja política cuando se consiga el nuevo Estado y porque el discurso opuesto, el de nacionalismo español, sólo es una teoría de la catástrofe. Ya sé que los contrarios a la independencia niegan la mayor, pero deberían pensar en Podemos y las razones de su éxito cuando analizan lo que está pasando en Cataluña.
La movilización soberanista catalana también responde al hartazgo de la gente, a la irritación de las clases medias contra los desmanes del establishment. Lo escribió anteayer el escritor y analista Leonid Bershidsky en Bloomberg: “La determinación de Cataluña de mantener la votación simbólica sobre la independencia del domingo –a pesar de haber sido prohibida por el Tribunal Constitucional– ahora tiene otro elemento de legitimidad. El PP, que combatió la versión catalana de la devo-max hace cuatro años, se ha vuelto tan repugnantemente corrupto que no tiene ningún derecho de decir a nadie lo que debe hacer”. Directo al hígado. La famosa astucia de Artur Mas es haberse dado cuenta a tiempo de que si no quería ser arrollado por los vientos del cambio, debía subirse a la tabla de surf y desplazarse sobre la cresta de las olas hacía Ítaca.
