Controlar a los medios
El ataque de Pedro Sánchez a la prensa crítica y a Carlos Herrera evidencia su debilidad
Malos tiempos para la crítica, en este país. El ataque de Pedro Sánchez a la “prensa madrileña” y al espacio matutino de Cope ( es decir: al de Carlos Herrera) desde la tribuna del Congreso, reflejó nerviosismo y debilidad de todo un presidente del Gobierno. No es la primera vez, ni será la última. Quedan todavía muchos meses para la celebración de las elecciones generales y la Moncloa no consigue revertir las encuestas a favor de Sánchez, por mucho que Tezanos insista, desde su observatorio del CIS, en que el éxito demoscópico de Núñez Feijóo ha sido flor de un día. La prensa crítica, a la que el presidente acusó en sede parlamentaria de ser “terminales políticas de esos intereses que representan al dinero” está siendo objeto de una estrategia de intimidación por parte de un Gobierno obsesionado por controlar todas las instituciones, el poder judicial y el mundo de la comunicación.
Los medios más poderosos de España, aparte de los públicos, están alineados con este Gobierno, como todo el mundo percibe. Pero Sánchez no tiene suficiente. Y en su insaciabilidad por el control quiere ir, en lo que le queda de año de campaña electoral, “a por todas” ¿Y a por todos?
El presidente del Gobierno no perdió los papeles
El presidente del gobierno está nervioso porque cada vez está más cuestionado. Pero, en el Congreso, ni se le calentó la boca ni perdió los papeles. Nada de eso. Era perfectamente consciente de la respuesta que le estaba dando al diputado de Compromís, Joan Baldoví, en el hemiciclo cuando arremetió contra la prensa y contra los empresarios para señalar, esta vez sí, con apellido, al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, para decir que estaba ejerciendo de portavoz de los malos. Es decir: las energéticas y los bancos. Los ricos, los pobres. Los que roban, los descamisados. Volver al siglo XIX. O a la guerra civil del 36 con exhumaciones extemporáneas para tapar los errores del gobierno del 22.
La crisis energética y económica, como consecuencia de la invasión de Putin después de la pandemia, está afectando a todo el mundo, cierto. Pero si Sánchez no la hubiera gestionado con tantos prejuicios ideológicos, seguramente no estaríamos en el furgón de cola de la recuperación de Europa. Con la inflación más disparada y sin deflactar el IRPF a las clases medias cada vez más empobrecidas. Se lo recuerdan las encuestas cada día. Y todos los indicadores económicos que realizan un cálculo de crecimiento notablemente inferior al que nos cuenta el Gobierno.
No solo el Banco Central Europeo, también el BBVA, el FMI o la OCDE. Y no solo la oposición. También sus socios que reconocen que no se fían de las promesas que anuncia y luego no cumple. Y la calle. También se lo recuerda esa calle que no quiere pisar. Porque no quiere oír ni una sola crítica. Lo advirtió en su día el juez Manuel García Castellón en un Aula del Correo. Se dirigió a los alumnos del Máster para decirles que “si vosotros no hacéis información con la finalidad de controlar al poder, estáis abocados a la propaganda”. Esa es la cuestión. Controlar al poder. Como debería hacer el Parlamento. Pero en este país se están invirtiendo las tornas de un tiempo a esta parte. Y es el gobierno quien controla a las instituciones. No al revés. Tics autoritarios que nos dejan una estela de preocupación cuando se oye a representantes del PSOE y de Unidas Podemos defender el reparto de cuotas con la voracidad de quien se reparte un pastel. Con un único fin: manejar la toga de los jueces y la opinión de los periodistas.
El presidente del Gobierno sigue una estrategia de confrontación con la prensa libre para intimidar el ejercicio de la libertad de expresión, en el más puro estilo de Pablo Iglesias. El exvicepresidente que fracasó en política cuando las urnas de Madrid le dieron una victoria arrolladora a Isabel Díaz Ayuso y a él le sacaron de los medios. El mismo que asegura que la mera existencia de medios de comunicación privados ataca la libertad de expresión. No por casualidad, el socialista Rafael Simancas, secretario de Estado de relaciones con las Cortes, exigió hace pocos días, en el más puro estilo ‘chavista’ que los medios de comunicación dijeran a qué partido político apoyan o quienes les pagan.
Tampoco fue casualidad la presentación de ese anteproyecto de Ley de Secretos oficiales, una ley censora donde las haya, que ha escandalizado a juristas e historiadores. Y que fue criticada por todas las asociaciones de la Prensa. Un anteproyecto con ánimo de fiscalizar cualquier tipo de información que al gobierno le incomode y que el Consejo de Transparencia ya ha dicho que se excede en sus competencias. Pero ya se sabe cómo reacciona el Gobierno ante las llamadas de atención de organismos de consulta. Ya sea el Consejo de Estado o el de Transparencia. Ni caso.
