Nada, absolutamente nada, ningún posible agravio, ninguna supuesta reivindicación pendiente, puede justificar la salvajada cometida por una buena mayoría de los controladores aéreos de este país. Tan grave acto de irresponsabilidad deslegitima a todos los que lo han secundado y que precisamente razonaban sus privilegios en base a las exigencias de las tareas que realizaban.
Las imágenes tomadas por las televisiones en las que un grupo de viajeros indignados increpaban a los controladores “enfermos” reunidos en un hotel cercano al aeropuerto de El Prat y la manera provocadora y con la cara tapada con que algunos de éstos respondían a los insultos muestran además una catadura moral impropia de quien tiene en sus manos: la seguridad del tráfico aéreo nacional.
Desde el viernes, los controladores aéreos están realizando un desafío al Gobierno y a millones de ciudadanos del que ya no hay una posible vuelta atrás. El que un grupo cualificado de empleados de Aena decidan por su cuenta y riesgo ponerse el mundo por montera y cerrar el espacio aéreo español durante uno o dos días, obliguen al Gobierno por seguridad a militarizar la actividad y causen innumerables perjuicios económicos y de todo tipo a viajeros de todo el mundo es un hecho gravísimo que tiene que salirle muy caro a los culpables.
Tiempo habrá de analizar y juzgar la actuación del ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero en este asunto, de estudiar y valorar si han conducido de manera inteligente y conveniente el conflicto ya casi eterno que este país tiene con sus controladores. Pero ése no es ahora el problema. Ni mucho menos.
El problema inmediato que el Gobierno español debe solucionar en primer lugar es la reapertura en el menor tiempo posible del espacio aéreo, preferentemente con otros controladores aéreos y no los actuales, formalmente “enfermos” y decididamente incapacitados. En paralelo, identificar a los culpables de este formidable desaguisado y hacer caer sobre ellos el peso de la justicia. Seguidamente, construir una plantilla alternativa de controladores que demuestren que pueden desempeñar con responsabilidad el trabajo que se les encomienda, sean éstos españoles o extranjeros.
El Estado tiene ante sí un reto: debe demostrar a la ciudadanía que ningún colectivo por importante y fuerte que sea puede imponer su ley contra el bien común; ningún colectivo, sea éste de controladores, pilotos, conductores de autobuses, jueces… puede echarle un pulso al Gobierno y las instituciones democráticamente elegidas y ganarlo.
Con el motín de los controladores nos jugamos muchos. Las pérdidas económicas, las horas de ocio y la ilusión de centenares de miles de viajeros, la rabia que sienten hoy muchos españoles y también extranjeros y el caos provocado ya no hay quien lo arregle. Pero no podemos perder ante este increíble chantaje la credibilidad del Estado como garante de la ley y la conciliación de los intereses de sus ciudadanos.
