El control parental de los medios de comunicación

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves una disposición bajo el inquietante título Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional.

¿Qué se regula bajo ese inquietante título? El establecimiento de un procedimiento por el cual el Gobierno decide qué es verdad y qué no lo es y, en consecuencia, qué es publicable en un medio de comunicación y qué no lo es.

No resulta tranquilizador vivir un momento de la historia en el que se limita la libertad de movimiento, se legisla restringiendo la libertad de elección de centro, idioma y modelo educativo y se acecha a medios de comunicación.

Stalin, precursor del Photoshop, una vez hubo asesinado a Trotsky hizo borrarlo de las fotos en las que aparecía a su lado en los desfiles de la Plaza Roja. Fue su manera de adecuar lo que él quería que los sufridos ciudadanos soviéticos vieran como verdad. Ocho décadas más tarde Amnistía Internacional (AI) denunciaba la legislación restrictiva hacia los medios de comunicación de la Rusia de Putin ¿Qué dirá ahora AI del Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional?

La determinación de la verdad y la mentira no es ni jurídicamente ni políticamente justificable y el que la promulga solo puede buscar adaptar lo que él considera verdad a su conveniencia. O sea, convertir la mentira en verdad y, por lo tanto, imponer un único relato en forma de censura.

Dado que no se puede evitar que algo se publique en un medio de comunicación ni se puede establecer, como mínimo por ahora, un sistema de control previo de la información –la única razón por la que el Gobierno promulga semejante disposición– es amedrentar a los medios.

Existen muchas formas de establecer control sobre los medios. En España ejercemos demasiadas de ellas. La más habitual es regar de dinero público en forma de publicidad y subvenciones a los medios de comunicación que publican lo que el gobierno considera verdad, o sea lo que le conviene. Si lo que se publica no es la verdad oficial, y por tanto única, entonces se procede a castigar al medio sin esa publicidad ni esas subvenciones. Algo así sucedió con la entrega de dinero por parte del Gobierno a las televisiones y otros medios al inicio de la pandemia.

El resultado de esta acción es el ejercicio de la autocensura en los medios. Tanto editores como periodistas saben que publicar determinadas verdades puede afectar de forma directa a la cuenta de explotación de un medio y les puede condenar al paro. La campaña de la Lotería de Navidad, de Correos, de la inauguración de un tramo de carretera o del voto por correo de una campaña electoral se convierte en una herramienta política de poder que aúpa o hunde a medios en función de la cercanía de dicho medio a la verdad oficial.

Tanto editores como periodistas saben que publicar determinadas verdades les puede condenar al paro

El resultado de este sistema coactivo basado en la autocensura vivió su momento cumbre en nuestra historia reciente cuando en Cataluña en noviembre de 2009 todos los medios escritos con sede en esa comunidad publicaron una editorial conjunta contra el Tribunal Constitucional en relación a la sentencia sobre el contenido de ciertos artículos del Estatuto de Autonomía de 2006. La publicación unánime de esa editorial pone de manifiesto que la política de subvención masiva a los medios por parte del Gobierno es una forma de doping que adapta el prisma a la verdad oficial.

En nuestro país todos los editores saben cual es el peso del dinero público en sus cuentas de resultados y saben cual es el precio de la libertad. En España, tener un medio de comunicación y ser acomodaticio tiene premio, y la autocensura en forma de autocontención se convierte en un síntoma de prudencia que tiene como consecuencia una merma de libertad de información.

Hay otra forma de imponer la verdad, una muy habitual es forzar desde el poder el cambio de director de un medio cuando este se empeña en que la verdad no sea la que conviene. Pedro J Ramírez cesó como director de El Mundo tras una cumbre gubernamental hispano italiana. A nadie se le escapa que la propiedad de Unidad Editorial es italiana y que en aquellos días de 2014 Ramírez era incomodísimo para el poder monclovita.

Organismo de la verdad y comisiones de investigación

En algunas comunidades autónomas se crean organismos de la verdad. Así, Cataluña cuenta con el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), un organismo público que acredita la pluralidad de TV3 tras hacerse público un informe que afirma que el 91% de las entrevistas de dicha TV se realizan a responsables de organizaciones independentistas. El CAC es un ejemplo de lo que Moncloa quiere imponer con su Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. Sea cual sea la verdad da igual, solo cuenta la verdad que se considera que es verdad por parte del que tiene el poder de dictaminar dicha verdad.

Recientemente, la dirección de la BBC pidió a sus periodistas que no emitieran opiniones políticas en sus redes sociales privadas. Se supone que así se busca garantizar la neutralidad de quien emite la información y que el sesgo personal no soslaye la credibilidad de la información. Discrepo de esa instrucción de la dirección de la BBC dado que la principal razón por la que es terrible que el BOE publique un Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional es que alguien deberá determinar en primera instancia que es información y que es opinión.

¿Las introducciones de Vicente Vallés en los informativos de Antena 3 o los monólogos de Alsina en Más de Uno de Onda Cero según un Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional serán censurables? ¿Los datos que dan son opinión o información? ¿Las informaciones, con las que tanto disfruta Pablo Iglesias, sobre los presuntos desatinos del Rey Emérito, si dichos desatinos no están demostrados, serán censurables?

El control de los medios por parte del poder, ya sea en China capando a Google, en Rusia, en Turquía o donde sea solo favorece poderes más despóticos y sociedades más dóciles.

Se ha hecho célebre un mitin en Sevilla en el que Pedro Sánchez desveló una conversación privada con Pablo Iglesias en el que este le pedía controlar el CNI, TVE y muchas cosas más. Por aquel entonces, a Sánchez le parecía inasumible la forma de ver la vida que tenía Iglesias, ahora parece que la máxima de “dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición” se ha hecho realidad.

Cuando una medida que tiene por fin la censura en los medios de comunicación se publica en simultáneo a la tramitación de una Ley educativa que se carga la libertad de elección de centro, condena de la educación concertada, fulmina a la lengua común como vehicular y condena a las familias que eligen la educación diferenciada, entonces podemos afirmar que estamos frente a un retroceso evidente de las libertades públicas y privadas. Que nadie se llame a engaño: la libertad no es algo etéreo o baladí, sin libertad no hay progreso ni esperanza de futuro.